"Cualquier recurso a la guerra, a cualquier tipo de guerra, es un recurso a medios que son inherentemente criminales. Guerra, inevitablemente, es un curso de asesinatos, asaltos, privaciones de la libertad, destrucción de la propiedad.

"


Robert Jackson

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lunes, 31 de mayo de 2010

Justicia Internacional... para otros.



Por Guenael Mettraux

El 14 de mayo, el Consejo General del Poder Judicial suspendió al juez Baltasar Garzón de sus funciones tras ser acusado por cargos de abuso de autoridad.

Su crimen? Garzón presuntamente excedió su mandato a la hora de decidir iniciar una investigación sobre la desaparición de civiles durante la dictadura de Francisco Franco, a pesar de una ley de amnistía que cubría estos crímenes.

En los años anteriores, Garzón se había convertido en un símbolo viviente de justicia internacional como que persiguió a personajes de la talla de Augusto Pinochet y Osama bin Laden en nombre de los principios universales de la dignidad humana, los derechos humanos y la lucha internacional contra la impunidad.

La reacción a los últimos esfuerzos de investigación de Garzón y la reciente decisión de la Corte Suprema Brasilera de mantener una ley de amnistía que se aplica a los crímenes de la dictadura militar de Brasil son recordatorios poderosos de que los Estados todavía pueden decidir qué hacer con su pasado, incluso cuando ese pasado envuelve atrocidades en masa .

Esta posibilidad, sin embargo, no está abierta a todos los Estados en la misma medida. Cuando la soberanía ha sido subyugada (al igual que con Alemania después de la Segunda Guerra Mundial) o cuando pueden ser políticamente presionados a la sumisión (Serbia, la más reciente), los Estados pueden verse obligados a someter sus acciones a la sentencia de otras naciones en nombre de los mismos valores que habían validado los esfuerzos de Garzón.

A pesar de las repetidas afirmaciones de que un conjunto de prohibiciones penales universales aplicables a todos ha crecido desde estos valores, siguen siendo en gran medida, "le droit des autres", un conjunto de reglas que parecen dispuestas a aplicarse a los demás, pero no a nosotros mismos. Los "otros" son aquellos Estados e individuos que han perdido el poder político para anticiparse o evitar la aplicación de dicho régimen a ellos.

Un Tribunal con influencia.



Por Erna París*


La Corte Penal Internacional puede ser joven, pero su impacto está creciendo exponencialmente.

Frente a 1.000 cadetes de la Academia Militar West Point a principios de este mes, el presidente Barack Obama rechazó formalmente las estrategias nacionales de seguridad de su predecesor, especialmente las que caracterizan el poder unilateral de América y el derecho a librar una guerra preventiva contra supuestos enemigos. A diferencia de George W. Bush, cuya política exterior levantó ampollas en todo el mundo, Obama declaró que Estados Unidos trabajará para elaborar instituciones y estándares internacionales más fuertes. "El orden internacional que buscamos es uno que pueda resolver los desafíos de nuestro tiempo", dijo a su joven audiencia.

Las palabras del Presidente fueron en general, nobles y estimulantes por una buena razón. Muchos de estos jóvenes cadetes pronto estarían en Afganistán sirviendo en un frente peligroso. Pero un grupo muy diferente que observaba el evento de lejos pudo haberse sentido especialmente alentado por el énfasis de Obama en la universalidad y en las instituciones internacionales. Estoy hablando de los mil y más diplomáticos y miembros de organizaciones no gubernamentales de la sociedad civil que se preparaban para asistir a una conferencia internacional celebrada en Kampala, que comienza hoy. Ellos se reúnen para examinar las fortalezas y debilidades del Estatuto de Roma, el tratado jurídico que apoya y dirige el funcionamiento de la Corte Penal Internacional, ahora que el tribunal ha estado en pleno funcionamiento desde hace varios años.

jueves, 27 de mayo de 2010

Justicia Internacional: Desastre Judicial?


