"Cualquier recurso a la guerra, a cualquier tipo de guerra, es un recurso a medios que son inherentemente criminales. Guerra, inevitablemente, es un curso de asesinatos, asaltos, privaciones de la libertad, destrucción de la propiedad.

"


Robert Jackson

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martes, 29 de noviembre de 2011

EL tribunal de Kuala Lumpur declaró culpables a Bush y Blair. Acotaciones sobre los tribunales de la sociedad civil.



Por Richard Falk

28 de Noviembre de 2011


Un tribunal de crímenes de guerra en Malasia ofrece una devastadora crítica de las instituciones internacionales de derecho penal en la actualidad.


Tras dos años de investigación por parte de la Comisión de Crímenes de Guerra de Kuala Lumpur (KLWCC), un tribunal (el Tribunal Penal de Crímenes de Guerra, o KLWCT) integrada por cinco jueces, llegaron a un veredicto unánime que encontró a  George W Bush y Tony Blair culpables de crímenes contra la paz, crímenes de lesa humanidad y genocidio, como resultado de su participación en la guerra de Irak.


El procedimiento se llevó a cabo durante cuatro días, del 19 al 22 de noviembre, e incluyó la oportunidad para que los abogados defensores de oficio ofrecieran sus argumentos al tribunal y pruebas a favor de los acusados ​​ausentes. Los acusados habían sido invitados a asumir su propia defensa o a enviar un representante, pero se negaron a hacerlo. El equipo de la fiscalía fue dirigido por dos destacadas personalidades jurídicas con fuertes credenciales en derecho: Gurdeal Singh Nijar y Francis Boyle. El veredicto emitido el 22 de noviembre de 2011 coincide con el 48 aniversario del asesinato de John F. Kennedy.


El tribunal reconoció que su veredicto no resulta normalmente aplicable en la forma asociada a un tribunal penal que opera  dentro de un Estado soberano o constituido por acuerdo internacional, como es el caso de la Corte Penal Internacional. Sin embargo, a través del procedimiento jurídico el KLWCT pretendió  funcionar de manera legalmente responsable. Esto puede dotar  sus conclusiones y recomendaciones, con un peso legal que se prevé, se extienden más allá de una condena moral de los acusados.


El KLWCT añadió dos "órdenes" a su sentencia emitida de conformidad con la Carta de las KLWCC que controlaba el marco de funcionamiento del tribunal: 1) Un informe de los resultados de la culpabilidad de los dos acusados a ​​los ex jefes de Estado y a la Corte Penal Internacional de La Haya, y 2) La subscripción de los nombres de Bush y Blair en el registro de criminales de guerra que mantiene el KLWCC.


El tribunal también añade una serie de recomendaciones en su veredicto: 1) Un reporte de los resultados del informe de acuerdo con la Parte VI (que pide la rendición de cuentas futuras) de la Sentencia de Nuremberg de 1945, frente a los crímenes de los líderes políticos sobrevivientes y los militares de la Alemania nazi, 2) La radiciación del archivo de genocidio y crímenes contra la humanidad en la Corte Penal Internacional en La Haya, 3) El planteamiento en la Asamblea general de la ONU de aprobar una resolución que exige a los Estados Unidos ponga fin a su ocupación de Irak, y 4) Comunicar los resultados obtenidos por el tribunal a todos los Estados miembros del Estatuto de Roma (que regula la Corte Penal Internacional) y a todos los Estados que afirman la jurisdicción universal, en cuanto que autorizan el juzgamiento de crímenes internacionales por tribunales nacionales, y 5) Instar al Consejo de Seguridad a asumir la responsabilidad de asegurar que los derechos de soberanía plena residen en el pueblo de Irak y que la independencia de su gobierno sea protegida por una fuerza de paz de la ONU.




La campaña anti-guerra de Mahathir Mohamed


Estas iniciativas de la sociedad civil legal son el resultado de un proyecto a largo plazo realizado por el polémico ex jefe de Estado de Malasia, Mahathir Mohamed, de desafiar  el militarísmo americano y movilizar a los países del Sur para organizar una lucha frontal contra el sistema de guerra .


Esta visión de lucha contra la guerra y contra el imperialismo post-colonial fue establecido integralmente en el notable discurso de Mahathir contra la guerra del 24 de febrero de 2003, cuando el ministro daba la bienvenida al Movimiento de Países No Alineados en Kuala Lumpur para su XIII Cumbre.


