por Peter Robinson
Traducido por Luis J. Leaño
April 15, 2020
La reciente decisión de la Corte Penal Internacional (CPI) al autorizar al Fiscal Fatou Bensouda para investigar presuntos crímenes de guerra en Afganistán, incluye acusaciones de que el personal estadounidense cometió tortura al interrogar prisioneros allí y en otros países miembros de la CPI. El fiscal identificó a los posibles acusados como funcionarios de la CIA y del Departamento de Defensa (DOD) que idearon, autorizaron o supervisaron los interrogatorios. Si esos funcionarios son acusados en última instancia, probablemente deberá examinarse si tenían la intención criminal requerida o si confiaron de buena fe en las garantías del Departamento de Justicia de que las llamadas "técnicas de interrogatorio mejoradas" en las que participaron, eran legales.
El artículo 30 del Estatuto de Roma de la CPI exige que el acusado tenga intención y conocimiento. El artículo 32 reconoce que algunos errores de derecho pueden negar ese estado mental. Por lo tanto, el personal de los Estados Unidos que se basó en el asesoramiento legal del Departamento de Justicia (DOJ) puede no ser penalmente responsable, incluso si ese consejo resultó ser incorrecto.