En su próxima revisión, la Corte Penal Internacional tiene cosas que celebrar, cosas para mejorar y trampas que evitar


Una editorial de The Economist

Cada vez que el mundo se entera de algún ultraje incalificable en una zona de batalla, un grito se produce diciendo que tales cosas nunca deben repetirse. Esa fue la reacción después del genocidio de Ruanda, después de la limpieza étnica, asesinatos en masa y violación perpetrados en la ex Yugoslavia, después de las terribles atrocidades de Sierra Leona y el Congo, y después de los ataques contra civiles en la región sudanesa de Darfur. Así que para sus partidarios, la apertura hace ocho años de una Corte Penal Internacional (CPI) con sede en La Haya, lista para actuar en los casos en que nadie detuviera y juzgara a los peores perpetradores de esos crímenes, fue un paso en la dirección correcta. Sin embargo, en la reunión de Kampala, Uganda, el 31 de mayo, para una revisión del funcionamiento de la CPI, los 111 estados que aceptan su competencia enfrentan  grandes responsabilidades.

Su mirada inquisitiva al papel de Corte, que se origina en los tribunales ad hoc creados para juzgar a los responsables de las atrocidades en Ruanda, Yugoslavia y Sierra Leona (antes de que la CPI existiera) la presenta como decadente. Como su reemplazo permanente, la CPI ha ganando autoridad como el tribunal apropiado de última instancia para tres grupos de delitos: crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y genocidio. Su historial en el manejo de los casos que ha procesado hasta ahora, estará bajo un escrutunio estrecho. 

Mientras tanto, la conferencia de Kampala también debe decidir qué hacer en referencia a un cuarto crimen que figura en el estatuto fundacional de la Corte en el Estatuto de Roma: la agresión. Una discusión que podría ahogar todo el trabajo útil que se ha estado preparando para mejorar el rendimiento de la CPI y alentar a más países a unirse.

sábado, 22 de mayo de 2010

Porqué Ottawa ignoró las advertencias del genocidio de Ruanda?

Nuevos documentos conocidos detallaban la crisis, pero se estrellaron contra la pared burocrática


Por Debra Black

Meses antes del genocidio de Ruanda de 1994, un flujo constante de mensajes detallados sobre las matanzas de tutsis fueron enviados a Ottawa por diplomáticos canadienses apostados no sólo en Ruanda sino también de Kenia y Tanzania.

Documentos no conocidos antes y obtenidos por The Star pintan un cuadro claro de tensión étnica generalizada en Ruanda en una espiral cada vez más profunda hacia la guerra, en los meses previos al genocidio de abril. Todo esto fue informado al el gobierno canadiense de ese entonces.

Télex de la misión canadiense en Kigali en febrero y marzo de 1994, informaron que la misión de la ONU en Ruanda tenía pruebas de la existencia de campos de entrenamiento de reclutas de la milicia y de una distribución masiva de las armas. El télex también advierte que ha habido muchas "muertes a bala" en las que los tiradores se alejan con impunidad.

Pero las advertencias nunca fueron más allá de la oficina para asuntos de África en Ottawa, en lo que entonces se conocía como el Departamento de Asuntos Externos.

jueves, 20 de mayo de 2010

El estado de agresión y la pasividad judicial.

Por Richard Goldstone

Cuando los Estados miembros de la Corte Penal Internacional se reúnan a finales del mes en Kampala, Uganda, para una conferencia de revisión del trabajo de la CPI, un asunto en la agenda será la reforma del estatuto del la Corte para permitirle el ejercicio de la jurisdicción sobre el crimen de agresión.  Este asunto fue aplazado cuando el estatuto de la CPI fue adoptado en 1998.  Basado en mi experiencia como fiscal internacional y hablando como un fuerte aliado de la CPI, creo que sería un serio error agregar el crimen de agresión a la agenda actual de la Corte.  El asunto debería ser aplazado de nuevo.

De cualquier manera, la Corte ha tenido un buen comienzo cuando ha generado un respaldo global y ha demostrado su potencial para tratar el problema de la impunidad oficial por crímenes internacionales serios. Sin embargo, también ha encontrado acusaciones de politización y todavía está aprendiendo, como institución, como ejercitar efectivamente su jurisdicción sobre el genocidio, crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra.

