"Cualquier recurso a la guerra, a cualquier tipo de guerra, es un recurso a medios que son inherentemente criminales. Guerra, inevitablemente, es un curso de asesinatos, asaltos, privaciones de la libertad, destrucción de la propiedad.

"


Robert Jackson

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sábado, 26 de junio de 2010

Consejo de Derechos Humanos de la ONU: No ve el mal, no oye el mal.


Deberíamos honrar a la BP por su protección al medio ambiente. En el entretanto, podemos nombrar a Jack el Destripador en la Comisión para la Protección de la Mujer, y designar a la Philip Morris como asesor especial sobre la salud pulmonar. Esto es posible cuando Irán se une al Grupo de las Naciones Unidas sobre los derechos de la mujer. Todo esto tendría sentido si seguimos el ejemplo del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, una de las organizaciones más sorprendentes que ha ideado el mundo bajo el paraguas de la ONU.

Escrito por Frida Ghitis

El Consejo funciona como una parodia de sí mismo, como si hubiera sido diseñado por un equipo de comediantes escribiendo teatro del absurdo. La realidad, sin embargo, es que el CDH es un desastre que requiere una actuación decidida de los países que realmente valoran los derechos humanos, especialmente los EE.UU.

El CDH de las Naciones Unidas de hoy se erige como uno de los mayores obstáculos que impiden la protección de los derechos humanos por parte de la comunidad internacional. La organización es una burla a los sufrimientos de las víctimas de violaciones de derechos humanos, glorificando a sus torturadores y privando a las víctimas de una voz de protección desesperadamente necesaria. La obscenamente disfuncional CDH ha eliminado del arsenal de la civilización una herramienta crítica contra los regímenes que brutalizan a sus pueblos. Y ahora, añadido a su rendimiento deslumbrante en la esfera de los derechos humanos, el Consejo está desarrollando su magia contra la libertad de prensa.

La pregunta ahora es ¿qué hace el gobierno de Obama - y las naciones democráticas del mundo que piensan hacer acerca de esta llaga que supura en el cuerpo de la principal organización internacional del mundo?

lunes, 14 de junio de 2010

La agresión es finalmente un crimen. Pero... cómo se castiga?



Por Chandra Lekha Sriram


guardian.co.uk, Lunes 14 de Junio de 2010. 


El crimen de agresión fue discutido en la conferencia de revisión de la Corte Penal Internacional, a la que asistí en Uganda la semana pasada. 


Esto me recordó la descripción clásica del negociar político de Estados Unidos: Es como ver cocinar salchichas. Muchas opciones fueron cortadas y picadas, algunas veces más allá del reconocimiento, pero el resultado no fue necesariamente atractivo.


 El coordinador del grupo de trabajo sobre la agresión, el príncipe Zeid de Jordania, quiso encontrar el consenso, o al menos promover el compromiso entre Estados parte divergentes y Estados no- parte.  A medida que el debate avanzaba, las discusiones en la plenaria fueron repetidamente suspendidas para facilitar negociaciones bilaterales y multilaterales. Las sesiones plenarias duraron más allá de la medianoche del Jueves y Viernes, arrojando un acuerdo final en la mañana del sábado. 


En definitiva, el resultado fue una definición del crimen, pero no un mecanismo operativo para castigarlo. 


Los riesgos no podrían haber sido más altos en las discusiones que podrían dar lugar a la adición de la agresión a la lista de crímenes sobre los cuales la Corte puede ejercer su jurisdicción.


A raíz de la guerra en Irak, las invasiones de Uganda y Ruanda de la República Democrática del Congo y el uso de aviones no tripulados de EE.UU. en Pakistán, los riesgos políticos son altos y evidentes. Si la definición de agresión hubiera existido antes de la guerra de Irak de 2003, la sátira acerca del juicio a Tony Blair podría haber estado cercana a la realidad. 


Sin embargo, la discusión en Kampala oscureció la importancia de considerar la agresión, en una lenta y compleja deliberación de lo que parecen ser asuntos técnico legales.  Sorpresivamente, hay un relativamente robusto consenso relativo a los elementos del crimen de agresión, un crimen que ha desafiado la definición de abogados y diplomáticos por décadas.  El debate real se realizó sobre dos asuntos relacionados: la aplicación de modificaciones al estatuto de la CPI relativo al crimen de agresión, a los Estados  que no lo han aceptado, y a los factores desencadenantes y los filtros para remitir acusaciones por dicho crimen a la CPI. 


