Por Michael J. Glennon
Medford, Massachusetts - Dos veces en los
últimos meses, líderes políticos y militares de Israel habrían cancelado viajes
a Gran Bretaña debido a la preocupación de que pudieran ser detenidos por
presuntos crímenes de guerra.
Funcionarios de otros países pronto
podrían enfrentar situaciones similares - no sólo en Gran Bretaña pero también
en Francia, Alemania, Japón y otras naciones que son miembros de la Corte Penal
Internacional.
En mayo, los Estados miembros de la Corte
se reunirán en Kampala, Uganda, para considerar la adición de un nuevo delito
de agresión a los delitos que la Corte puede juzgar. Si se incluye el delito, todos los
países miembros estarán obligados a detener a funcionarios acusados de ese
crimen - incluso si proceden de países que se niegan a hacer parte del Estatuto
de Roma.
La conferencia de Roma que creó la Corte Internacional en 1998 le dio competencia para enjuiciar cuatro crímenes internacionales. Uno de ellos es la agresión. Incapaz de llegar a un consenso sobre lo que significaba el término, la conferencia lo dejó sin definir. Como resultado, el crimen de agresión no ha sido perseguible.
Pero eso cambiaría si la definición recién
propuesta fuera aprobada. En esa
situación, cualquier líder político o militar sería culpable del crimen de
agresión si ejerce control o dirección sobre cualquier uso de la fuerza armada
que represente una violación manifiesta de la Carta de las Naciones Unidas.
Suficientemente sensible en el concepto,
la definición es enloquecedoramente ambigua en su aplicación, en gran parte
porque se basa en una resolución de 1974 de la Asamblea General que tenía por
objeto guiar la conducta del Estado, no para definir la responsabilidad penal
individual.
Qué constituye una violación
"manifiesta" de la carta? La
verdad es que es imposible de decir. La
Carta prohíbe cualquier uso no defensivo de la fuerza no autorizada por el
Consejo de Seguridad. Sin
embargo, hace cinco años un panel de la ONU de alto nivel encontró que
violaciónes de las normas sobre uso de la fuerza han sido demasiado numerosas
para contar. Según un recuento,
el panel señaló que la fuerza se había utilizado 200 veces desde 1945 hasta
1989; por otro conteo, 680 veces. En
casi todos esos conflictos, todas las naciones involucradas alegaron haber
actuado conforme a derecho. No
existía tribunal imparcial para decidir qué lado estaba en lo cierto.
¿Qué individuos dentro de esos
"Estados agresores" ejercierton el control o dirección de las
acciones militares en cuestión? Una
vez más, sólo podemos hacer conjeturas. La preparación para el conflicto
armado involucra numerosos diplomáticos de alto nivel, abogados, analistas de
inteligencia y, a veces, legisladores.
No es claro quien ejerce el control o la
dirección. Lo que si es claro es
que, de haber existido el delito propuesto en las últimas décadas, todos los
presidentes de EE.UU. desde John F. Kennedy y cientos de dirigentes políticos y
militares de otros países hubieran sido objeto de acusación potencial,
detención y enjuiciamiento.
La preocupación sobre posibles juicios
politizados es una de las razones por las que China, Rusia, India y los Estados
Unidos no se han convertido en miembros de la Corte Internacional.
Sin embargo, no tendría importancia para
los funcionarios de estos Estados que sus países se hayan negado a participar. La acción militar por sus Estados aún
podría ser caracterizada como una "agresión" en la definición
propuesta. Si ello llegara a
ocurrir en el territorio de un Estado miembro - en la actualidad hay 110 - una
acusación podría ser expedida. Otros
Estados miembros se verían obligados a detener al acusado, quien luego sería
trasladado a La Haya para ser juzgado.
Max Weber escribió acerca del imperativo
de "calculabilidad" en un sistema jurídico, como la necesidad de
garantizar que los riesgos pueden ser identificados y abordados con una
previsibilidad razonable. En el
actual ordenamiento jurídico internacional, el "principio de
legalidad", asume esta función. El
principio establece que un acusado sea notificado claramente en cuanto a qué
tipo de conducta es ilegal antes de que ocurra. Su objetivo es proporcionar un mínimo
de estabilidad sistémica, al desalentar la detención arbitraria y la
persecución.
El nuevo delito propuesto socava este
principio, que se encuentra en el corazón del imperio de la ley. Ello obligará a cientos de dirigentes
políticos y militares que actúan de buena fe para adivinar cuándo y dónde
serían arrestados en sus viajes internacionales. Esto tensa las relaciones entre los
aliados y exacerba las tensiones entre los adversarios. Esto confunde un equilibrio
internacional que ya es suficientemente precario.
El tratado de 1998 que estableció la Corte
Penal Internacional establece que este se aplicará "en consonancia con
derechos humanos internacionalmente reconocidos." Si las partes en el
tratado honran el compromiso en Kampala, rechazarán esta definición ilegítima
de la agresión.
No hay comentarios:
Publicar un comentario