La experiencia del  Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia, que igualmente trató el genocidio. crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra, debería prender una alarma para los miembros de la CPI cuando debatan el asunto de agregar el crimen de agresión a su jurisdicción.

miércoles, 19 de mayo de 2010

Fue Núremberg una violación al principio de la legalidad?

Por: Marko Milanovic 

Traducido por Luis J. Leaño.

Esta es, en forma destacada, la cuestión surgida en la sentencia de la Sala General de la Corte Europea de Derechos Humanos en el caso de Kononov c. Latvia., App. No. 36376/04. En resumen, el demandante fue un antiguo partisano soviético condenado por una corte de Latvia por crímenes de guerra, porque durante la Segunda Guerra Mundial él y la unidad bajo su comando mataron a un grupo de pobladores en Latvia, que colaboraron con los Alemanes.  El caso generó muchos temas relacionados con la la ley de los conflictos armados, tales como el estatus de los combatientes y civiles, pero de manera más importante, trato el tema de la aplicación inter- temporal de la ley.  En esencia, lo que fue la ley en 1944 cuando el crimen atribuido fue cometido. 

La sentencia de la sala en favor de Kononov fue muy criticada por varias razones metodológicas, y no solo por el resultado último.  La Sala General revocó la sentencia de la Sala a favor de Latvia con una decisión que es técnicamente hablando, de mejor calidad. El resultado último del caso y algunas críticas que podría formularle a ciertos criterios expuestos por la Sala General, resulta muy interesante en la mayoría de sus aproximaciones básicas y en las amplias implicaciones que podría tener. 

lunes, 17 de mayo de 2010

La nueva guerra civil Española.


Un ataque legal contra el juez estrella de España, Baltasar Garzón, ha sido puesto en  marcha luego de sus intentos por investigar las muertes de la Guerra Civil Española.

Este artículo fue publicado originalmente en Los Angeles Times.

Durante años, los conservadores en España reaccionaron con enojo al ver como su juez más famoso, Baltasar Garzón, empujaba los límites del derecho internacional contra el ex dictador chileno Augusto Pinochet y los violadores de derechos humanos en otros países. Sin embargo, fueron incapaces de detenerlo. Cuando el juez estrella de España volvió su mirada a las atrocidades de la guerra civil española, unieron fuerzas con sus enemigos personales y muchos fueron tras él, acusándolo de abrir viejas heridas y violar la ley de amnistía de 1977. La semana pasada, un juez de la Corte Suprema decidió llevar el caso a juicio, y el Consejo General de la Judicatura optó por suspender a Garzón en una sesión de emergencia.

Desde el principio, el caso contra Garzón parece estar motivado por venganzas políticas y personales, y las recientes decisiones no son una excepción. A principios de la semana, Garzón pidió a las autoridades españolas un permiso de siete meses para trabajar como consultor de la Corte Penal Internacional en La Haya, presumiblemente como una medida alternativa para evitar la humillación de una suspensión. Pero el miércoles, un juez de instrucción de la Corte Suprema (y uno de los detractores de Garzón), repentinamente  ordenó que encara un juicio por proceder sin jurisdicción sobre los casos Guerra Civil Española. La orden de suspensión se produjo el viernes.

domingo, 9 de mayo de 2010

Kenia. Víctimas de violencia post electoral insisten en La Haya



Por Evelyn Njoroge y Radio Netherlands


NAIROBI, Kenia, 09 de mayo - El Fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI) Luis Moreno Ocampo, se reunió con 30 víctimas de la violencia post electoral de 2008, quienes sostuvieron que quieren ver los sospechosos juzgados en La Haya.

Ocampo dijo que la mayoría de las víctimas con quienes sostuvo una reunión de dos horas y media, creen que sólo se hará justicia si los autores intelectuales son enjuiciados en la Corte Penal Internacional.

"Fue interesante para mí. Le dije a las víctimas que existe la posibilidad de que haya jueces de Arusha, que está cerca y pueden ir a ver los procesos" ¿qué prefieren?. Todos ellos dijeron "La Haya", La Haya es el lugar de justicia ", dijo.