Con relación a los factores desencadenantes y los filtros. Los otros crímenes en el estatuto de la CPI pueden ser referidos a la Corte de tres maneras: A través del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, por referencia de los Estados parte y, a través del ejercicio de los poderes del fiscal, motu propio. Los jueces de la sala de cuestiones preliminares actúan entonces como un filtro, para determinar si una investigación debe ser autorizada. 


El procedimiento para referir el crimen de agresión fue un tópico de significante debate en la conferencia. No sorprende la posición  de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU, incluyendo los Estados Unidos, un Estado no parte pero que interviene como un participante vocal en los debates, que propendía porque el Consejo de Seguridad fuera el único órgano con capacidad para referir. 


En marcado contraste, muchos países en vía de desarrollo y no alineados, refiriéndose a sus historias de colonialismo y recientes violaciones de soberanía, prefirieron desencadenadores adicionales y filtros en vez de depender de la sola voluntad del Consejo de Seguridad. Inicialmente, no solamente la acusación por los Estados parte y la iniciación de causas a iniciativa del fiscal, sino también la acusación de otros órganos como la Asamblea General de la ONU y la Corte Internacional de Justicia estuvieron bajo discusión, pero estos últimos desencadenadores  fueron objeto de controversia.


La resolución que aprobó las modificaciones del estatuto el sábado pasado incluyó el envío del asunto por el Consejo de Seguridad de la ONU, por un Estado parte o la iniciación de la causa a instancia del fiscal, pero la resolución otorga efectivamente una prioridad al Consejo de Seguridad, en la medida en que otros modos de remisión solo pueden ser efectivos si el Consejo de Seguridad no toma una determinación relativa a la agresión dentro del término de seis meses posterior a la notificación al Consejo de una posible situación susceptible de investigación. 


El escollo final fue un problema técnico aparentemente misterioso:  cuándo debería cualquier modificación al estatuto, incluyendo la definición de, y el mecanismo para investigar el crimen de agresión entrar en vigor, y por quien?.   Este fue por supuesto un asunto serio, relacionado no solamente con el consentimiento del Estado sino también con lo que constituye un valor precioso de los  Estados nacionales: la soberanía de Estado. 


En pocas palabras, la disputa se refiere a si las modificaciones al estatuto relativas al crimen de agresión entran en vigor inmediatamente para la Corte, para los Estados que han aceptado las modificaciones  y, de manera crucial, para los Estados parte que no han aceptado las modificaciones. 


En el lenguaje de la Conferencia:  “Qué pasa con los Estados agresores que no han aceptado las modificaciones?  Pueden sus funcionarios ser acusados de agresión si el Estado victima las ha aceptado?


La resolución final modifica el estatuto permitiendo a los Estados parte expedir una declaración por la cual indican que no aceptan las modificaciones  relacionadas con el crimen de agresión. No existirá una posibilidad de ejercer jurisdicción sobre los ciudadanos de los Estados no parte por actos de agresión cometidos en su territorio cuando la remisión es hecha por otro Estado parte o motu propio (por el fiscal).  Sin embargo, el Consejo de Seguridad podría referir un caso de agresión cometido por un ciudadano de un Estado no parte, tal y como se ha hecho con relación a los crímenes presuntamente cometidos en Darfur, que posibilitaron la acusación contra el presidente de Sudán, Omar al-Bashir.


Quizá inclusive de una manera más problemática, los términos que aseguran que gran parte del debate sostenido en Kampala se revisará en siete años. La resolución prevé que la Corte tendrá jurisdicción sobre actos de agresión sujeto a la decisión que se tomará después del primero de junio de 2017.  Esto quiere decir que mientras que por una parte tenemos una definición del crimen de agresión,  la jurisdicción sobre este delito se pospone  para una decisión futura.  Esto quiere decir que tenemos un crimen sin ningún medio  para castigarlo ante la CPI. 