Incluidos en su discurso en esta ocasión fueron las siguientes afirmaciones que prefiguran la creación de la KLWCC y KLWCT:


"La guerra debe ser declarada ilegal. Eso tendrá que ser nuestra lucha, por ahora. Debemos luchar por la justicia y la libertad de la opresión, de la hegemonía económica. Sin embargo, debemos eliminar la amenaza de la guerra en primer lugar. Con esta espada de Damocles sobre nuestras cabezas no podemos tener éxito en la promoción de los intereses de nuestros países. La guerra por lo tanto, debe ser ilegal. La aplicación de este principio debe haceerse por las fuerzas bajo el control multilateral de las Naciones Unidas. Ninguna nación debería asumir el papel de policía del mundo, mucho menos para decidir qué acción tomar, [y] cuando ".


Mahathir dijo claramente en esa ocasión que su intención en la criminalización de la conducta de hacer la guerra agresiva y de lesa humanidad era llevar ayuda a los pueblos víctimas - con especial referencia a los iraquíes, que estaban a punto de ser atacados un par de semanas más tarde, y los palestinos, que había sufrido el despojo en masa y una ocupación opresiva. Esta dedicación de Mahathir a un mundo sin guerra, se reafirmó a través de la creación de la Fundación Kuala Lumpur para Criminalizar la Guerra, y en el discurso inaugural de apertura de la Conferencia de Criminalización de la Guerra, el 28 de octubre de 2009.


El 13 de febrero 2007 Mahathir pidió a la KLWCC que preparara un caso contra Bush y Blair, a quien hace responsable de librar una guerra de agresión contra Irak. Mahathir, un abierto crítico de la guerra de Irak y sus secuelas, sostuvo en el momento que existía una necesidad de un foro alternativo judicial de la CPI, que no estaba dispuesto a acusar líderes occidentales. Mahathir insistió en que ningún líder debe ser capaz de escapar de la responsabilidad por estos crímenes contra las naciones y los pueblos. Reconoció con ironía salvaje los límites de la iniciativa propuesta: "No podemos arrestarlos, no podemos detenerlos, y no podemos colgarlos en la forma en que ahorcaron a Saddam Hussein." Mahathir también sostuvo que, "Un castigo que muchos líderes temen, es pasar a la historia con cierta etiqueta adjunta... En los libros de historia deberían ser catalogados como criminales de guerra y este es el tipo de castigo que podemos imponerles ".


Con esta observación, Mahathir prefigura el registro KLWCC de criminales de guerra que tiene inscritos los nombres de los condenados por el KLWCT. ¿Importará? Este listado tendrá trascendencia en nuestro mundo?


En su declaración de 2007, Mahathir prometió que el futuro KLWCT, no sería  "como el" tribunal canguro "que enjuició a Saddam". En verdad, la actuaciones judiciales contra Saddam Hussein fueron una farsa, excluyendo pruebas relevantes, obstaculizando la defensa significativa, y culminando con la ejecución grotesca y el descrédito. Saddam Hussein fue objeto de persecución por delitos varios contra la humanidad, así como por crímenes contra la paz, pero la formalidad de corrección que acompaña el juicio no puede ocultar el hecho de que este era un ejemplo vergonzoso de justicia de vencedores. Por supuesto, los medios de comunicación, en la medida en que se enteran de las iniciativas de la sociedad civil, condena precisamente con la misma retórica que Mahathir utilizó para atacar el juicio de Saddam, insistiendo en que el KLWCT es un "tribunal canguro" o un "circo". Los medios de comunicación occidentales, sin excepción, han pasado por alto este procedimiento en contra de Bush y Blair, considerandolo como irrelevante y una simple parodia legal, y brindando su atención a juicio simultáneo, respaldado por la ONU y adelantado por el Tribunal de Crímenes de Guerra de Camboya que enjucia sobrevivientes del Khmer Rouge acusados ​​de comportamiento genocida en la década de 1970. Para los medios de comunicación globales, los auspicios hacen la diferencia.


Jurisdicción Universal.


El KLWCT no se produce en su totalidad en medio del vacío jurisprudencial. Desde hace tiempo se reconoce que los tribunales penales nacionales pueden ejercer  jurisdicción universal por  crímenes de Estado sin importar donde hayan acurrido, aunque por lo general sólo se procede si los individuos acusados ​​se encuentran físicamente presentes ante el tribunal. En el derecho norteamericano, la Alien Tort Claims Act permite acciones civiles siempre que la jurisdicción personal de la parte demandada se obtenga por delitos como la tortura cometida fuera de los Estados Unidos.


