"Cualquier recurso a la guerra, a cualquier tipo de guerra, es un recurso a medios que son inherentemente criminales. Guerra, inevitablemente, es un curso de asesinatos, asaltos, privaciones de la libertad, destrucción de la propiedad.

"


Robert Jackson

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sábado, 24 de septiembre de 2011

Reflexiones sobre el Estatuto de Roma.


Por Luis J Leano


La prohibición del genocidio y de crímenes contra la humanidad es una cuestión, en este momento, de derecho internacional consuetudinario, al menos en las formas más comunes de estos delitos.  Mantener lo contrario es negar los efectos de los tribunales militares internacionales, y de otros cuerpos de similar naturaleza,  establecidos por los poderes aliados al final de la Segunda Guerra Mundial, y de otros desarrollos de derecho internacional humanitario desde mediados del siglo XX al presente.

En cuanto a las leyes de la guerra, las Convenciones de Ginebra de 1949 no imponían la ley por primera vez. Hubo antecedentes que de ninguna manera demeritan la significancia de los documentos de 1949 y sus protocolos.  Los juicios ante la Corte, bajo el Estatuto de Roma, están cubiertos por la regla de jurisdicción de la "ratione temporis", la cual implica  que solamente aquellos delitos cometidos luego de que el Estatuto entre en vigor, pueden ser objeto de jurisdicción por parte del alto tribunal.  Lo cual no quiere decir que alguien no pueda ser procesado por genocidio, crímenes contra la humanidad o crímenes de guerra. El Tribunal Internacional para Ruanda y el Tribunal Internacional para la antigua Yugoslavia, - cuerpos ad hoc establecidos por resolución del Consejo de Seguridad-, procesan y han procesado acusados  por estos crímenes.  Las leyes que rigen en esos casos son las convenciones existentes y los estatutos de esas cortes.    Estos últimos deben, para evitar asuntos jurisdiccionales "ratio temporis", ser dependientes de la ley internacional al tiempo de la comisión de los supuestos crímenes.

 En estricto sentido, la Corte Penal Internacional no es un instrumento o una agencia de las Naciones Unidas.  Esto es lo que la distingue de la Corte Internacional de Justicia que es un brazo judicial de las Naciones Unidas. Por otra parte, mientras que solo los Estados Parte pueden ser litigantes ante la Corte Internacional de Justicia, la persona llevada ante la Corte Penal Internacional es acusado por cuenta de sus actos personales.  Sin embargo, el Estatuto deja en cabeza del presidente de la Corte, a través de una cuerdo con la Asamblea de Estados Parte, la facultad de imponer a la Corte una relación con las Naciones Unidas.  De hecho, inclusive sin esta provisión, es claro que la Corte Penal Internacional está relacionada con las Naciones Unidas: El Consejo de Seguridad puede referir casos al Fiscal para investigación; el Consejo puede también  pedir el aplazamiento de una investigación o un juicio.

El hecho de ser un Estado Parte de la CPI no implica que todos los habitantes de un territorio y al alcance de los propios procesos legales, que podrían ser responsables por los crímenes definidos y penalizados por el Estatuto, deban ser entregados a la Corte. La CPI opera bajo el principio de la complementariedad: La jurisdicción de la Corte no puede ser invocada cuando el Estado que tiene jurisdicción sobre el acusado quiere y es capaz de procesar los atentandos que tienen el alcance de ofensa contra la humanidad en su conjunto.

Uno de los efectos de Estatuto es traer el discurso de la ley en situaciones de Guerra, sistemáticos y organizados atentados a la dignidad  humana y asaltos a etnicidad, raza y religión. La Guerra  ha cesado de ser un “juego de Generales”.  Se ha convertido también en una preocupación de juristas.   A partir de entonces, en los habitáculos de crisis de los poderes mundiales, e incluso, de los no tan poderosos que resultan atrapados en guerras, abogados y profesores deben tener voz y deben ser oídos.   Como en todas las leyes penales, las provisiones del Estatuto apuntan a los ideales de la vida, que tradicionalmente  han sido llamados “valores” de la comunidad internacional, entre ellos la integridad racial, étnica, religiosa y nacional de los grupos.   En un mundo globalizado donde Facebook, Twitter y un intercambio internacional sin trabas hace ver como impertinentes las alianzas locales y regionales, esos grupos resultan protegidos.   De otra parte, debería anotarse que otros grupos estables organizados que se encuentran más allá de la enumeración en la cláusula de genocidio del Estatuto de Roma, deberían ser objeto de protección.  Obviamente, gays y lesbianas deberían calificar como un grupo objeto de protección bajo la rendición a la ley humanitaria internacional.

