Introducción a la querella presentada ante la Audiencia
Nacional a fecha del seis de octubre de 2009
Fuente: www.brusselstribunal.org
El siguiente texto constituye la introducción a una
querella criminal interpuesta a fecha del seis de octubre de 2009 ante la
Audiencia Nacional de España contra cuatro presidentes de EE. UU. y cuatro
primeros ministros de Reino Unido por la comisión, aprobación y/o perpetuación
de múltiples crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y genocidio en
Irak. La demanda fue presentada bajo las leyes de jurisdicción universal.
Esta querella nombra a
George H W Bush, William J Clinton, George W Bush, Barack H Obama, Margaret
Thatcher, John Major, Anthony Blair y Gordon Brown. Fue presentada por
iraquíes y otras personas solidarias con el pueblo iraquí y la defensa de sus
derechos y el derecho internacional.
Introducción
Todos los querellados identificados en esta demanda
han ocupado u ocupan altos cargos públicos en las administraciones de Estados
Unidos y Reino Unido, y/o de autoridad en las respectivas fuerzas armadas de
estos países, y mientras ocupaban tales cargos autorizaron, apoyaron,
justificaron, ejecutaron y/o perpetuaron de forma activa:
1.
Un régimen de sanciones sobre Irak durante 13 años, que ha provocado un impacto
abrumadoramente destructivo, reconocido y probado, sobre la salud pública de
este país, especialmente sobre la mortalidad infantil.
2. El uso
de la fuerza militar de forma desproporcionada e indiscriminada, incluyendo
numerosas campañas extralegales de ataques y bombardeos durante la década
comprendida entre los años 1990 y 2000, provocando la destrucción de las instalaciones
hídricas y sanitarias de Irak y de sus capacidades defensivas, y la
contaminación generalizada de su eco-esfera y medio ambiente a través del uso
masivo e injustificado de municiones de uranio empobrecido.
3. El
impedimento, a través de sanciones globales y/o ataques militares, de la
reconstrucción de la infraestructura civil básica de Irak incluyendo sus
sistemas de salud, hídricos y sanitarios, y la descontaminación de su
eco-esfera y medio ambiente, respaldados por la amenaza de vetar en el Consejo
de Seguridad cuando no hubo unanimidad detrás de la prolongación del régimen de
sanciones.
4. El
lanzamiento de una guerra ilegal de agresión contra Irak basada en la
falsificación deliberada de amenazas y esfuerzos sistemáticos para ocultar a la
población general en Estados Unidos, en el Reino Unido y en otros países, y a
partes de la estructura de comando militar de las respectivas fuerzas armadas
desplegadas, los verdaderos propósitos y objetivos de aquella guerra.
5.
El diseño del establecimiento de un aparato de ocupación que por su
incompetencia, inexperiencia, corrupción y/o alineamiento ideológico o sectario
y sus acciones terminaría en la destrucción del Estado iraquí y en la
destrucción deliberada de la unidad nacional de este país junto a su identidad,
provocando un ataque a los iraquíes en su conjunto y la destrucción
intencionada del grupo nacional iraquí como tal.
Los actos ordenados y/o continuados y perpetuados
por los querellados identificados en este escrito fueron ilegales en su
naturaleza, se conocía que lo eran y/o razonablemente debían saber que eran
ilegales en su naturaleza, y se basaron en mentiras manifiestas y deliberadas,
manipulaciones, presentaciones de los hechos deliberadamente confusas, y afirmaciones
sin fundamento y otras justificaciones falsas. Fue tal la insistencia del
esfuerzo propagandístico que respaldó y proveyó el contexto a estos actos
ilegales - y es bien sabido que éste era el objetivo - que se convirtió en una
campaña internacional de demonización y deshumanización de los iraquíes, de la
nación iraquí, del Estado iraquí, del liderazgo militar y civil de Irak, del
aparato civil y administrativo de Irak y de Irak dentro del contexto árabe. En
este sentido y a través de las acciones que se tomaron y que se resumen más
abajo, los querellados:
1.
