Por Murithi MUTIGA
El presidente Kibaki
no tendrá más remedio que entregar a los aliados clave de su gabinete
sospechosos de haber cometido crímenes de guerra si Luis Moreno-Ocampo tiene
éxito asegurando las acusaciones.
La decisión de la Sala
de Cuestiones Preliminares de la Corte Penal Internacional de La Haya de
permitir que el Sr. Moreno-Ocampo tome el caso de Kenya, ha suscitado un debate
sobre si el presidente y el primer ministro Raila Odinga se comprometieron a
ordenar la detención de cualquier sospechoso contra los cuales se emitan
órdenes.
Pero de acuerdo con la
Ley Internacional de Crímenes que el Parlamento aprobó como ley en diciembre de
2008, el gobierno no tiene facultades para decidir acerca de la cooperación con
la CPI.
La Sección 4 (1) de la Ley exige a las autoridades cooperar con la CPI
de conformidad con el Estatuto de Roma del cual Kenya es signatario.
La ley establece que:
"Las disposiciones del Estatuto de Roma. . . tendrán fuerza
de ley en Kenya en relación con los siguientes aspectos - la presentación de
las solicitudes de la CPI a Kenya por asistencia y los métodos para hacer
frente a esas solicitudes, la realización de una investigación por el Fiscal de
la Corte Penal Internacional; la interposición y determinación de los
procedimientos ante la Corte Penal Internacional; la aplicación en Kenya de
penas de prisión u otras medidas impuestas por la CPI, y todos los asuntos
relacionados; (y) la presentación de las solicitudes de Kenya a la Corte Penal
Internacional para la asistencia y la forma de hacer frente a esas peticiones .
"
Asegurar la justicia
Esto significa que uno
de los últimos obstáculos para asegurar justicia para las víctimas del
derramamiento de sangre que siguió a la última elección general - el fracaso
del gobierno para detener a los sospechosos - se ha eliminado.
Albert Kamunde,
presidente de la Comisión Internacional de Juristas (CIJ) capítulo de Kenya,
dijo que las autoridades deben respetar el Derecho internacional.
"Desde que Kenya
ratificó el Estatuto de Roma y ha adoptado el estatuto, tiene la obligación de
cooperar. Esto es lo que el ministro (de Justicia Mutula Kilonzo) ha
estado diciendo, y creemos que es la posición del gobierno ", dijo a la Sunday Nation.
Funcionarios de la CPI
llegaron al país la semana pasada para iniciar formalmente las investigaciones
que podrían encontrar altos cargos políticos detrás de la campaña de violencia
emprendida después del proceso electoral.
Se estima que al menos
1.300 personas han muerto en la violencia. El Sr. Moreno-Ocampo sostiene
que los políticos, prominentes líderes empresariales y líderes comunitarios
instigaron y financiaron la violencia.
Crímenes de guerra
Un fallo mayoritario de
2-1 en la cámara de cuestiones preliminares de la CPI permitió al fiscal jefe
investigar los crímenes de guerra cometidos en Kenya.
Los jueces se basaron
en informes de la Comisión de Investigación sobre la violencia postelectoral
encabezada por el juez Philip Waki y otros informes, como la investigación
sobre violencia de la Comisión Nacional de Kenya para los Derechos Humanos
(KNCHR).
Los ministros del
gabinete Uhuru Kenyatta y William Ruto han acudido a los tribunales intentando
que sus nombres sean borrados del informe KNCHR.
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