Crímenes contra la humanidad son atentados en contra de las personas. Son ataques sistemáticos y generalizados contra la población civil.  Lo que se criminaliza es la flagrante transgresión  de la dignidad de los seres humanos.  Ello no solamente implica que tenemos un concepto de la dignidad humana, sino que la hemos tenido desde el momento en que emergió el homo sapiens.  Tenemos un concepto susceptible de definción juridica que permite la acusación y la acción judicial.  Obviamente que es una construcción ideológica y como tal, un producto de nuestros marcos de pensamiento.  Pero el concepto de “dignidad humana”  parece ser un concepto tan elemental, tan básico e insistente, que donde exista un desacuerdo sobre lo que exactamente constituye, difícilmente  admite contradicción al hecho de que debe ser protegida y que actos como la tortura sistemática y generalizada, la violación o el pillaje, constituyen atentados contra ella. 

viernes, 23 de septiembre de 2011

La CPI se hace la de la vista gorda frente a los crímenes de los occidentales.

Posted by AGENCE FRANCE PRESS on September 23, 2011




NACIONES UNIDAS, 23 de septiembre - El lider de Zimbabwe, Robert Mugabe, acusó abiertamentea la Corte Penal Internacional el jueves de hacerse la de la "vista gorda" ante los crímenes cometidos por los líderes occidentales.


Mugabe, de 87 años, dijo a la Asamblea General de la ONU que la CPI no tiene ninguna credibilidad en África.


"Parece que el tribunal  existe únicamente para los presuntos autores de los países en desarrollo, la mayoría de ellos africanos", dijo.


"Los líderes de los estados poderosos del oeste, culpables de crimenes internacionales, como Bush y Blair, son rutinariamente tratados con ojo ciego.  Tal justicia selectiva ha erosionado la credibilidad de la Corte Penal Internacional en el continente africano. "

George W. Bush, el ex presidente de EE.UU., y el ex-primer ministro británico Tony Blair han enfrentado críticas de activistas por su papel como arquitectos de la invasión de Irak en 2003.


La Corte Penal Internacional ha emitido acusaciones contra el presidente de Sudán, Omar al-Bashir, por genocidio en Darfur.  El ex hombre fuerte de Libia, Muammar Gadafi también es buscado por la CPI. Los países africanos suelen criticar el enfoque en su continente.


Mugabe también criticó los ataques aéreos de la OTAN en Libia, justificados por resoluciones de la ONU sobre protección de civiles después de la redadas de Kadhafi en las protestas.


"Ayer fue Irak y Bush y Blair fueron los mentirosos y los agresores, ya que hicieron acusaciones infundadas de posesión de armas de destrucción masiva", dijo el líder de Zimbabwe.


"Esta vez son los países de la OTAN (que son) los mentirosos y los agresores, ya que en forma similar hacen acusaciones sin fundamento sobre destrucción de vidas de civiles por Gadafi."

El adiós a la Jurisdicción Universal


Por LAWRENCE DAVIDSON 

SEPTEMBER 23, 2011


Primera Parte. La erosión de la jurisdicción universal. 

En Febrero de 2011 se hizo un análisis sobre el tema de la jurisdicción universal. Este es el primer parágrafo del documento:

“Uno de los actos realmente progresivos al final de la segunda guerra mundial fue el establecimiento del principio de la jurisdicción universal. La jurisdicción universal es el proceso legal que permite a los Estados signatarios de varios tratados internacionales y convenciones (tales como la Convención de Ginebra) para perseguir a los supuestos violadores de esos tratados, inclusive cuando esas violaciones son cometidas fuera de las fronteras del país. La situación es particularmente cierta si pudiera ser demostrado que el país de origen del acusado no tiene intensión de procesar al violador por la supuesta ofensa. La suposición detrás del principio es que el delito cometido es de tal magnitud como para ser considerado como un crimen contra la humanidad en su conjunto. A la realidad del holocausto Nazi y otros crímenes contra la humanidad, la jurisdicción universal fue aceptada como un paso legal positivo para casi todas las naciones occidentales.” 

Han transcurrido 66 años desde el final de la Segunda Guerra Mundial y la memoria de los campos de concentración se ha desvanecido (excepto cuando se ha invocado como una herramienta política por los Sionistas). Los subsecuentes holocaustos en Camboya, Ruanda y Bosnia han sido suficientes para mantener el asunto de los crímenes contra la humanidad como un tema central en las mentes gubernamentales de los grandes poderes. El hecho histórico es que tales crímenes cometidos en los bordes del mundo europeo o más allá, no han sido nunca vistos con la misma simbólica importancia como se vieron con el holocausto Nazi. Y de esta manera cesamos de prestar atención. Esto permitió la erosión de las salvaguardas contra esos crímenes, tal como la jurisdicción universal.
 