El ejemplo más influyente fue la decisión Filartiga de 1980 que reconoció los daños y perjuicios ocasionados a una víctima de tortura en el Paraguay autocrático (Filártiga v. Peña 620 F2d 876). Es decir, hay una sensación de que los tribunales nacionales tienen la autoridad legal para procesar a individuos acusados ​​de crímenes de guerra en cualquier parte del mundo. La teoría jurídica subyacente se basa en el reconocimiento de la limitada capacidad de los tribunales penales internacionales para imponer responsabilidad de una manera que no sea dictada por las prioridades geopolíticas y por el reflejo de una lógica de la impunidad. En este sentido, la jurisdicción universal tiene el potencial para generar un tratamiento de igual a igual, y se convierte en una gran amenaza para los Kissinger y Rumsfeld de este mundo, que han tenido que limitar los sitios a donde pueden viajar. Los Estados Unidos e Israel han utilizado su influencia diplomática para hacer retroceder la autoridad de la jurisdicción universal en Europa, especialmente en el Reino Unido y Bélgica.


Hasta cierto punto, el KLWCT está tomando un camino paralelo a la responsabilidad penal. No pretende tener la capacidad para ejercitar el castigo corporal, y están en juego sus pretensiones de eficacia en la publicidad, la educación y la justicia simbólica. Estas iniciativas se han llevado a cabo de vez en cuando, desde el Tribunal Russell de 1967 que trató las denuncias penales derivadas de la guerra de Vietnam, frente a la indignación pública y la ausencia de una respuesta adecuada de los gobiernos o de las instituciones de la sociedad internacional.


En 1976, la Fundación Lelio Basso de Roma estableció un Tribunal Permanente de los Pueblos que se generalizó en la experiencia de Russell. Se creía que había una necesidad urgente de llenar el vacío institucional en la administración de justicia alrededor del mundo, que surgió como resultado de la manipulación geopolítica y de los regímenes jurídicos de doble rasero. Durante las décadas siguientes, el PPT trató una serie de temas que van desde las denuncias de intervención estadounidense en América Central y la intervención soviética en Afganistán, hasta los derechos humanos en la dictadura de las Filipinas de Marcos, el despojo de las comunidades indígenas en el estado brasileño de Amazonas, y la negación del derecho de autodeterminación para el pueblo de Puerto Rico.


El precedente inmediatamente anterior del KLWCT,  fue el Tribunal Mundial sobre Irak (WTI), celebrado en Estambul en 2005, que culminó con una serie de audiencias llevadas a cabo entre 2003 y 2005 sobre diversos aspectos de la guerra de Irak. Al igual que con KLWCT, este también se centró en la supuesta criminalidad de aquellos que se embarcaron en la guerra de Irak. En los Procedimientos adelantados por el WTI, se presentaron numerosos testigos expertos y se produjo una sentencia que condenó a Bush y Blair, entre otros, y llamó a una variedad de medidas de aplicación simbólica y social.


La Declaración del jurado de conciencia incluyó estos aspectos generales:
"La invasión y ocupación de Irak fue y es ilegal. Se ha demostrado que las razones dadas por los gobiernos de EE.UU. y el Reino Unido para la invasión y ocupación de Irak en marzo de 2003 eran falsas. Hay mucha evidencia que apoya la conclusión de que un motivo importante para la guerra era controlar y dominar el Medio Oriente y sus vastas reservas de petróleo como parte de la estrategia de EE.UU. por hegemonía mundial ... En la búsqueda de su agenda imperial, los gobiernos de Bush y Blair ignoraron descaradamente la masiva oposición a la guerra expresada por millones de personas de todo el mundo. Se embarcaron en una de las guerras más injustas, inmorales y cobardes de la historia. "


A diferencia de lo acurrido con el KLWCT, el tono y sustancia del resultado oficial de las conclusiones del WT, fue en sentido estricto más moral y político que jurídico, a pesar del marco legal de la investigación. Para ver una descripción completa  puede verse, el Tribunal Mundial sobre Irak de Muge Gursoy Sokmen: Los Argumentos contra la Guerra (2008).


Justificando tribunales.


Dos semanas antes del KLWCT, una iniciativa similar en Sudáfrica consistió en examinar las denuncias de apartheid contra Israel en relación con la desposesión de los palestinos y la ocupación de una parte de la Palestina histórica (este fue el Tribunal Russell sobre Palestina, Sesión de Sudáfrica, 5 al 7 de noviembre de 2011).


