Escrito por Elizabeth Samson
Febrero 12, 2010. Jurist.
Desde el momento en que el Presidente Barack Obama entró en la oficina se ha hablado de la adhesión de los Estados Unidos a la Corte Penal Internacional, pero estos esfuerzos pueden quedar sepultados por el momento. Parece que esta administración no ha llegado muy lejos en el convencimiento de que la participación en la CPI es beneficiosa o necesaria para los intereses de EE.UU. Y con razón sigue en duda.
El Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional fue aprobado en 1998, y su ratificación se produjo en 2002 por 60 países. La Corte Penal Internacional es un tribunal permanente para enjuiciar a individuos por genocidio, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad.
En el año 2000 durante la administración Clinton, los Estados Unidos firmaron el Estatuto de Roma, pero el tratado no se envió al Senado para su ratificación, en espera de una nueva evaluación del funcionamiento de la CPI. El Presidente George W. Bush ordenó suspender la firma del Estatuto de Roma en mayo de 2002, dada la preocupación de que juicios por motivos políticos se iniciarían contra ciudadanos estadounidenses en el extranjero debido a la expansión global de los militares de EE.UU. En su lugar, de conformidad con el artículo 98 del Estatuto de Roma, los EE.UU. firmaron acuerdos bilaterales de inmunidad con más de 100 países para evitar que Estados extranjeros entreguen estadounidenses a la CPI.
A pesar de los continuos esfuerzos del presidente Obama por distanciarse de las políticas de su predecesor, el temor de juicios injustos a los ciudadanos de EE.UU por la CPI aún impone una pausa. Citando esta razón, Stephen Rapp, Embajador de EE.UU en misión especial para Asuntos de Crímenes de Guerra, recientemente declaró que no es probable que el Presidente presente el tratado de la CPI al Senado para su ratificación en el "futuro previsible". El Embajador Rapp se refirió a la existencia de un sistema fuerte de Cortes en los EE.UU como barrera adicional a la ratificación.
El propósito de la CPI es funcionar como un órgano complementario del poder judicial nacional existente en un país. De conformidad con el artículo 17 del Estatuto de Roma, la CPI sólo tiene la autoridad para actuar cuando un país " no quiera o no pueda realmente llevar a cabo la investigación o el enjuiciamiento". Un país puede ser considerado "que no quiere" si es evidente que concede blindaje a alguien responsable por los crímenes que están dentro de la jurisdicción de la CPI. Un país puede ser considerado "que no puede juzgar ", debido a un colapso total o sustancial o a la no disponibilidad de su sistema judicial nacional". Así, para los países occidentales, como Estados Unidos que tienen sólidas y prósperas instituciones democráticas y donde funcionan los poderes judiciales, la unión a la Corte Penal Internacional puede ser visto como un movimiento político, un gesto diplomático, pero no como una ley necesaria.
Los EE.UU. no están en principio totalmente opuestos a la CPI, y han apoyado y reconocido la autoridad de la CPI para investigar y enjuiciar los crímenes de guerra en lugares como Darfur o Sudán. Pero, de nuevo, el sistema jurídico de Sudán ha permitido la limpieza étnica y el genocidio en Darfur. Este hecho exige el enjuiciamiento por la CPI porque los tribunales nacionales de Sudán podrían ser considerados tanto como que "no quieren" y "no pueden" juzgar, de acuerdo con las normas establecidas en el artículo 17.
La CPI sólo se diseñó para tener competencia si la infraestructura judicial de un país es demasiado débil o demasiado corrupto para perseguir eficazmente. Lo ideal es que la Corte debe ser un tribunal de última instancia en lugar de un tribunal de primera instancia y es, por lo tanto, imperativo que los EE.UU. busquen otras vías para lograr ese objetivo. En vista de ello, el Embajador Rapp afirma que los EE.UU. sigue comprometido con el fortalecimiento de las judicaturas nacionales, apoyando el establecimiento de tribunales penales internacionales, y trabajando con los estados que ejercen la jurisdicción universal en casos en que existe una relación del Estado con el acusado del crimen - una estrategia que finalmente será más eficaz en el largo plazo para ayudar a lograr la justicia global. "
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