Ahora tenemos la prueba de este proceso de erosión. En Septiembre 15 de 2011, la Gran Bretaña cambió sus leyes de jurisdicción universal para permitir al gobierno, en la persona del Director de Acusaciones Públicas, vetar cualquier orden de arresto de un juez británico que referencie el
 asunto de la jurisdicción universal. Lo que esto quiere decir que cuando crímenes contra la humanidad son cometidos por representantes de un poder amigo de la Gran Bretaña, el gobierno puede negar cualquier riesgo de arresto para aquellas personas, mientras visiten el suelo Británico. Esta se convierte en la respuesta del gobierno Británico para las órdenes expedidas para el arresto de personajes israelíes tales como el antiguo ministro de relaciones exteriores Lzipi Livni en 2009. Las leyes Británicas de Jurisdicción Universal existen por virtud del hecho de que la Gran Bretaña es signataria del la Cuarta Convención de Ginebra, pero esto no parece importar mucho. En nombre de las amigables relaciones con Israel, el gobierno Británico prefiere renunciar a sus obligaciones bajo la superflua ley internacional. 

Por supuesto que el gobierno Británico no explica sus acciones de esa manera. El Secretario de Justicia Kenneth Clarke insiste en que el gobierno es “consiente acerca de sus obligaciones internacionales”. Este cambio en las leyes ha sido diseñado simplemente para “asegurar… que los casos de jurisdicción universal son procesados sobre la base de una sólida evidencia que probablemente llevará a una exitosa acusación.” El hecho de que los crímenes israelíes contra los Palestinos están dentro de los mejor documentados, parece no ser parte del mundo judicial de Clarke. Ciertamente, de acuerdo con Matthew Gould, embajador británico es Israel, las órdenes de arresto contra israelíes por crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad son solamente “abusos” del sistema judicial británico llevados a cabo por “razones políticas”.
 

Segunda Parte - Estándares dobles

En verdad, lo que el gobierno británico ha hecho es institucionalizar los dobles estándares. Imagínense lo que pasaría si el jefe de las Brigadas de Izz ad-Din al-Qassem Brigadas (ala militar de Hamas) volara al aeropuerto de Heathrow para ver a algún amigo enfermo. Los sionistas británicos tendrían a un juez expidiendo una orden en una hora y el gobierno británico la haría cumplir sin lugar a dudas. Ahora imagine que en la misma época el general israelí Yoav Galant llegara al mismo aeropuerto.  Galant fue el Jefe del Estado Mayor israelí durante la Operación Cast Lead y públicamente declaró que la operación convirtió a Gaza en una "zona de entrenamiento ideal" para probar nuevas armas que fueron a menudo prohibidas bajo el derecho internacional. Con esta nueva calificación de la ley de justicia universal, nada le pasaría a Galant. Y ese doble rasero está absolutamente en su lugar "por razones políticas".

Este es un precedente funesto porque casi con seguridad, otros países seguirán el ejemplo británico. Sin embargo, este no es el único caso de erosión del derecho internacional. El derecho internacional referenciado al comportamiento en alta mar ha sido recientemente puesto en tela de juicio y supongo quien obligó la cuestión. Israel otra vez. Es un hecho que todas las grandes potencias y la ONU,  se mostraron dispuestos a dejar que los israelíes atacaran a un buque turco desarmado en aguas internacionales y mataran a nueve pasajeros. Sólo Turquía ha adoptado una posición de derecho internacional. Luego está la corrupción de Estados Unidos a la Corte Penal Internacional (véase mi análisis "Derecho Internacional y el problema de ejecución", publicado el 4 de junio de 2011) y, finalmente, el uso repetido de un veto de EE.UU. en el Consejo de Seguridad para proteger a su aliado -Israel -cuando ese país viola el derecho internacional por el traslado de su propia población al territorio ocupado y comete a diario crímenes contra los palestinos.


