Un funcionario sirio va a juicio esta semana por crímenes de guerra. Su defensa se centra en los rebeldes que lo ayudaron a desertar, y que ahora no quieren tener nada que ver con él.
Por ANCHAL VOHRA
ABRIL 20, 2020.
Traducido por Luis J. Leaño
En septiembre de 2012, un año y medio después del levantamiento sirio, el movimiento de oposición decidió ayudar a funcionarios del régimen a desertar en el extranjero, con la esperanza de acelerar la caída del presidente Bashar al-Assad. Uno de esos funcionarios fue Anwar Raslan. Encabezó el equipo de investigaciones de la Sucursal 251, una notoria prisión de la dirección de inteligencia en la calle Bagdad en Damasco. Era una de las direcciones más temidas de la capital, dirigida por un hombre temido. En su capacidad, podría detener y torturar a un centenar de personas a la vez, pero a medida que aumentaron las protestas, el número de prisioneros alcanzó cuatro veces ese número a medida que el edificio se llenó de presos políticos que fueron golpeados inconscientemente, electrocutados y colgados por sus muñecas, todo bajo el mando de Raslan.
Y luego, en 2013, la oposición supo que Raslan quería desertar. Siendo un objetivo lo suficientemente importante para la oposición, enviaron a uno de los suyos para fingir ser el conductor de Raslan y escoltarlo a través de Damasco, una ciudad repleta de soldados, hasta el este de Ghouta, controlado por los rebeldes. En cuestión de días, lo pasaron de contrabando al vecino Jordan. Allí se unió a la oposición.