Despojaron al pueblo iraquí de todos o de la mayoría de sus derechos
fundamentales conforme a los derechos establecidos y protegidos por la
legislación internacional de derechos humanos y el derecho internacional
humanitario, expresados en las convenciones y en la Carta de las Naciones
Unidas, en la Declaración Universal de Derechos Humanos, las Convenciones de
Ginebra, incluyendo el derecho a la defensa.
2.
Construyeron e implementaron políticas que continuaron despojando al pueblo
iraquí de su soberanía y del ejercicio de su libertad, derechos humanos y
derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, conforme lo
establecen y garantizan la legislación internacional de derechos humanos y el
derecho internacional humanitario, incluyendo la Carta de las Naciones Unidas y
convenciones, la Declaración Universal de Derechos Humanos y las Convenciones
de Ginebra.
3.
Insistentemente otorgaron cobertura legal y política a estos actos, aun
sabiendo y/o razonablemente debiendo saber que estos actos violaban la ley
internacional, incluyendo indiscutibles normas legales de carácter ius cogens.
4.
Impusieron y defendieron la inmunidad extra-legal para todos los involucrados
en actos violatorios de los derechos protegidos del pueblo iraquí, y
establecieron un patrón de impunidad para los acusados de perpetrar estos
ataques, omitiendo llevar a cabo una adecuada investigación y las acciones
legales correspondientes sobre las denuncias específicas y generales de los
graves abusos cometidos, y/o garantizaron la responsabilidad que se asume a
través de la cadena de mandos que permitió u omitió prohibir estos ataques, y/o
hicieron caso omiso de o distorsionaron las numerosas reglas legales
consuetudinarias, incluyendo las leyes de la guerra y aquellas que prohíben el
uso prioritario de la fuerza en las relaciones internacionales.
5.
Abusaron de y pasaron por alto el derecho internacional, garante del orden, la
paz y la seguridad internacional, para cuya protección se considera que existe
y representa el Sistema de las Naciones Unidas, abarcado en la Carta de las
Naciones Unidas, y sobre cuyos fundamentos la Declaración Universal de los
Derechos Humanos adquiere su efecto positivo y significado conclusivo.
Mientras la ocupación de Irak permanezca y las
desmanteladas instituciones soberanas de este país no funcionen, la oportunidad
de reparar a las víctimas iraquíes en su propia jurisdicción nacional es
inexistente. A pesar de las numerosas peticiones individuales elevadas a su
Fiscal, la Corte Penal Internacional ha declarado que no posee jurisdicción
para conocer y actuar en casos de abusos y violaciones a los derechos humanos y
al derecho internacional humanitario en Irak. En virtud de las amenazas de
Estados Unidos y del Reino Unido de utilizar en el pasado su poder de veto como
miembro permanente, no es previsible que en un futuro inmediato el Consejo de
Seguridad eleve una demanda en Irak a la Corte Penal Internacional, como
tampoco que los iraquíes esperen una reforma del Consejo de Seguridad. Sin una
investigación y el procesamiento efectivo de estos abusos y violaciones, la
comunidad internacional corre el riesgo de permitir que se establezca un
precedente de acciones ilegales de semejante magnitud sin censura, poniendo en
peligro por lo tanto los derechos y la dignidad no solo de los iraquíes sino
también de la población a nivel mundial. Un precedente de esta naturaleza sería
contrario al espíritu de la Carta de las Naciones Unidas y a los principios
sobre los cuales se considera que el orden internacional de los Estados está
fundado. La base de la aceptación pública de un Estado de derecho es la
protección de la paz y la defensa del bienestar de su pueblo. La falta de
investigación y del procesamiento efectivo del catálogo de graves abusos y
violaciones perpetradas por los querellados en Irak, y en contra del pueblo
iraquí, constituiría una amenaza continua e implícita a la base del orden
internacional a nivel general y específicamente a la paz y la seguridad
internacionales.