Conclusión 


Ese es el poder de la soberanía. Si Saddam Hussein, como un aliado de EE.UU., se hubiera limitado a matar a los kurdos iraquíes y chiíes por decenas de miles, nadie hubiera intervenido. Sin embargo, en ambos casos los dictadores cometieron el error de provocar la ira de las grandes potencias al cruzar la frontera por razones distintas de la flagrante defensa propia. Ahora los israelíes han demostrado que este criterio (apegarse al territorio para hacer la matanza) es arbitraria. Ellos cruzan las fronteras todo el tiempo (como lo hace su patrón de gran poder). Mi conjetura es que, a diferencia de Iraq, los israelíes podrían haber invadido Kuwait y se hubieran salido con la suya! Esto se debe a que son algo más que protegidos por los Estados Unidos. Washington no controla a su aliado, el aliado controla Washington. Organizaciones israelíes como el AIPAC controlan el flujo de información relevante y dictan la política del Medio Oriente al gobierno de "mayor poder en la tierra." Es por eso que las resoluciones conjuntas, una ovación de pie a Netanyahu y proclamas estúpidas como "Israel tiene el derecho de anexionarse Cisjordania" fluyen ininterrumpidas en los pasillos del Congreso.

Es extraño. Lo único que se interpone entre todos nosotros y el próximo holocausto es el derecho internacional y las provisiones de tratados, como el de la jurisdicción universal. Pero a quién le importa? No precisamente a los gobiernos de EE.UU. o de la Gran Bretaña, ni a los sionistas. No. Se desvanece la memoria y el doble rasero es, después de todo, un ser humano universal fallido.  Por lo tanto, es sólo cuestión de tiempo antes de que todo suceda de nuevo. No en un lugar lejos, como en los Balcanes o en África o el Lejano Oriente, sino una vez más aquí en Occidente. Como si nunca el desastre civil de la Segunda Guerra Mundial hubiera acontecido.


*
 Lawrence Davidson es profesor de historia en West Chester University. Es autor de varios libros incluhyendo,  Islamic Fundamentalism and America's Palestine: Popular and Official Perceptions from Balfour to Israeli Statehood.

jueves, 22 de septiembre de 2011

Reconocimiento de un Estado palestino, ¿una amenaza para Israel?


Por: ANTONIO ALBIñANA


 22 de Septiembre del 2011. EL TIEMPO. COLOMBIA.


Mahmoud Abbas solicitará este viernes a la ONU reconocimiento de Palestina, pese al pedido de Obama.


"El Estado de Israel está en peligro (...), el principio de inmovilismo en materia de paz con los palestinos ha tenido ya efectos devastadores (...), pronto seremos despertados de nuestro gran sueño por una enorme conflagración". El editorialista del influyente diario de Tel Aviv Haaretz (El País), Yöel Marcus, advertía, con la mirada puesta en los debates de la ONU previstos para la sesión de este viernes: "(...) se extiende el sentimiento de que regresa el terrorismo, mientras la comunidad internacional nos reprocha no haber aprovechado el tiempo para llegar a un acuerdo con los palestinos".


Hay miedo en Israel por los motivos más dispares, en vísperas de que Naciones Unidas adopte una decisión sobre Palestina. De los colonos, cerca de 500.000, que han ocupado en los últimos años tierras palestinas en Cisjordania, porque piensan que se inicia la cuenta regresiva para su desalojo. De las fuerzas vivas, porque ven a Israel encausado ante una Corte Penal Internacional (que no reconoce) con sanciones que pueden arruinar al país. De la ciudadanía, que vive en un escenario cotidiano de violencia de baja intensidad, por la posible actuación de yihadistas de toda laya, manipulados por Irán o por Al Qaeda.


El veto anunciado de Estados Unidos, determinante en el Consejo de Seguridad, excluye de entrada el reconocimiento de Palestina como un Estado de pleno derecho, aunque lo que se trataría en ese caso no sería más que de dar paso al cumplimiento de la Resolución 181 de 1948, de la propia ONU, que acordó la partición de Palestina en dos Estados, uno árabe y otro judío. Aquella vez, los palestinos no aceptaron y se enfrascaron desde entonces en una serie de guerras, todas perdidas. 


Como señala el analista británico Robert Fisk (The Independent), el mejor experto en Próximo Oriente: "La creación del Estado de Israel pudo haber sido injusta (como lo demuestra la diáspora palestina), pero fue legal. La ONU confirió legalidad a Israel y EE. UU. fue el primero en votar por su creación. Ahora, por una ironía suprema de la historia, es Israel el que quiere impedir que la ONU confiera a los árabes palestinos su legitimidad, y EE. UU. será el primero en vetarla". 


