Por Nicole Fritz
En el debate sobre acusación de la CPI al presidente sudanés Omar al-Bashir, los puristas de la justicia y los pragmáticos de la paz no dan motivaciones. Los recientes acontecimientos en la Corte Penal Internacional y la Unión Africana (UA) han dejado esto claro.
Como la CPI ratificó una apelación despejando el camino para que al-Bashir sea acusado de genocidio, además de los crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra que ya enfrenta, la UA (Unión Africana) ha criticado la decisión como perjudicial para el proceso de paz en Sudán.
En realidad, la decisión es un tecnicismo - llendo a los estándares de prueba que deben cumplirse antes de la expedición de órdenes de detención - y sería negligente un fiscal que no recurriera la interpretación inicial y errónea de que no existen pruebas suficientes para apoyar una acusación de genocidio. Pero no es difícil ver por qué la decisión podría ser leída como una intensificación de la campaña en contra de Al-Bashir. En la percepción del público, el genocidio representa el peor de los crímenes. Su posible inclusión en el acta de acusación invita al público a ver al-Bashir como aún más irredimible.
Pero si una acusación de genocidio es una potente herramienta de promoción pública, no es una estrategia legal efectiva. El genocidio es muy difícil de probar. La fiscalía tiene que demostrar que el autor tenía una intención específica de destruir, total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso determinado. No es suficiente demostrar que el autor tenía la intención de intimidar o oprimir al grupo, o que el autor tenía la intención de destruir todos sus adversarios políticos, como que los grupos políticos no entran en la lista prescrita.
Esta es la razón por la cual los observadores legales han cuestionado la decisión inicial del fiscal de acusar a al-Bashir de genocidio contra los miembros de Fur, y contra los grupos Marsalit y Zaghawa en Darfur. Si tuviera que ser absuelto de estos cargos, muchos verían la sentencia como una forma de exoneración, una disminución de su responsabilidad jurídica, en lugar de lo que realmente es: la mera inhabilidad para constatar la intención específica.
Pudo haber sido más sabio proceder con los cargos de crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra - que, legalmente hablando- , no suponen menos muertes ni menos responsabilidad de la que tiene el genocidio.
En la UA la semana pasada, no hubo mayor disposición para ver el panorama. Su declaración sobre la Corte Penal Internacional no contenía ninguna repetición de la decisión del año pasado en Sirte, Libia, para abstenerse a brindar cooperación a la CPI en el arresto y entrega de al-Bashir, pero que respaldó la propuesta de SA en cuanto a posponer los casos ante la CPI. La UA está furiosa, como que el Consejo de Seguridad, que tiene poder de aplazamiento, no ha respondido a su solicitud de posponer la cuestión de Sudán.
La atención dada a la moratoria como una posibilidad, parece fuera de lugar. Ciertamente, es difícil imaginar cómo al-Bashir, en particular, a menos que sea particularmente miope, estaría complacido por la posibilidad de una prórroga. Si se concediera el aplazamiento, ello significaría que la CPI no podría procesar el caso por 12 meses, luego del cual el caso se retomaría a menos que surgiera un nuevo aplazamiento. Esto significa que al menos que al-Bashir planee mantenerse en el poder a perpetuidad y cada año presione a sus amigos por la necesidad de un nuevo aplazamiento, tendría que enfrentar la justicia. La perspectiva del aplazamiento sólo puede generar un incentivo perverso para al-Bashir, nunca la renuncia al mandato.
La propuesta de SA para tramitar las solicitudes de aplazamiento sólo amplifica los incentivos perversos. En los términos de la propuesta, si el Consejo de Seguridad no ha actuado sobre una solicitud de aplazamiento en seis meses, la Asamblea General puede decidir la cuestión. Lo que esto significa para al-Bashir es que el período de seis meses durante el cual el Consejo de Seguridad abriga la solicitud sería más útil si el tiempo no se agotara en el logro de reformas en el país y el progreso hacia la paz, sino en el cabildeo de los miembros de la Asamblea General para que concedan la solicitud de aplazamiento. Probablemente esto sólo intensifica las disputas políticas en la materia.
El carácter polarizado de la acusación a al-Bashir hace que resulte sorprendente que los protagonistas no pueden ver el bosque por los árboles, pero los acontecimientos recientes sugieren que están en riesgo de prenderle fuego.
Nicole Fritz es el director del Centro del Sur de Litigios de África.
Este artículo ha sido traducido por Luis Jorge Leaño C.
Fuente: www.businessday.co.za
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