Junto con aquellos que ocupan cargos de autoridad
oficial, los importantes consejeros políticos, los creadores de estrategia y
los representantes de varias empresas, también han tenido un papel crucial en
las justificaciones ideológicas y políticas, además del intento de legitimar
las propuestas falsas empleadas para ejecutar la política global de agresión,
culminando en una serie de ataques, tanto militares como de otros medios,
ataques que siguen ahora desde hace 19 años, los cuales nos han llevado a la guerra
ilegal de 2003 contra Irak, una guerra que continúa a pesar de la condena
global. Aunque hay indicios de responsabilidad inherentes en términos de la
naturaleza de la construcción y ejecución de la política, las relaciones
personales entre los individuos involucrados en primer y segundo grado, además
de los grupos a los que pertenecen, demuestran un alto nivel de cohesión
evidente que une las acciones de las personas que han apoyado y se han
beneficiado de estas políticas. En el mejor de los casos el propósito de estas
intenciones es la de hacer daño; en el peor significa la destrucción por
razones definidas - a veces anunciadas públicamente - estratégicas,
geo-políticas y económicas. Es más, ninguno de los responsables puede alegar
razonablemente que no sabía cómo iba a acabar sus políticas, ni a quienes
apoyaba, ya que todos habían participado no solo en el diseño y la ejecución de
dichas políticas, sino que seguían ejecutándolas a pesar de que sus efectos
eran perjudiciales, y contribuían a la destrucción de la salud, la soberanía y
los derechos del pueblo iraquí, y por si fuera poco, han defendido estas
políticas y la mayoría seguirá haciéndolo.
Desde el comienzo del periodo en cuestión, las
sanciones instigadas y mayoritariamente administradas por Estados Unidos, como
resultado directo de estas medidas, añadidas a la guerra propagada por los
gobiernos de EE. UU y Reino Unido y la ocupación del territorio iraquí, han
causado la muerte a aproximadamente 2.700.000 iraquíes. Durante el periodo de
las sanciones, 560.000 niños perdieron la vida. Desde 2003, la infraestructura
civil y militar iraquí es tan débil que el pueblo se siente prácticamente
indefenso. Irak ha sufrido un nivel de agresión sin precedentes en el ámbito de
la historia internacional, al mismo tiempo que la aparición de un plan de
partición para el país, dando fondos a grupos sectarios y milicias para
fragmentar aún más la nación durante la ocupación y así afectar a la identidad
nacional. También se ha procedido a la cancelación del funcionamiento del
antiguo estado iraquí, despidiendo a todos los funcionarios públicos y
eliminando la protección estatal, lo cual ha llevado a la desaparición de los
servicios públicos y el sistema educativo para el pueblo iraquí, culminando en
olas de desplazamientos humanos en las que casi 5.000.000 de personas han
tenido que abandonar sus casas, lo cual representa un quinto de la población.
En diciembre de 2007, el Comité de Anti-Corrupción de Irak anunció que ya había
5.000.000 de huérfanos en Irak, mientras el Ministerio de Asuntos de la Mujer
contaba 3.000.000 de viudas desde 2009.
Tal destrucción de la vida humana, durante 19 años
de ataques acumulados, a pesar de haber ignorado numerosas oportunidades para
cambiar de política o remediar la situación, no puede ser simplemente fruto de
la casualidad. De hecho, la acusación primordial que debe ser investigada, como
sugieren los hechos, es que este nivel de destrucción ha sido decisivo para el
éxito de la política compartida de Estados Unidos y Reino Unido en Irak. La
destrucción total o parcial del pueblo iraquí como grupo social, y la privación
de todos o la mayoría de sus derechos, se puede entender mediante el recuento
de las violaciones, abusos y ataques a los cuales ha sido sometido el pueblo
iraquí. Todo esto, combinado con los continuos intentos de redibujar el mapa
político de Irak y la región árabe, además de la posición de Irak dentro de la
misma, ha hecho que los agresores hayan aprovechado el momento para capturar,
apropiarse y saquear todo lo que se interpusiera en su camino a través de la
anulación de la soberanía del pueblo iraquí combinada con la destrucción y
fragmentación de su identidad y unidad como grupo nacional. Históricamente, los
iraquíes, variopintos aunque cohesivos, estaban, y siguen estando,
comprometidos por una mayoría aplastante con la idea del papel del ciudadano en
el estado iraquí – un estado fundado y basado en la provisión de servicios
públicos y una industria energética nacionalizada. La política que han adoptado
los responsables ha buscado y sigue buscando imponerse a los elementos de la
industria iraquí y esto ha acabado en la privatización y confiscación de los
recursos públicos del pueblo iraquí, combinado con la división política y
administrativa del estado originariamente unido, y por tanto, lo opuesto de una
sociedad basada en la cohesión de la gente como grupo nacional.