Después de que el representante palestino, Mahmud Abbas, anunció el pasado jueves, antes de salir de Ramala, que pasaría la petición de reconocimiento por el Consejo de Seguridad antes de llevarla a la Asamblea General de la ONU, el final de un proceso aún incierto está ya anunciado: en un plazo más o menos inmediato, Palestina pasará del estatuto de 'organización observadora' al de 'Estado no miembro', lo que le permitirá formar parte de todas la agencias de Naciones Unidas y negociar de Estado a Estado con Israel, que se resiste obstinadamente a cualquier reconocimiento de su vecino.


Para muchos observadores, amigos o con excelentes relaciones con los israelíes, y para muchos sectores judíos, el reconocimiento de Palestina como Estado será beneficioso para Israel. Javier Solana, ex secretario general de la Otan, ha llamado a los europeos a votar unánimemente a favor, no solo para rentabilizar el millón de euros que Europa gira cada año para la viabilidad palestina, sino para beneficiar a Israel: "Es cierto que la votación (como Estado no miembro de la ONU) daría a los palestinos unas opciones de negociación que ahora están cerradas, pero también podría ayudar al Estado judío. Los pasos para reconocer al Estado palestino dentro de las fronteras de 1967 reforzarían la legitimidad de la propia existencia de Israel".


Por otra parte, el compromiso palestino (en el que está incluido el islamista radical Hamás, que gobierna en la franja de Gaza) al solicitar su reconocimiento por parte de la ONU de cumplir con los principios y normas de Naciones Unidas y con las leyes internacionales, y de adquirir las formas de una plena democracia, es una garantía más para el Estado de Israel: "No hay guerras entre democracias", afirma un tópico diplomático. 


En el interior de Israel son muchas las voces que indican que reconocer a Palestina contribuiría a deshacer miedos e incertidumbres. La propia ex canciller, Tzipi Livni, líder de Kadima, el partido más votado en las últimas elecciones, declaró que estaba de acuerdo con el plan de paz que el Presidente de Estados Unidos lanzó el pasado mes de mayo, basado en que Israel se repliegue a las fronteras de 1967 y en la suspensión de nuevos asentamientos judíos en tierra palestina: "Las propuestas de Obama resultan convenientes para Israel, el gran problema es el inmovilismo de Netanyahu", declaró Livni. 


El Presidente israelí, de visita en Washington, confirmó de inmediato que no aceptaba el plan, y el propio Obama dejó a Livni "colgada de la brocha".


Meses después, Obama renunció a su iniciativa y retrocedió paulatinamente en sus intenciones internacionales, que le valieron el Premio Nobel de la Paz, para dedicarse a trabajar con vistas a su reelección presidencial, emproblemada por las actuaciones de la derecha republicana.


El tópico manejado por los estadounidenses y su diplomacia en la actual Asamblea General de Naciones Unidas es que el reconocimiento de Palestina llegará tras futuras conversaciones de paz, una posición, valga la anotación, secundada por Colombia. 


La realidad es que dichas conversaciones, desde los acuerdos de Camp David (1978), no han servido para avanzar un milímetro a favor de los palestinos después de décadas. La cláusula incluida en los posteriores Acuerdos de Oslo que dice que "no hay nada acordado hasta que todo esté acordado" ha impedido cualquier avance en 17 años. 


Ahora, se trataría de poner en el minuto cero el reloj de la negociación, con respeto y reconocimiento entre los dos Estados, con la veeduría internacional que se establezca desde la ONU, en lugar de las anteriores conversaciones entre un Estado, Israel, y un "movimiento de liberación", la OLP, con la presunta mediación de Estados Unidos, el aliado fundamental del primero.


Las amenazas para el futuro son claras de lado y lado. A los centenares de miles de colonos israelíes, asentados ilegalmente en territorio palestino, se les entregaron la semana pasada gases lacrimógenos y armamento antidisturbios, para reforzar su propio servicio de vigilancia armada, y se les dotó de entrenamiento militar, por si son objeto de asaltos para recuperar las tierras arrebatadas por la fuerza mediante el desplazamiento de campesinos. 


Analistas israelíes, como Yoël Marcus, se preguntan qué pasará si un día estos colonos son obligados a evacuar sus asentamientos, como parte de un acuerdo oficial y pacífico de intercambio de territorios con los palestinos.


En el lado árabe no se estima que las cosas vayan a cambiar sobre el terreno en un plazo inmediato, pero es clara la amenaza de que las facciones más radicales islámicas y la miríada de grupos yihadistas actúen para sabotear el proceso de la construcción del Estado palestino, que se configuraría a través de dos territorio separados: Cisjordania, gobernada por Fatah, y Gaza, gobernada por Hamás (ambos partidos en proceso de fusión). 


