Por Eduardo Pizarro Leongómez.
Este artículo fue publicado originalmente en el
periódico El Tiempo.
En los últimos días del mandato de Andrés Pastrana, el
gobierno suscribió el Tratado de Roma, que establecía la Corte Penal
Internacional de La Haya. Sin embargo, introdujo una salvaguarda prevista en el
artículo transitorio 124, mediante la cual la Corte solamente podría abocar los
crímenes de guerra perpetrados en el país al cabo de siete años. El tiempo se
acabó: el próximo 5 de agosto, todos aquellos (guerrilleros o funcionarios
estatales que violen las normas del Derecho Internacional Humanitario) deberán
responder ante la justicia nacional por crímenes de guerra, es decir, la
violación de las leyes o costumbres de la guerra (reclutamiento de menores,
toma de rehenes, minas antipersonales, ataques indiscriminados que afectan a la
población civil, etc.) o, en su defecto, ante el tribunal internacional.