La solución Al Capone para el problema Blackwater

Por David Isenberg
Autor del libro "Shadow Force: Private Security Contractors in Iraq"


A pesar de años de discusión, el estado del marco jurídico para las compañías militares privadas no es claro. Esto se debe a una variedad de razones. El uso de leyes inaplicables, como aquellas para los mercenarios de estilo antiguo, cuestiones de jurisdicción, falta de recursos, y cuestiones de voluntad política.

Para tratar de aclarar el confuso statu quo jurídico, una serie de nuevas leyes y modificaciones a las leyes existentes, tanto nacionales como internacionales, han sido propuestas en los últimos años.  Algunas son indudablemente benéficas, mientras que otras todavía deberán ser examinadas por apelaciones inevitables.

Pero justo cuando uno piensa que todo lo que puede ser se ha propuesto, viene una idea nueva. En este caso la nueva idea es de André M. Peñalver, estudiante de la Escuela de Leyes de Cornell University.

Escribió en los temas actuales de la Cornell University Law Review:

A raíz de la tragedia de la Plaza Nisour, en el que diecisiete civiles iraquíes murieron como resultado de las acciones de Blackwater USA., un contratista de seguridad, los Estados Unidos se enfrentan a una laguna en su legislación penal. Mientras que los guardias responsables de Blackwater se enfrentarían a penas severas en virtud de la ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero para cualquier fraude contable cometido en el extranjero, no hay ninguna legislación sobre el delito obvio que abarcaría el acto de violencia sin sentido en la Plaza Nisour. Con el crecimiento de los contratistas militares específicamente y la propagación de la globalización en general, proliferan los actos de violencia corporativos.


Heridas abiertas



Por Jorge Restrepo.

La reaparición de las 'dos Españas' en torno a la investigación sobre víctimas del franquismo y ahora el proceso contra el juez Baltasar Garzón muestra cuánto pueden prolongarse guerras y postguerras civiles. Al desatar pleito entre denuncias de 13 asociaciones de herederos de víctimas y la ley de amnistía del 77, el magistrado celebridad mundial por encarcelar a Pinochet reabrió heridas mal cicatrizadas obligando a magistratura y opinión mundiales a pronunciarse. No es solo asunto legal, también el de si lo que llevó a la contienda española, se globalizó luego en la segunda guerra y prosiguió en la fría, siga encendiendo setenta años después una rivalidad al parecer hasta ahora inolvidable y que deja creer que no fue nimiedad lo que motiva conflictos todavía en tantas partes.

La cuestión inmediata es si leyes de olvido y amnistía cancelaron o dejaron pendientes reclamos de justicia que ponen después a explorar fosas comunes e identificar restos, a rebuscar desaparecidos e investigar crímenes impunes, sin embargo para algunos llamados de nuevo a la guerra y para otros imposibilidad de olvido y reconciliación sin verdad y reparación. Es el manejo del postconflicto, que experimenta Centroamérica y deberá afrontar Colombia en algún momento.

sábado, 8 de mayo de 2010

Admisibilidad de la prueba obtenida mediante tortura.



Estudio adelantado por David Hamer
Social Science Research Network Electronic Library

David Hamer es Profesor Asociado en las Facultad de Derecho de Sydney University.  Este estudio fue presentado en el Cardozo Law School en Enero de 2009.

Resumen

La tortura puede ser una técnica justificable en los casos de una bomba de tiempo, pero estos son demasiado improbables como para pedir una flexibilización de la prohibición de la misma. La tortura se utiliza sin justificación y los costos colaterales al darle aprobación oficial son demasiado grandes. Sin embargo, debe haber un margen de discrecionalidad para admitir la prueba obtenida mediante tortura en procesos penales. Esta admisión no debe ser tomada como una aprobación de la tortura, pero su exclusión radical constituye un obstáculo demasiado grande en el campo de la justicia penal.