Según fuentes consultadas entre periodistas de El Cairo, armas suministradas por Europa a los rebeldes libios y distribuidas a particulares de forma irresponsable en Trípoli están cruzando el desierto de Sinaí para armar a una nueva generación de la guerrilla islámica.


Israel se encuentra en estos momentos aislada diplomáticamente respecto de sus vecinos, sin embajadores en los países de sus viejos aliados, Egipto (a cuyo dictador, Mubarak, estuvo sosteniendo Netanyahu hasta el último minuto), Turquía y Jordania. 
El reconocimiento de Palestina sería clave para engrasar de nuevo unas relaciones fundamentales para la impermeabilización de las fronteras de amenazas.


Antonio Albiñana
Especial para EL TIEMPO


http://www.eltiempo.com/mundo/medio-oriente/ARTICULO-WEB-NEW_NOTA_INTERIOR-10419584.html

martes, 20 de septiembre de 2011

Israel y el propuesto Estado palestino


Por Yoed Magen.  
El Tiempo.  Septiembre 20, 2011.

Hay una percepción equivocada de que la iniciativa palestina ante la ONU, de reconocer un Estado palestino, contribuirá a resolver el conflicto palestino-israelí y acercará la paz.
    Es importante enfatizar que Israel no se opone a la creación de un Estado palestino. El principio de dos Estados para dos pueblos es ampliamente apoyado por los israelíes, por los partidos políticos de izquierda y derecha, y fue reconocido por el primer ministro, Benjamín Netanyahu, en su discurso en Bar-Ilan, en junio del 2009. Cabe recordar, que Israel fue el único país de la región que aceptó, el 29 de noviembre 1947, el Plan de Partición de la Tierra de Israel en 2 estados: uno judío y otro árabe.
    A través de los años, Israel ha hecho esfuerzos considerables para alcanzar un acuerdo de paz con los palestinos, que incluiría también la creación de un Estado palestino. Sin embargo, la única manera de lograrlo es a través de negociaciones bilaterales y no por medio de un órgano internacional que imponga la solución y sus condiciones.
    En otras palabras, el debate ahora no se trata de si se crea o no un Estado palestino, sino de la manera de lograrlo.
    Esta acción unilateral socava los principios básicos del proceso de paz y los marcos aceptados internacionalmente para las negociaciones -resoluciones del Consejo de Seguridad 242, 338 y 1850; la Hoja de Ruta; las declaraciones del Cuarteto, etc.-, que llaman a una resolución mutuamente negociada del conflicto, y que rechazan las acciones unilaterales.
    La declaración violaría los acuerdos existentes, principalmente el Acuerdo Interino de 1995, que prohíbe la acción unilateral para cambiar el estatus de la Margen Occidental y Gaza, antes de lograr un acuerdo negociado de estatus permanente. Además, pondrá en riesgo la cooperación económica y de seguridad entre Israel y los palestinos.
    El reconocimiento servirá a la dirigencia palestina como una plataforma para elevar su estatus en otros organismos de la ONU e intensificar de esta manera su lucha diplomática contra Israel. Los palestinos aspiran a que a través de esta lucha y de decisiones de la ONU, se dicten los resultados de las negociaciones; así, no tendrían ellos que sacrificar sus posiciones.
    En el mejor de los casos, esta iniciativa unilateral complicará las perspectivas de paz en Oriente Medio, más que todo porque ignoraría los legítimos intereses del Estado de Israel.
    No cabe duda de que el apoyo político en Nueva York endurecerá la posición palestina, de manera que le dificultará luego llegar a un compromiso real e histórico con Israel, y quitará todo incentivo para que los palestinos vuelvan a la mesa de negociaciones.
    Un escenario peor sería que el reconocimiento lleve a una ola de violencia en Oriente Medio, hecho que puede perjudicar los esfuerzos de la paz por muchos años. Imagínense la frustración de los palestinos cuando entiendan que la declaración política en la ONU no está sustentada por la realidad. El enojo se convertiría en violencia.
    Pero la problemática quizás más grande sería que el reconocimiento del Estado palestino por parte de la ONU incluiría un reconocimiento de facto al grupo terrorista Hamas, quien controla la franja de Gaza. Es oportuno recordar que Hamas tiene como objetivo declarado la destrucción del Estado de Israel.
    En conclusión, el paso palestino unilateral no solo es contraproducente en el ámbito político, sino que tiene un potencial muy explosivo. La comunidad internacional tiene que tener claras las posibles implicaciones y consecuencias de tal acción unilateral, debe actuar responsablemente y no permitir dichos procesos, que fortalecerán las tendencias negativas en nuestra región y crearán precedentes peligrosos.
* Embajador de Israel en Colombia

lunes, 19 de septiembre de 2011

Colocando al Papa ante un Tribunal.