Todos estos eventos "jurídicos" tenían una cosa en común: el sistema mundial de Estados e instituciones no estaba dispuesto a buscar un conjunto particular de hechos y responder eficazmente a lo que muchas personas calificadas cree que es una gran injusticia. En este sentido, hubo una intensa motivación ética y política detrás de estas iniciativas de la sociedad civil, que invoca la autoridad del derecho. Pero estas iniciativas realmente califican como "derecho"?  Una respuesta a esta pregunta depende de si los procedimientos formales de los estados soberanos y de sus descendientes indirectos (las instituciones internacionales) constituyen un monopolio de la administración legal de la justicia. Yo me pondría al lado de los que creen que las personas son la fuente última de autoridad legal y que tienen el derecho de actuar por su cuenta cuando los procedimientos gubernamentales, como en estas situaciones, están tan inhibidos por la geopolítica que no tienen en cuenta violaciónes graves del derecho internacional .


Más allá de esto, no deberíamos descuidar el registro documental elaborado por estas iniciativas de la sociedad civil que operan con escasos recursos. Sus denuncias casi siempre muestran una comprensión objetiva de la evidencia disponible y la legislación aplicable, aunque a diferencia de los procedimientos gubernamentales, esta evaluación es efectivamente realizada antes de la apertura de los procedimientos.


Esta es la garantía de un avance contra la criminalidad que proporciona la motivación para hacer el esfuerzo organizacional y financiero necesarios para llevar esta iniciativa a un buen fin. Pero, ¿es el conocimiento anticipado de los resultados tan diferente de los procesos por crímenes de guerra bajo los auspicios del gobierno? Acusaciones se han hecho en casos de crímenes de guerra de alto perfil, sólo cuando la evidencia de la culpabilidad es abrumadora y decisiva, y el resultado de la decisión es conocido como una cuestión de seguridad virtual antes de comenzar el proceso.


En ambos casos, el tribunal no está realmente tratando de determinar la culpabilidad o inocencia, sino que más bien tiene la intención de aportar las pruebas y el razonamiento que valida e ilumina un veredicto de culpabilidad,  las recomendaciones resultantes y la sanción penal. Es por supuesto imposible, para los tribunales de la sociedad civil, para hacer valer sus resultados en el sentido convencional. Su reto es más bien el de difundir el juicio tan amplia y eficazmente como sea posible. Una publicación del Tribunal Permanente de los Pueblos a veces puede llegar a ser sorprendentemente influyente, dada la amplia base de hechos que presenta al llegar a su veredicto. Este fue el caso en la generación de activismo de oposición en las Filipinas en la década de 1980 durante los últimos años del régimen de Marcos.



El legalismo del  KLWCT


El KLWCT tiene identidad propia. Tiene la marca de un influyente ex mandatario en el país donde se reunió el tribunal, dando a la empresa en su conjunto un carácter cuasi-gubernamental. También se tuvo en cuenta la amplia campaña de Mahathir contra la guerra en general. El tribunal estaba compuesto por cinco destacados juristas, impartiendo un sentido adicional de profesionalismo. El juez principal fue Abdel Kadir Salaiman, un ex juez de la corte federal de Malasia. Otras dos personas que se anunciaron como jueces fueron recusados ​al inicio del proceso, debido a un sesgo supuestamente relacionados con su participación previa en un proceso similar, y otra debido a una enfermedad. También hubo un equipo de defensa competente, que presentaron argumentos intentando exonerar a los acusados ​​Bush y Blair, aunque la calidad de los argumentos jurídicos que ofrecieron no resultó tan convincente.


El tribunal operó en estricta conformidad con un estatuto  aprobado previamente por la KLWCC, e impartió un tono legalista al proceso. El legalismo es el rasgo más distintivo de la KLWCT, a diferencia de empresas similares que se basan más en una aplicación no profesional y flexible de la ley por personalidades de reconocida autoridad moral y culturalmente importantes, que no pretenden estar familiarizados con procedimientos legales y detalles de derecho sustantivo. En este sentido, el Tribunal de la Guerra de Iraq (IWT), reunido en Estambul en 2005, fue más característico. Se pronunció sobre la ley y formuló recomendaciones sobre una base política y moral orientada por la valoración de pruebas hecha por un jurado de conciencia. El tribunal fue presidido por el aclamado escritor y activista indio, Arundhati Roy, y estuvo compuesto por personas con notables logros públicos, pero sin pretensiones de tener un conocimiento experto de la ley pertinente, a pesar de que los numerosos testimonios de expertos en derecho internacional dieron un apoyo a las alegaciones de criminalidad. Además, a diferencia del KLWCT, el IWT no hizo ninguna pretensión de permitir una defensa de los cargos.