1. Introducción

Desde los ataques terroristas contra los Estados Unidos el 11 de septiembre de 2001, la doctrina ha dado mucha consideración a la utilización de la tortura en la "guerra contra el terror". La mayoría han criticado el historial de la administración Bush, en particular, los sofismas del memo de Bybee y los abusos en Guantánamo, Abu Ghraib y en otros lugares. Sin embargo, algunos comentaristas han apoyado la tortura en un escenario de bomba de tiempo, para obtener información crucial y evitar un inminente ataque terrorista  catastrófico.

jueves, 6 de mayo de 2010

Quien inició la pelea?



Por: Noah Weisbord

The New York Times, Mayo 3, 2010

Hacer la guerra, tradicionalmente una prerrogativa de presidentes y príncipes, pronto puede convertirse en un crimen internacional. Los estados que han firmado su afiliación a la Corte Penal Internacional están próximos a adicionar la "agresión" a la lista de crímenes que la Corte estará facultada para enjuiciar al lado del genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra. Sería un cambio en las reglas de juego en la diplomacia internacional; pero junto con su promesa trae un gran riesgo. La idea de procesar al líder de un país por ordenar una guerra que viola la Carta de Naciones Unidas es atractivo, hasta que uno se imagina a su propio líder en el banquillo por una guerra que todos los compatriotas aceptan como de legítima defensa o de intervención humanitaria. Así como existen naciones terroristas, hay otras que luchan por la libertad; y la guerra justa de un Estado es destinada a ser la guerra injusta de otro. Sin embargo, tras una década de negociaciones, y contra todas las expectativas, la Asamblea de Estados Partes en la Corte Penal Internacional ha elaborado un proyecto.

Justicia Penal Internacional bajo presión.



Jueces y fiscales internacionales pretenden hacer todo lo posible para asegurar que la práctica del derecho penal internacional respete los principios fundamentales. En la práctica, sin embargo, estos principios a menudo ocupan un segundo lugar frente a las nociones de los derechos humanos y humanitarios.

Por Stuart Heikelina Verijn

El principio de culpabilidad, que garantiza que las personas son responsables de las acciones por las cuales tienen responsabilidad personal, fue enfáticamente acogido por los jueces en el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia (TPIY) en su primer veredicto. Se hizo eco del principio de los jueces de Nuremberg: "la culpabilidad penal es personal". El principio de nullum crimen - el principio de que antes de que los procesos sean posibles debe haber una ley escrita  - ha sido enfáticamente identificado como el punto de partida del derecho penal internacional. Los jueces del TPIY en el juicio Celebici lo consideraron como un pilar sólido. "Y el tercer principio, de tipicidad - la descripción clara del crimen y la calificación que arroja como resultado la posibilidad de que el sospechoso sea procesado y potencialmente condenado por hechos delictivos que coinciden con su comportamiento -, fue adoptado igualmente como punto de partida por el TPIY.

Kampala es anfitrión de la reunión de la CPI.


Por:  Judie Kaberia 

El Director de la Secretaría de la Asamblea de los Estados Partes de la CPI,  Renan Villacís dijo el miércoles que la conferencia que se iniciará a finales de este mes verá varias enmiendas al Estatuto de Roma y una revisión de la justicia y los delitos internacionales.

"La Asamblea decidió que la conferencia de revisión se celebrarán desde el 31 de Mayo, hasta el 11 de Junio, para examinar las enmiendas al Estatuto de Roma y un balance de la justicia penal internacional", dijo.

El Estatuto de Roma es el tratado adoptado en 1998 durante una conferencia en la que 160 Estados crearon la Corte Penal Internacional.

Kenia: Equipo de investigación de la CPI inicia trabajos.


Un equipo de avanzada de La Haya llega para sentar las bases para las investigaciones sobre la violencia postelectoral.

Los agentes de la Unidad de Promoción de la Corte Penal Internacional, con base en Uganda, llegaron ayer para preparar las reuniones con los grupos que jugarán un papel en las investigaciones.

El fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI) Luis Moreno-Ocampo es esperado en el país el sábado.

El equipo de avanzada, entre otras cosas, hará citas con funcionarios clave del gobierno, incluido el Presidente Kibaki y el primer ministro Raila Odinga.