| Mon Sep. 19, 2011 



Como la mayoría de la gente que fue a la escuela católica, tengo una larga lista de delitos que me parece, la iglesia me ha causado, lo que me alimenta la idea de una fuerza internacional de policía arrestando al Papa. Eso es lo que un grupo de defensores de los derechos de las  victimas está esperando. La semana pasada, la Red de Sobrevivientes de Aquellos Abusados ​​por Sacerdotes, presentaron una denuncia ante la Corte Penal Internacional contra el Papa Benedicto XVI y tres altos funcionarios del Vaticano.
Suena como un truco publicitario para cargar el Papa por crímenes contra la humanidad. Pero los abogados del Centro de Derechos Constitucionales, que están manejando el caso parecen estarlo tomando en serio: "Los funcionarios del Vaticano acusados en este caso son los responsables de la violación y otros abusos sexuales y de la tortura física y psicológica de las víctimas en todo el mundo, tanto a través de la responsabilidad del mando como por el encubrimiento directo de los crímenes. Ellos deberían ser juzgados como cualquier otro funcionario culpable de crímenes contra la humanidad. "
Me parece justo. Sin embargo, como se explica en este escrito, la CPI es una institución un tanto complicada. No puede ir detrás de quien quiera. La violación generalizada califica totalmente como un crimen contra la humanidad, y ha sido una acusación en varios casos de la CPI. Los problemas reales detrás de la posible participación del tribunal en este caso son competencia y responsabilidad.
En primer lugar, la jurisdicción. El tribunal sólo puede juzgar los abusos que se producen en un país que es signatario de la CPI o los abusos que son cometidos por un nacional de uno de los Estados signatarios. Afganistán, por ejemplo, es signatario de la CPI, los Estados Unidos no lo es. Sin embargo, la CPI tiene jurisdicción sobre un crimen de lesa humanidad cometidos por, digamos, un soldado estadounidense en suelo afgano. Que es precisamente aquello por lo cual los Estados Unidos trataron de bloquear la creación de la CPI. El Vaticano no es un signatario de la CPI, pero en teoría, esto no constituye un impedimento. La República Democrática del Congo es signataria de la CPI, y uno de los casos citados en la denuncia del Vaticano tuvo lugar allí. Otro caso involucra a un sacerdote de Bélgica, país que también es signatario.
Sobre la cuestión de la responsabilidad, no es que los funcionarios del Vaticano o el Papa quisieran que los sacerdotes desataran una ola de abusos sexuales sobre menores de edad inocentes que van a la iglesia. Ciertamente, nadie está alegando que los funcionarios del Vaticano realmente ordenaran a los sacerdotes acometer la violación niños. Miremos las palabras empleadas por el fiscal principal de la CPI, Luis Moreno-Ocampo, para explicar por qué el tribunal acusó a Muammar Gaddafi: "La evidencia muestra que Muammar Gadafi personalmente ordenó ataques contra civiles desarmados libios". (La cursiva es mía.) Hasta el momento, la CPI sólo ha ido trás la gente que hace cosas malas a propósito. No está claro si tiene la capacidad (o interés) para perseguir a aquellos que descuidan o dejan que sucedan cosas malas o tratan de ocultarlas.
Al comentar sobre la denuncia contra el Vaticano, la CPI sólo ha dicho que va a examinar la evidencia y las cuestiones de jurisdicción. Lo cual es el tipo de manifestación oficial vacía que podría decirse acerca de cualquier denuncia.  Moreno-Ocampo, a quien he seguido una buena cantidad de tiempo para reportar la historia para nuestro tema actual, cubría sus solicitudes de las órdenes de Libia y no quiso hacer comentarios cuando finalmente lo localicé.
Mi corazonada es que es muy poco probable que esta denuncia prospere, una de las muchas de miles de la CPI ha recibido, y que no va a ninguna parte. Pero es un paso importante para plantear la cuestión de la rendición de cuentas. A pesar de la CPI representa muy escazas posibildades de triunfo para las víctimas de abuso sexual, resulta más probable que la posibilidad de que el Vaticano declare la responsabilidad de las partes involucradas.  Incluso los sacerdotes que abusaron de cientos de niños con discapacidad no fueron castigados por la iglesia. Y aunque los titulares han estado gritando sobre el escándalo de violación por parte de sacerdotes desde que yo estaba en la escuela primaria, tomó años a la iglesia para ordenar claramente a sus obispos a dar prioridad a la lucha contra el abuso sexual en sus diócesis. En efecto, finalmente emitió la directiva este mes de mayo.

martes, 6 de septiembre de 2011

Los Eco-crimenes son crímenes contra la humanidad

Por Isaac Davison


 Sep 6, 2011






Un autor está hacienda un llamado  para que los crímenes contra la naturaleza, o “ecocidio”, sean reconocidos como el quinto crimen contra la humanidad.