Al final de la conferencia muchos delegados se pusieron de pie y aplaudieron, y la publicidad de la Corte expone la decisión como un triunfo.  En tanto que el consenso para definir la agresión es realmente un avance,  no es muy claro lo que debe celebrarse de esta resolución. 

domingo, 13 de junio de 2010

Estados parte de la CPI alcanzan un acuerdo sobre el crimen de Agresión.



KAMPALA — Los Estados miembros de la Corte Penal Internacional acordaron el Viernes agregar el crimen de agresión a la lista de ofensas enjuiciables por la Corte, y lograron un compromiso sobre la manera como tal ofensa podría ser referida a la Corte.

Sin embargo, el nuevo acuerdo no podría entrar en vigor sino hasta el 2017.

La enmienda establece que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas mantendrá la responsabilidad primaria al determinar si un acto de agresión ha ocurrido.

Si el Consejo de Seguridad no toma acción, el Fiscal de la Corte Penal Internacional o un Estado Parte podrían iniciar un caso de agresión.

La enmienda faculta al Consejo de Seguridad para parar un caso de agresión iniciado por el Fiscal o por un Estado Parte, mediante la expedición de una resolución al efecto.

Tal resolución necesitaría ser renovada cada 12 meses a fin de que el enjuiciamiento no se lleve adelante.

El politizado nuevo delito de Agresión


Por Muyita Salomón, Ismail Galería Musala y Izama Angelo 

El uso de la violencia por un Estado contra otro es ahora un crimen que puede ser juzgado por la Corte Penal Internacional después de que los delegados, a raíz de un acuerdo de consenso, lo incluyeron en el Estatuto de Roma el viernes por la noche.

El acuerdo, que fue inmediatamente descrito como anti-clímax por grupos de derechos humanos, ya que se muestra suave con las grandes potencias, fue alcanzado a las doce y media después de casi quince días de batallas diplomáticas. Esto significa que el uso de la fuerza en violación de la Carta de las Naciones Unidas como lo es una invasión, un bombardeo, un bloqueo o cuando un país permite a otro Estado utilizar su territorio para atacar a un tercer país, es ahora un crimen.

La decisión abre la puerta a los procesos individuales de la Corte establecida en 2002, por un cuarto crimen. Los otros crímenes son genocidio, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad.

Reunión exitosa

"Estamos contentos con los resultados dada la divergencia de opiniones, en virtud de la circunstancia de que fue lo mejor que pudimos conseguir, y Kampala será conocida por este momento histórico", dijo el embajador Mirjam Blaak uno de los principales organizadores de la reunión de Uganda.

viernes, 4 de junio de 2010

El indefinido crimen de agresión: Los Estados Unidos y la Corte Penal Internacional.



Por Jared Huntington

"Es la intención de los Estados Unidos regresar a la relación con la Corte Penal Internacional."  - Stephen Rapp - EE.UU. Embajador en Misión Especial para Asuntos de Crímenes de Guerra

A pesar del precedente de dos administraciones presidenciales anteriores y la voluntad del Congreso, la Administración Obama está haciendo caso omiso a los deseos de los americanos como que su gobierno ha prometido un nivel sin precedentes de cooperación entre los EE.UU. y la Corte Penal Internacional. La Corte Penal Internacional ejerce una jurisdicción supranacional y el punto de vista de la Corte siempre prevalece, incluso sobre la objeción de los Estados Partes. Desde mayo 31 a junio 12 la Asamblea de los Estados Partes se reunirán en Kampala, Uganda, para la primera conferencia de revisión de la Corte. En Kampala los delegados revisarán cuidadosamente los logros de la Corte y considerarán varias reformas al Estatuto de Roma, que estableció la Corte Penal Internacional.

La enmienda más controvertida es la que tiene que ver con el delito de agresión. Debido a la ausencia de controles y equilibrios en el Estatuto de Roma, la Oficina del Fiscal podría lanzar fácilmente una investigación politizada contra los EE.UU. sobre la base de que los EE.UU. han cometido el delito de agresión. Una definición amplia de la agresión, que se está estudiando, junto con la jurisdicción de los tribunales sobre todos los Estados, independientemente de que sean Estados Partes en el Estatuto de Roma, presentaría una grave amenaza para la soberanía estadounidense y la seguridad nacional. La soberanía americana y la excepcionalidad enfrentan la principal amenaza de la CPI, junto con su propuesta del crimen de agresión y con la investigación en curso en los tribunales sobre las acciones de la OTAN en Afganistán.  Los EE.UU. deben continuar con su oposición a esta institución supranacional.