Tribunales de conciencia, o de ley?


Se plantea entonces la cuestión de la jurisprudencia populista en cuanto a si la "conciencia" o la "ley" es el aspecto preferido y más influyente para este tipo de iniciativas no gubernamentales. En ninguno de los casos los medios de comunicación de orientación estatísta hicieron una pausa para brindar atención, incluso atención crítica. En este sentido, sólo las fuerzas populistas democráticas con una visión cosmopolita encontrarán  resultados, como los movimientos notables de Kuala Lumpur hacia el establecimiento de lo que Derrida llama la "democracia por venir". El que estas fuerzas se convertieran en numerosas y suficientemente ruidosas, sigue siendo incierto. Un camino posible para obtener una mayor influencia sería hacer usos más imaginativos de los potenciales de las redes sociales para informar, explicar, educar y persuadir.


Esta última sesión del Tribunal de Crímenes de Guerra de Kuala Lumpur,  ofrece una crítica devastadora de los fracasos persistentes de los mecanismos de derecho penal internacional para asumir la responsabilidad de administrar justicia con justicia, es decir, sin los filtros de impunidad proporcionado por las existentes jerarquías de poder duro.


Richard Falk es Profesor Emérito del Albert G. Milbank of International Law en Princeton University y Visiting Distinguished Professor en Global and International Studies en University of California, Santa Barbara. Ha sido autor y ha editado numerosas publicaciones por cinco décadas. Recientemente editó el volumen, International Law and the Third World: Reshaping Justice (Routledge, 2008).


Actualmente se desempeña como Reportero Especial de las Naciones Unidas para los derechos humanos Palestinos. 


http://www.aljazeera.com/indepth/opinion/2011/11/20111128105712109215.html

miércoles, 23 de noviembre de 2011

Una jurisprudencia en conciencia.



23 Nov 2011


Un doble estándar internacional divide la comunidad internacional entre victoriosos y vencidos.

Escrito por Richard Falk

Montreal, Canadá - Desde que los líderes alemanes y japoneses supervivientes fueron procesados ​​después de la Segunda Guerra Mundial en Nuremberg y Tokio, ha habido un gran abismo que separa la responsabilidad penal de aquellos que cometen crímenes contra la paz, crímenes de lesa humanidad y crímenes  de guerra, de las realidades de la política mundial. La ley presiona hacia la consistencia de su aplicación, concediendo mayor importancia a la responsabildad de los que tienen mayor poder y riqueza.


Las realidades de la política mundial se mueven en dirección opuesta, eximiendo a los actores políticos que juegan un papel dominante. En cierto sentido, el modelo fue codificado en los compromisos seminales de Nuremberg y Tokio en la forma de "justicia de vencedores".   Sin duda, los bombardeos indiscriminados de ciudades alemanas y japonesas por flotas de bombarderos aliados y el lanzamiento de bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki fueron "crímenes" que debería haber sido castigados si los tribunales habieran sido totalmente "legales" en su operación.


Fue el caso, especialmente en Tokio, que el tribunal permitió a los acusados ​​ser representados por abogados competentes y que los jueces evaluaron adecuadamente la evidencia alegando criminalidad, produciendo opiniones disidentes en el procedimiento japonés y una absolución en Nuremberg. En efecto, fue una medida de equidad procesal en estos juicios, en el sentido de que los acusados ​​se involucraron en una actividad que era jurídicamente deseable para criminalizar a través de la determinación de culpabilidad y la imposición de la pena.

Hubo un segundo mensaje que surgió de estos juicios: que la victoria trae consigo la oportunidad de reforzar la justicia de la historia cuando pone en evidencia la criminalidad de los perdedores en tanto que omite percibir la criminalidad de los vencedores. Y luego hubo un tercer mensaje que se ha llamado "la promesa de Nuremberg", que implica un compromiso de cumplir en el futuro con las normas y procedimientos utilizados para castigar a los líderes militares y políticos alemanes y japoneses supervivientes. En efecto, para convertir esta promulgación de la justicia de los vencedores en una verdadera justicia, se hizo de la responsabilidad penal una cuestión de derecho y no un reflejo de los resultados de la guerra o de la jerarquía geopolítica.


