Mariana Olaizola Rosenblat
|Noviembre 1 de 2013
Traducido por Luis J. Leaño
Nos gusta pensar que los tribunales son guardianes severos del imperio de la ley, que proporcionan anclajes firmes en un mundo que cambia rápidamente. En realidad, sin embargo, incluso las instituciones jurídicas más sólidas rara vez son inmunes a las influencias de la política, y de hecho los sistemas legales más sensibles contienen disposiciones sobre el equilibrio de la justicia que contrarestan intereses humanos potencialmente competidores. Este equilibrio es difícil de obtener para cualquier sistema nacional. Para una institución internacional, el reto es aún más formidable.
La Corte Penal Internacional (CPI), el único tribunal internacional permanente con el mandato de juzgar crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad y genocidio, actualmente está librando una dura batalla para mantener su credibilidad como guardián imparcial del estado de derecho. El mes pasado, la Unión Africana (UA) convocó una cumbre extraordinaria para exigir que el tribunal aplazara el enjuiciamiento de actual presidente de Kenia, Uhuru Kenyatta, que está previsto para el 12 de noviembre, así como la de su vicepresidente, William Ruto, que comenzó en septiembre. La Unión Africana insiste en que la CPI estaría comprometiendo la paz y la estabilidad regional al seguir adelante con los juicios, y amenaza con organizar un éxodo masivo de los países africanos como miembros del Estatuto de Roma, el tratado que estableció la Corte Penal Internacional, si el Tribunal no tiene en cuenta la preocupaciones de la UA.
