Reconocido en el mundo por ordenar la detención del ex dictador chileno Augusto Pinochet e investigar los delitos cometidos en la dictadura argentina, así como las torturas de Guatánamo y desarmar el brazo político de Eta, e incluso por abrir un proceso contra supuestos colaboradores de las Farc en España, Garzón pasó de ser acusador a acusado, con el riesgo de que pueda ser suspendido o inhabilitado por dos décadas.
En el 2008, el juez Garzón dio curso a una querella de una treintena de organizaciones que pidieron investigar y castigar los crímenes de los franquistas durante la guerra. El magistrado consideró que se trataba de delitos de lesa humanidad.
A su despacho llegaron los casos de unos 114.000 desparecidos, entre los que se cuentan niños, y de los más de 1.400 cuerpos que se han encontrado enterrados en los últimos nueve años, según la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica.
Por esta razón, el sindicato Manos Limpias -al que se le sumaron después los grupos de ultraderecha Falange Española de las JONS y la Asociación Libertad e Identidad- denunció hace un año al juez Garzón ante el Tribunal Supremo por el delito de prevaricación.
El principal alegato es que investigar estos hechos va en contravía de la Ley de Amnistía de 1977, aprobada por el Congreso dos años después de la muerte de Francisco Franco, en la que quedan amnistiados "todos los actos de intencionalidad política, cualquiera que fuese su resultado, tipificados como delitos y faltas, realizados antes del 15 de diciembre de 1976".
Esta semana, el juez Luciano Varela, del Supremo, emitió un auto en el que consideraba que sí había méritos para que Garzón fuera a juicio por ese delito (que contempla una sanción de inhabilidad de entre 12 y 20 años) porque "ignoró conscientemente" dicha ley. Sumado a esto, la Comisión Permanente del Consejo del Poder Judicial (similar a la Judicatura en Colombia) decidió iniciar los trámites para suspender a Garzón, situación que se resolverá en los próximos días.
El abogado de Garzón apeló de la decisión. En este recurso, el jurista afirmó que la legislación española y los tribunales internacionales contemplan que "los delitos contra la humanidad no son amnistiables". Además, calificó la decisión de "parcial", cuestionó el lenguaje utilizado por el juez Valero, que lo denominó "peyorativo", y pidió que se tuvieran en cuenta los testimonios, en calidad de testigos, de siete reconocidos juristas de Argentina, España y Chile.
"Garzón se cree Dios"
Como era de esperarse, detrás del caso se ha tejido enfrentamientos ideológicos. Miguel Bernard, secretario General del sindicato, calificó a Garzón de "ser un cáncer para la justicia española". Pero el sindicalista fue más allá: "Se cree Dios y, en búsqueda de protagonismo, no se le ocurrió otra cosa que ir contra el régimen franquista, cuando hay una ley que aprobó el ciento por ciento del Congreso y es parte de la reconciliación de este país. Cree que tiene licencia para cazar a los políticos que son ajenos a su ideología", dijo Bernard a EL TIEMPO.
Sobre la posibilidad de que juristas internacionales aboguen por Garzón, Bernard dijo que se trata de una "artimaña" y agregó que "es un juez moribundo que busca salvarse".
Aunque Manos Limpias niega que sea de ultraderecha o heredera del franquismo, algunas asociaciones de juristas, como Jueces para la Democracia, y de fiscales lo aseguran, y además apoyan públicamente a Garzón. Así mismo, en algunos sectores judiciales se encasilla al juez Varela en el conservadurismo y afirman que está actuando con cálculo ideológico y político.
Sobre esto, Antonio García, vocero de la Asociación Profesional de la Magistratura -la más grande de jueces de España- afirmó que se trata de "sofismas" y "falacias". "El Supremo es independiente y [Varela] tiene una categoría que está fuera de duda. Compártala o no, el que haya leído la resolución tiene que reconocer que está extraordinariamente motivada", dijo García a este diario.
La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, que ha apoyado la exhumación de fosas y es una de las organizaciones que pidió a Garzón que investigara los crímenes, prepara manifestaciones en caso de que Garzón sea sancionado.
"Para los familiares de las víctimas es una vergüenza y es indignante que la primera persona que se siente en el banquillo por los crímenes de la falange sea el juez que quiere investigarlos. Esto demuestra el poder que aún mantiene el franquismo sociológico. Una dictadura de 40 años deja un rastro de poder muy grande", dijo a este diario Emilio Silva, presidente de la Asociación y nieto del primer desaparecido de la Guerra Civil que fue identificado con una prueba de ADN.
Artículo de Andrés Garibello para el periódico El Tiempo. Colombia
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