El fiscal en jefe de Nuremberg, el juez Robert Jackson (excusado  temporalmente de servir como miembro de la Corte Suprema de los EE.UU.), hizo de esta promesa una formulación duradera en una declaración oficial en la Corte: "Si ciertos actos y violaciónes de los tratados son crímenes, son crímenes bien sea que los Estados Unidos o Alemania los cometan. No estamos preparados para estipular una norma de conducta criminal contra otros, si no estamos dispuestos a invocarla contra nosotros ". Estas palabras han sido invocadas reiteradamente por activistas de la paz, pero los líderes políticos no lo notan, y los crímenes de los poderosos siguen ocurriendo. A imitación de este defectuoso precedente de Núremberg, desde el final de la Guerra Fría la aplicación de la responsabilidad penal se ha reanudado para los perdedores en la política mundial, incluyendo a líderes como Milosevic, Saddam Hussein y Gadafi, cada uno de los cuales fueron depuestos por la fuerza militar occidental.



Estándares dobles.


Este patrón dual de la responsabilidad penal que no puede conciliarse con el derecho o la legitimidad ha dado lugar a varios esfuerzos reformistas. La sociedad civil y algunos gobiernos han favorecido una más genuina legalización de la responsabilidad penal y elevó las esperanzas liberales de forma inesperada al lograr el establecimiento de la Corte Penal Internacional en 2002. Sin embargo, esta y otras iniciativas formales no se han desplazado a las realidades de la política mundial, que siguen mostrando el espíritu Melian cuando se trata de la responsabilidad penal: "los fuertes hacen lo que quieren, los débiles hacen lo que deben". El doble rasero persiste: los malhechores en África son el objetivo de los fiscales, pero los del Oeste que libran guerras de agresión o abrazan la tortura como políticas nacionales siguen gozando de impunidad, o casi.



La existencia de un doble estándar es parte de la profunda estructura de la política mundial.  Incluso se le da rango constitucional al ser recogida en la Carta de las Naciones Unidas.  Se permite que los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU, es decir los ganadores en 1945, ejerzan el veto sobre cualquier decisión que afecte la paz y la seguridad del mundo, eximiendo de esta manera a los estados más peligrosos del mundo, los más poderosos militarmente y los más expansionístas, de la obligación de defender el derecho internacional. Tal poder de veto, mientras suena el toque de difuntos para la ONU en su función básica de prevención de la guerra sobre la base de la ley en lugar de la geopolítica, es probablemente responsable de mantener la organización unida en momentos de intenso conflicto geopolítico.


Sin el veto, sin duda el Oeste habría empujado fuera a la Unión Soviética y China durante los años de la Guerra Fría, y la ONU se habría desintegrado de la misma forma que la Liga de Naciones, la cual, después del final de la Primera Guerra Mundial convirtió el sueño de Woodrow Wilson en una pesadilla. Más allá de esto, aunque visto a través de una óptica geopolítica, el carácter anacrónico del Consejo de Seguridad centrada en Occidente es un vestigio de la época colonial.  2011 no es 1945, pero la rigidez de la organización significa que India, Brasil, Turquía, Indonesia y Sudáfrica, parecen destinados a seguir siendo las damas permanentes en espera de lo que la ONU haga acerca de sus serios negocios masculinos. Lo que esto significa, al tenor de la política de responsabilidad penal individual, es que todo lo que es "legal" no es necesariamente "legítimo".


Mi argumento busca establecer dos puntos principales: primero, el doble estándar impregna la aplicación del derecho penal internacional, erosionando su autoridad y legitimidad, y en segundo lugar, las jerarquías geopolíticas integradas en el marco de la ONU perderán su autoridad y legitimidad por no adaptarse a los nuevos tiempos y condiciones , especialmente el colapso del orden colonial y el surgimiento de centros de poder blando y duro no- occidentales.


