Un Tribunal con influencia.

Por Erna París*

La Corte Penal Internacional puede ser joven, pero su impacto está creciendo exponencialmente.

Frente a 1.000 cadetes de la Academia Militar West Point a principios de este mes, el presidente Barack Obama rechazó formalmente las estrategias nacionales de seguridad de su predecesor, especialmente las que caracterizan el poder unilateral de América y el derecho a librar una guerra preventiva contra supuestos enemigos. A diferencia de George W. Bush, cuya política exterior levantó ampollas en todo el mundo, Obama declaró que Estados Unidos trabajará para elaborar instituciones y estándares internacionales más fuertes. "El orden internacional que buscamos es uno que pueda resolver los desafíos de nuestro tiempo", dijo a su joven audiencia.

Las palabras del Presidente fueron en general, nobles y estimulantes por una buena razón. Muchos de estos jóvenes cadetes pronto estarían en Afganistán sirviendo en un frente peligroso. Pero un grupo muy diferente que observaba el evento de lejos pudo haberse sentido especialmente alentado por el énfasis de Obama en la universalidad y en las instituciones internacionales. Estoy hablando de los mil y más diplomáticos y miembros de organizaciones no gubernamentales de la sociedad civil que se preparaban para asistir a una conferencia internacional celebrada en Kampala, que comienza hoy. Ellos se reúnen para examinar las fortalezas y debilidades del Estatuto de Roma, el tratado jurídico que apoya y dirige el funcionamiento de la Corte Penal Internacional, ahora que el tribunal ha estado en pleno funcionamiento desde hace varios años.

La CPI es el primer tribunal penal internacional permanente. Es una institución transnacional con el mandato de procesar a los perpetradores de crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra cuando el país de origen del sospechoso o bien se niega a hacerlo, o carece de la capacidad estructural necesaria. Este mandato fue acordado en 1998 por 111 Estados, incluidas las democracias de casi todo el mundo. Con tres procesos en curso y órdenes de detención contra personas procedentes del Congo, Sudán, la República Centroafricana y Uganda, el tribunal ha dejado su marca - aunque no sin polémica. La CPI es una institución judicial que opera en un entorno político, un nexo difícil que exige diplomacia y habilidades abogadiles. Durante la era Bush, Estados Unidos fue un enemigo implacable de la nueva corte, pero eso ha cambiado. Aunque los EE.UU. todavía no es un "estado "parte en el tribunal, ha enviado observadores a Kampala con instrucciones de participar.

El plan es hacer un balance. ¿Qué tan bien la Corte Penal Internacional trata los países que han demostrado su voluntad de procesar sus mayores perpetradores de atrocidades?  Muchos proclaman que quieren, pero son sus tribunales internos capaces de montar algo parecido a un juicio justo?

Tomemos a Sudán, por ejemplo. El presidente Omar al-Bashir está bajo acusación de la CPI por crímenes de lesa humanidad en Darfur - y no ha sido arrestado, aunque viaja con frecuencia fuera de su país y aunque los estados miembros de la CPI están legalmente obligados a entregarlo. Es probable que Sudán realice un juicio justo de su Presidente? No lo creo. Pero una acusación formal de la CPI no puede ser ignorada. Los países están obligados a procesar sus propios casos. Y sí, la Corte Penal Internacional se supone que es un tribunal de último recurso. Pero hay políticos para enfrentar.

Por otra parte, no existe una fuerza policial internacional para llevar a cabo las órdenes de arresto de la CPI; es decir, el tribunal depende de sus Estados miembros. Una de las tareas de la conferencia de Kampala será reforzar la asistencia que el tribunal recibe de sus miembros. Los dedos están cruzados: El apoyo de los Estados Unidos será crítico y debería decidir considerarlo cuidadosamente.

La conferencia también evaluará el efecto que la CPI está teniendo en las víctimas de crímenes masivos que tiene el mandato de juzgar, porque es su justicia la que está en juego. Los delegados también tendrán que lidiar con el problema de combinar los acuerdos de paz con la justicia cuando el conflicto termina. La mayoría de los órganos de las Naciones Unidas y la mayoría de los Estados comprenden la importancia de la responsabilidad - un tratado de paz que excluya la justicia para las víctimas de la guerra es intolerable. La cuestión es de tiempo: Deberían los procesos de los principales perpetradores tener lugar solamente cuando la polvareda del conflicto se ha asentado y la paz se ha arraigado? ¿Puede la polvareda asentarse sin justicia? Estas son preguntas difíciles.

La cuestión más difícil que enfrenta la conferencia de revisión de la Corte Penal Internacional será el intento de definir el crimen de agresión. En el ámbito político, la condena general, corresponde al Consejo de Seguridad, que puede o no, aceptar el reto, en función de los políticos. La tipificación de la agresión va un paso más allá, y la posibilidad de disuadir la violencia de esta manera ha agitado los humanistas y otros pensadores por siglos. La agresión es ya un crimen principal en el Estatuto de Roma, pero sin una definición legal la Corte no puede ejercer su autoridad.

La agresión militar es, y siempre ha sido, asociada con el poder. "Los fuertes hacen lo que quieren," anotó el historiador griego Thucydides. No es imposible que los delegados en Kampala acuerden una definición, pero creo que es poco probable. La agresión es el talón de Aquiles del derecho penal internacional. Si los delegados no llegan a un acuerdo sobre la definición, esto puede ser percibido como debilidad. Si tienen éxito, las naciones poderosas, especialmente los Estados Unidos, la más importante de todas, pueden estimarlo como una jugada sucia y desacreditar la institución.

Aunque la Corte Penal Internacional sigue siendo un niño pequeño en términos institucionales, su impacto ha crecido exponencialmente durante sus primeros años. Uno sólo necesita observar la respuesta febril de algunos gobiernos, cuyos miembros podrían ser acusados de crímenes de guerra. El ataque por el gobierno israelí sobre la persona y la reputación del juez Richard Goldstone, el autor de un informe de las Naciones Unidas que acusó tanto a israelíes como a Hamás de cometer crímenes graves durante la guerra de 2008-9 en Gaza, carece de precedentes en las democracias modernas. En España, Baltasar Garzón Justicia, el hombre que inició la nueva era de las investigaciones penales internacionales en 1998 mediante la emisión de una orden de arresto contra el dictador chileno Augusto Pinochet, fue destituido de su cargo judicial después de atreverse a abrir un archivo sobre el franquismo, cuando los grandes delitos, aún sin resolver, fueron cometidos. Hace algunos días, un alto diplomático de Sri Lanka desestimó los cargos de crímenes de guerra cometidos contra los Tigres Tamiles con el argumento inerte de que lo ocurrido en su país no es asunto de nadie. "Decimos que no hubo crímenes de guerra", sentenció.

Lo que todo esto significa es que si bien puede ser necesario ajustar la reglamentación de la Corte Penal Internacional, el tribunal está teniendo un efecto.  Hace una década, nadie en Israel, España o Sri Lanka habría sentido la necesidad de negar o defender sus prácticas.  Ahora lo hacen. Y eso es una buena noticia para el todavía jóven siglo XXI.

*Erna París es el autor de The Sun Climbs Slow: La Corte Penal Internacional y la Lucha por la Justicia. Es miembro del Consejo Honorario del Centro Canadiense para la Justicia Internacional.

http://www.theglobeandmail.com/news/opinions/a-tribunal-with-influence/article1584482/