Nueva York, 15 de abril de 2010—Según advirtió hoy el Centro
Internacional para la Justicia Transicional (ICTJ), el proceso abierto contra
el juez español, Baltasar Garzón, tendrá un efecto perturbador sobre los
esfuerzos españoles e internacionales por promover la responsabilidad penal de
los crímenes internacionales.
"Garzón está siendo políticamente
atacado porque es un símbolo internacional de la lucha contra la
impunidad", afirmó el presidente emérito del ICTJ, Juan Méndez. "Su
labor innovadora investigando los crímenes más graves ha abierto la puerta a la
posibilidad de proporcionar los largamente esperados remedios legales a las
víctimas en Argentina, Guatemala, Chile, y ahora, España".
Estos casos, y los que les han seguido
contra Efraín Ríos Montt en Guatemala, rechazaban la aplicación de leyes de
amnistía nacionales.
"España ha ratificado el estatuto
del TPI—se ha comprometido a poner fin a la impunidad de los crímenes más
graves, y no a promoverla", afirmó el presidente del ICTJ, David Tolbert.
"Aquellos jueces que investigan de
buena fe y están respaldados en su tarea por el derecho internacional, no
pueden hacer su trabajo si se sienten bajo la amenaza de ser políticamente
atacados con acciones legales".
Para cualquier sociedad que está
tratando de rendir cuentas con su traumático pasado, este caso establece un
precedente peligroso que disuadirá los esfuerzos audaces en favor de la búsqueda
de la justicia en España y fuera de sus fronteras.
Antecedentes
Baltasar Garzón se hizo
internacionalmente famoso en octubre de 1998 cuando imputó al General
chileno Augusto Pinochet y solicitó su extradición al Reino Unido. A pesar de
que finalmente el Reino Unido se opuso a extraditar a Pinochet a España, por
motivos médicos permitiéndole regresar a Chile, el caso se convirtió en un
incentivo importante para los grupos de víctimas y los oficiales judiciales en
Chile. Utilizando las provisiones sobre la jurisdicción universal del código
penal español, Garzón abrió también investigaciones en un importante número de
casos de atrocidades masivas como respuesta a las demandas de las víctimas en
Argentina y otros lugares. En 2009, el parlamento español aprobó limitar el uso
de la ley de jurisdicción universal a aquellos casos en los que las víctimas
fueran españolas, o los perpetradores se encontraran físicamente en España. A
partir de 2008, la oposición política contra Garzón creció de manera significativa
desde el momento en que puso su atención sobre los crímenes cometidos durante
el régimen de Franco.
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