Hay diferentes tipos de esfuerzos para cerrar esta brecha entre lo legal y lo legítimo en relación con la criminalidad de los dirigentes políticos y jefes militares. Un movimiento, a nivel del Estado soberano, es fomentar el derecho penal interno para extender su alcance a los crímenes internacionales. Dicha autoridad, que se conoce como la jurisdicción universal (UJ), un esfuerzo consagrado por los Estados para superar las deficiencias en la aplicación del derecho internacional, fue inicialmente desarrollado para lidiar con el delito de piratería, que se interpretó como un crimen contra el mundo entero. Muchas de las democracias liberales, se han considerado en particular como agentes del orden jurídico internacional, dotando a su sistema judicial con la autoridad para detener y enjuiciar a aquellos considerados como penalmente responsables de crímenes de Estado. La legislación de la UJ representa una fuerte tendencia durante la segunda mitad del siglo XX en las democracias liberales, especialmente en Europa Occidental. Este desarrollo alcanzó conciencia pública en relación con la espectacular detención en Gran Bretaña, en 1998, de Augusto Pinochet, ex gobernante de Chile, en respuesta a una solicitud de extradición de España, donde los cargos criminales habían sido aprobados judicialmente. El ámbito de la UJ es más amplio que su implementación formal, como que su simple amenaza resulta  intimidante, llevando  personalidades que podrían ser detenidas y acusadas a evitar las visitas a los países en que tales demandas podrían ser plausiblemente hechas. Como era de esperar, UJ dio lugar a una vigorosa campaña geopolítica de retroceso, especialmente por los gobiernos de los Estados Unidos e Israel que reaccionaron con miedo a esta perspectiva de aprehensión criminal por tribunales nacionales extranjeros. Como resultado de intensas presiones, varios de los estados europeos han revertido su legislación en materia de UJ a fin de calmar las preocupaciones de los viajeros con antecedentes manchados.


Hay otro enfoque a la difusión de la red de la responsabilidad penal y que permanece controvertida, y sin embargo parece responder a la actual atmósfera mundial de descontento populista. Se trata de los reclamos de la sociedad civil, por los pueblos del mundo, para establecer instituciones y procedimientos diseñados para cerrar la brecha entre la ley y la legitimidad en relación con la aplicación del derecho penal internacional. Estas iniciativas se  remontan a la creación  del Tribunal Penal Internacional Bertrand Russell, que examinó las acusaciones de crímenes de agresión y de guerra relacionados con el papel de Estados Unidos en la guerra de Vietnam (1966-67). Los cargos fueron pesados ​​por un distinguido jurado compuesto por figuras de autoridad moral y cultural presidido por Jean-Paul Sartre.


El Tribunal Russell fue ridiculizado en su momento como un "tribunal canguro" o un "circo", porque sus conclusiones podían preverse exactamente con antelación, su autoridad fue autoproclamada y sin aprobación gubernamental y no tenía control sobre los acusados​ a más de que su capacidad estaba por debajo de la ejecución de sus decisiones. Lo que se pasó por alto en esa crítica fue el grado en que este rechazo del experimento Russell refleja las pretensiones monopólicas y egoísta del sistema estatal y el estado para controlar la administración de la ley, ignorando las reclamaciones de la sociedad de lograr una ley administrada de manera justa, al menos simbólicamente de acuerdo con la justicia. Los críticos también ignoraron el hecho de que sólo este tipo de iniciativas podrían superar el apagón de la verdad provocada por la geopolítica de la impunidad.



No excepciones.


El Tribunal Russell pudo no haber sido "legal" en el sentido convencional de las perspectivas gubernamentales, pero fue "legítimo" para responder al doble estándar, llamando la atención sobre los crímenes masivos y peligrosos delincuentes, y proveyendo una narración completa y confiable de los patrones criminales que destruyeron o alteraron la vida de sociedades enteras y a millones de personas. Como suele suceder, estas iniciativas sociales requieren un gran esfuerzo, y sólo se producen cuando la criminalidad parece ser grave y extrema y donde una movilización geopolítica impide la investigación por instituciones establecidas de ley penal.



Es en este contexto que entendemos el flujo constante de iniciativas que se basan en la experiencia Russell. A partir de 1979, la Fundación Basso en Roma patrocinó una serie de dichos procedimientos bajo la rúbrica del Tribunal Permanente de los Pueblos que explora una amplia variedad de atentados criminales desatendidos, incluyendo el despojo de los pueblos indígenas, la dictadura de Marcos, la masacres de armenios, la libre determinación de las reclamaciones de los pueblos oprimidos. En 2005 el Tribunal Mundial sobre Irak en Estambul, investigó las denuncias de agresión, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra relacionados con la invasión de Estados Unidos y el Reino Unido y la ocupación de Irak, a partir de 2003, que causó tantos como un millón de iraquíes muertos y varios millones de desplazados de forma permanente. En las últimas semanas el Tribunal Russell sobre Palestina, un descendiente institucional directo de la empresa original, celebró una reunión en Sudáfrica para investigar acusaciones de apartheid, como un crimen contra la humanidad en contra de Israel. En algunos días, el Tribunal de Crímenes de Guerra  en Kuala Lumpur pondrá en marcha una investigación sobre las acusaciones de criminalidad contra George W. Bush y Tony Blair por su participación en la planificación, iniciación, y ejecución de la guerra de Irak, al que seguirá un año más tarde una investigación posterior sobre las acusaciones de tortura contra Dick Cheney, Donald Rumsfeld y Alberto Gonzales. Tengo la intención de escribir posteriormente sobre cada uno de estos procedimientos.