A un lado del debate están los que creen que la Constitución de los Estados Unidos es la ley suprema del país, que el poder judicial de los EE.UU. corresponde a nuestros tribunales y que la autoridad no puede ser despojada. En el otro lado del debate están los transnacionalístas que defienden la creencia de que los EE.UU. deben ceder nuestra soberanía política, económica y militar a una maquinaria internacional inherentemente anti- americana. Estos transnationalistas se adhieren estrictamente a la creencia de que estas instituciones internacionales, como la Corte Penal Internacional, debe prevalecer sobre la soberanía nacional. La administración del presidente Obama, liderada por Harold Koh, Stephen Rapp y Hillary Clinton, ha declarado sus intenciones de llevar a Estados Unidos por el camino del transnacionalismo y abandonar el ideal del excepcionalismo estadounidense.  Esto es evidente a través de sus comentarios recientes y de los esfuerzos para integrar a los EE.UU. a un arreglo amistoso con la CPI.

miércoles, 2 de junio de 2010

Anmistía internacional: La brecha en la justicia social condena a millones a sufrir abusos


A pesar de que 2009 fue un año histórico para la justicia internacional, la política del poder está agravando la brecha en la justicia global, ha afirmado hoy Amnistía Internacional en su valoración anual de la situación de los derechos humanos en todo el mundo.

En la presentación del Informe 2010 de Amnistía Internacional: El estado de los derechos humanos en el mundo, que documenta abusos en 159 países, la organización ha afirmado que gobiernos poderosos están bloqueando los avances en la justicia internacional al actuar por encima de la ley con respecto a los derechos humanos, proteger a sus aliados frente a las críticas, y tomar medidas sólo cuando les conviene políticamente.

“En la brecha de la justicia global prosperan la represión y la injusticia, y millones de personas se ven condenadas a abusos, opresión y pobreza”, ha afirmado Claudio Cordone, secretario general interino de Amnistía Internacional.

“Los gobiernos deben garantizar que nadie está por encima de la ley y que toda persona tiene acceso a la justicia por todas las violaciones de derechos humanos. Mientras los gobiernos sigan subordinando la justicia a los intereses políticos, la mayor parte de la humanidad seguirá viviendo con miedo y sufriendo necesidades.”

Amnistía Internacional ha pedido a los gobiernos que garanticen la rendición de cuentas por sus propias acciones, ratifiquen el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional y garanticen que los crímenes de derecho internacional pueden ser enjuiciados en cualquier lugar del mundo. También ha afirmado que los Estados que reclaman el liderazgo global, como los del G-20, son especialmente responsables de dar ejemplo.

Ataque Israelí contra convoy naval de ayuda humanitaria.




La autodenominada 'flotilla de la libertad', que se proponía llegar a la Franja de Gaza con 10 mil toneladas de ayuda humanitaria para los palestinos, fue interceptada por un comando de la marina israelí el lunes de madrugada dentro de un operativo que concluyó con la muerte de nueve personas y que dejó un saldo de 38 heridos, siete de ellos soldados israelíes.

El 29 de Mayo pasado la “flotilla de la libertad” se reunió en Chipre y partió hacia Gaza. Estaba compuesta por seis barcos que transportaban 750 activistas de 60 nacionalidades y algo así como diez mil toneladas de ayuda humanitaria. Las autoridades israelíes habían advertido que no permitirían el desembarco.  El 31 de mayo a las cuatro de la mañana, dos helicópteros con comandos especiales del ejército israelí interceptaron la flotilla.

A 38 kilómetros de la costa de Israel, todavía en aguas internacionales, los comandos especiales que iban a bordo de los helicópteros y de lanchas, asaltaron el Mavi Marmara, el navío más grande del grupo.  El ataque provocó la muerte de nueve personas y heridas a varias otras decenas.