La escritora y abogada ambientalista británica Polly Higgins dice que las actuales leyes relativas al medio ambiente no cumplen su propósito y que las compañías que producen un daño serio y duradero a los ecosistemas deberían ser perseguidas en la Corte Penal Internacional de una manera similar a como se hace con el genocidio, los crímenes de guerra, los crímenes contra la humanidad y el crimen de agresión.

En una lectura realizada en la Auckland University, Higgins arguyó que las corporaciones deberían tener un deber de cuidado, o la misma responsabilidad que tienen los individuos de comportarse en su vida diaria, sin imprudencia o daños.

"Podemos permanecer encerrados por no pagar un a cuenta. En este momento vemos corporaciones que no pagan su cuenta cada día y son normalizados por la ley porque ponemos las utilidades primero."
Si el ecocidio fuera adoptado en La Haya, ella propone tres categorías de cargos criminales.

Para los individuos, tales como jefes ejecutivos y ministros de energía, que podrían ser acusados de ecocidio no intensional y de masacre ecológica. Sus sentencias deberían ser equivalentes a las que proceden por muerte provocada por manejo irresponsable, homicidio y asesinato.

La definición de ecocidio que ella propone es el daño masivo, la destrucción o pérdida de los ecosistemas de un territorio dado, ya sea por la acción humana o por otras causas, a tal punto que el disfrute pacífico de sus habitantes se vea severamente disminuido.

El tamaño, duración e impacto del ecocidio podría ser medido por las leyes internacionales aplicadas en tiempo de Guerra. EL ecocidio se produce si el tamaño del área afectada excede los 200 kilómetros de longitud, tiene un impacto en los ecosistemas por más de tres meses y tiene un impacto severo en los recursos humanos o naturales.

Higgins sugirió que la extracción de lignito en Southland y la perforación de aguas profundas en la Gran Cuenca del Sur podrían calificar como ejemplos, en Nueva Zelanda, de ecocidio, porque estas actividades crearían enormes emisiones de gases de efecto invernadero.

La legislación propuesta ha adquirido un interés significativo desde el derrame petrolero de la BP en aguas profundas, que produjo el peor desastre ambiental de los Estados Unidos.

Higgins dijo que en la actualidad, BP no tiene responsabilidad de proteger el ambiente porque los sistemas legales tratan todo lo que no es humano, como una propiedad. Ella considera que el mundo require un cambio desde el modelo legal de la propiedad, al modelo de administración.

Gran parte de las herramientas existen ya en la forma de una Corte Penal Internacional, Naciones Unidas y la ley internacional de crímenes contra la paz y el derecho humano a la vida.

Su seminario citó la investigación de las Naciones Unidas de 2008, que mostro cómo las tres mil más grandes corporaciones del mundo causan $2.2 trillones de dólares en daños al medio ambiente cada año.

Si el daño ambiental serio es penalizado, -dijo-, el dinero fluiría hacia la innovación.

Arguyó además que la legislación internacional es la única vía para luchar contra el ecocidio porque en la actualidad las empresas infractoras pueden abandonar un sitio y registrarse de nuevo en otro territorio.

Después de su discurso, Higgins fue preguntada si sus propuestas no eran muy radicales para ganar fuerza, a lo cual respondió: “Algunas cosas son siempre radicales cuando son innovadoras. El origen de la palabra radical indica halar desde las raíces.  No estoy en contra de las utilidades económicas, sino que sugiero evitar este barco que se hunde muy rápido”.

Higgins ya ha tenido éxito en las propuestas de una ley que proteja los derechos de naturaleza.  Después de proponer esta legislación a las Naciones Unidas en Abril de 2010, esta fue adoptada por el Gobierno Boliviano e incorporada dentro de su legislación interna.

Higgins dijo que la idea de que la naturaleza no humana tiene derechos está también arraigada en la cultura Budista, con 750 millones de personas alrededor del mundo, y es apetecida por las culturas indígenas, incluyendo la Maori.

"Es el mundo desarrollado el que se ha desconectado," añadió.
By Isaac Davison



http://www.nzherald.co.nz/environment/news/article.cfm?c_id=39&objectid=10749842