Hasta que no se frene a través de acciones e
investigaciones legales, es muy poco probable que la estrategia común de
Estados Unidos y Reino Unido cese, aunque las tácticas puedan cambiar. Los
iraquíes, en su gran mayoría, no demuestran signos de rendición en su creencia
del derecho a la ciudadanía iraquí, lo cual incluye control de soberanía sobre
los recursos naturales del país. Con un agresor extranjero beligerante y un
pueblo entregado y resistente, una acción legal es imprescindible para llegar
al final de esta situación y acabar con la matanza continua del pueblo iraquí y
la destrucción de su identidad nacional y sus derechos. Estamos ante acciones
ilegales e inmorales que contradicen las razones sobre las que se sustenta la
soberanía del Estado y la seguridad del pueblo, y acciones que han traído
consigo el intento de destruir el Estado iraquí y la nación. Mientras, según
estimaciones creíbles, entre 2003 y 2006, 1.200.000 ciudadanos iraquíes han
perdido la vida debido a la violencia, y siguen perdiendo la vida, o, en el
mejor de los casos, viven bajo amenaza constante de muerte, mutilación,
detención, exilio y falta de acceso a sus legítimas libertades y derechos. La
suma de estas condiciones y el resultado de acciones deliberadas cuyas
consecuencias se podían prever, ubicadas en un entorno de acusaciones falsas,
decepciones, y, por no decirlo, mentiras flagrantes, impuestas por el uso
indebido de la fuerza, una fuerza desproporcionada e indiscriminada,
constituyen una violación de los términos de la Convención de Ginebra de 1948.
Como prueba del extenso impacto de las políticas
pasadas y actuales de Estados Unidos y del Reino Unido, en el 2009 el American
Friends Service Commitee, en colaboración con el Alto Comisionado de las
Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), informó que alrededor de un 80 por
ciento de los iraquíes encuestados en Irak habían sido testigos de un
fusilamiento, un 68 por ciento habían sido interrogados u hostigados por
milicias, un 77 por ciento habían sido afectados por ataques con bombas o
cohetes, un 72 por ciento fueron testigo de atentados con coches bombas, un 23
por ciento de los iraquíes en Bagdad sufrieron el secuestro de un miembro de su
familia, y un 75 por ciento sufrieron la muerte de un familiar o persona
cercana.
Las operaciones militares en Irak desde el 2003 ya
le han costado a los Estados Unidos aproximadamente 800 mil millones de
dólares, con costos a largo plazo estimados en 1.8 trillones de dólares. En el
2009 el costo estimado para el Reino Unido, de acuerdo a cifras divulgadas por
el Ministerio de Defensa del Reino Unido, fue de £8.4 mil millones (alrededor
de 13.7 mil millones de dólares). Estados Unidos continúa gastando en la guerra
12 mil millones de dólares por mes. Desde el 2003 Estados Unidos ha desplegado
a Irak un total de 513.000 soldados. Aproximadamente 170.000 militares
estuvieron destinados a la campaña denominada “Surge” (oleada), en el 2007, y
130.000 permanecieron desplegados a partir de junio de 2009. Además de las
fuerzas armadas regulares se cree que el Gobierno de los Estados Unidos emplea
hasta 130.000 contratistas adicionales de seguridad privada y se ha negado a
divulgar cifras oficiales al respecto. Se ha otorgado a las empresas de
seguridad inmunidad general de acuerdo a la ley iraquí. A su vez, no existe
mecanismo eficaz ni esperanza para que los iraquíes puedan directamente probar
la responsabilidad o enjuiciar a las fuerzas estadounidenses y
británicas.
[FIN]
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