Sin duda, tales esfuerzos de la sociedad por llevar a criminales de guerra ante la justicia simbólica es consistente con la creciente demanda en todo el mundo por una democracia real sostenida por un Estado de Derecho que no exime de responsabilidad a ricos y poderosos.


Richard Falk es Profesor Emérito en la  Albert G. Milbank de Legislación Internacional en Princeton University y Visiting Distinguished Professor en Estudios Globales e Internacionales en la  University of California, Santa Barbara. Es autor y editor de numerosas publicaciones que abarcan un periodo de cinco décadas. Recientemente editó el volumen, International Law and the Third World: Reshaping Justice (Routledge, 2008).


En la actualidad cumple su tercer año de un período de seis añoscomo Relator Especial de Naciones Unidas sobre los derechos humanos palestinos.



http://www.aljazeera.com/indepth/opinion/2011/11/2011111815484766433.html



martes, 22 de noviembre de 2011

Bush y Blair encontrados culpables de crímenes de guerra.


Noviembre 22. 2011

Un tribunal de Malasia ha encontrado al ex presidente de EE.UU. George W Bush y el ex primer ministro británico Tony Blair, culpables de cometer crímenes de lesa humanidad durante la guerra de Irak.

El Tribunal de de Crímenes de Guerra en Kuala Lumpur encontró a los ex jefes de Estado culpables, tras una audiencia de cuatro días. Un panel de siete miembros presidido por el ex juez del Tribunal Federal de Malasia, Abdul Kadir Sulaiman presidió el juicio.

El tribunal compuesto por cinco personas, decidió por unanimidad que los ex dirigentes de EE.UU. y Gran Bretaña, habían cometido crímenes contra la paz y la humanidad, y que también violaron el derecho internacional cuando ordenaron la invasión de Irak en marzo de 2003.

Los fiscales en la audiencia derterminaron que la invasión de Irak fue un flagrante abuso de derecho, y un acto de agresión que se sumó al asesinato en masa de la población iraquí.

"Bush y Blair fueron declarados culpables bajo la misma ley que se aplicó a los nazis después del final de la II Guerra Mundial.

Por lo tanto, son criminales de guerra internacionales, culpables de crímenes de Nuremberg contra la paz, y deben ser procesados ​​por cualquier estado del mundo que pueda arrestarlos. Vamos a continuar nuestros esfuerzos para llevar a Bush y Blair a la justicia y ponerlos en la cárcel ", dijo Francis Boyle, un experto en derecho internacional y fiscal.

Los jueces en la sentencia afirmaron que los Estados Unidos, bajo el liderazgo de Bush, falsificaron documentos para afirmar que Irak tenía armas de destrucción masiva.

Bush y Blair fueron juzgados en ausencia por el Tribunal de Kuala Lumpur sobre Crímenes de Guerra. Los participantes también exigieron que las conclusiones del tribunal sean puestas a disposición de los Estados miembros del Estatuto de Roma y que los nombres de los dos ex funcionarios se inscriban en el registro de criminales de guerra.

"También hay una recomendación de que estos resultados se distribuiyan entre los Estados que tienen jurisdicción universal. Por lo tanto, cada vez que Bush o Blair aparezcan en su territorio, subsistirá la obligación de derecho internacional de comprometer estos criminales con el sistema de justicia ", dijo Gurdial Singh Nijar, un fiscal.

Abogados y activistas de derechos humanos en Malasia han descrito la sentencia dictada por el Tribunal de Kuala Lumpur sobre Crímenes de Guerra en contra de Bush y Blair como "una decisión histórica."

Este sería el preámbulo para que el Tribunal Penal Internacional acusara a Bush y Blair por crímenes de guerra.

El Tribunal de Crímenes de Guerra de Kuala Lumpur tiene previsto celebrar una audiencia por separado el próximo año, con cargos de tortura relacionados con la guerra de Irak en contra de ex funcionarios de EE.UU., incluyendo el ex Vicepresidente Dick Cheney, el ex secretario de Estado Donald Rumsfeld y el ex Fiscal General Alberto Gonzales.