Por:
Danilo Arbilla
El Espectador.
Un buen día un
juez español, Baltasar Garzón, resolvió enjuiciar al dictador chileno
Augusto Pinochet. Incluso lo hizo retener en Londres. Hubo otros casos en que
tribunales de justicia españoles asumieron jurisdicción para juzgar a
torturadores argentinos.
Como que
España se transformaba, por si y ante sí, en el juez supremo universal y el
gran fiscal para los violadores de los derechos humanos. Muchos se preguntaron por
qué el Reino de España no se ocupaba, sin duda con mucho más competencia,
de investigar y juzgar los crímenes del franquismo.
Mientras por
un lado salían a dictar cátedra fuera de fronteras, adentro nada. En el Valle
de los Caídos se veneraba al pasado y hasta ministros de Franco, - que lo
fueron en momentos duros en que incluso se aplicaba la pena de muerte a
disidentes y a quienes luchaban contra la dictadura - eran
homenajeados, festejados y hasta en casos incluidos en misiones oficiales,
-como símbolo y acto de cordialidad- que visitaban regímenes dictatoriales
africanos en pos de negocios y petróleo.
Parece que se
trata de otra cosa; y la gran contradicción, por no decir hipocresía, española
se manifiesta ahora con mayor fuerza y mucho más exposición. Lo de Franco
es cosa juzgada, nadie debe meterse y no hay lugar a revisiones.
Además, si lo hicieran; si se meten ¿cuan profunda sería la revisión? ¿Hasta
dónde llegaría? ¿Revisarán también el proceso, y eventualmente la legitimidad y
sus distintas fuentes, de la reinstauración de la monarquía?
Y no solo es
eso; resulta que a raíz de todo este proceso los principales y más altos miembros
de la justicia de España son motivo de enjuiciamiento por parte de
organizaciones sindicales y sociales españolas, que salen a protestar y a
defender a Garzón, en lo que ellos califican como un acto de ejercicio
democrático contra el fascismo, y otros en cambio la señalan como una indebida
presión, típicamente fascistas, contra la Justicia y de hecho, contra las
instituciones democráticas.
Esto es lo
que ocurre en la España de Rodríguez Zapatero, que no reconoce al presidente
electo de Honduras, y sostiene que Chávez es el más democrático de los
mandatarios de América Latina. La misma que defiende a Fidel y Cuba, que hace
gárgaras con los principios democráticos pero cuya defensa, eso sí, la somete a
sus intereses comerciales y económicos. Ni más ni menos, tal como les aconseja
Chávez cuando comienzan a hacerle alguna crítica: antes de seguir, les
advierte el comandante bolivariano, consulten a vuestros empresarios, en
particular a aquellos cuyas empresas están instaladas o tienen negocios con
Venezuela.
En lo que
hace al tema del revisionismo histórico es difícil decir que es lo que está
bien, lo que está mal y que es lo que hay que hacer. Por un lado lo del
"borrón y cuenta nueva" sin duda facilita las transiciones y en
alguna medida lo de España durante décadas fue un ejemplo y motivo de estudios
y tesis académicas sobre lo que se debía hacer para lograr un tránsito en
paz. Pero por otro lado ¿es justo que quienes cometieron crímenes horrendos no
sean, como mínimo, recordados y señalados por lo que hicieron?
Pero aparte
de esa disyuntiva, este tema y todo lo que pasa en su entorno y como
derivación, constituye una muestra más de las distintas varas que se usan, en
función de ideologías o tesituras políticas, para medir hechos y
acontecimientos que son iguales y de la misma especie, y del doble
discurso que no ya contamina si no que decididamente ha enfermado a la
democracia.
Hoy la
hipocresía, en el marco democrático eso sí, es la regla. Tanto que podríamos, a
los efectos de precisar mejor las cosas, no hablar de democracia sino de
democresía o hipocracia. Se puede elegir, tanto da, se trata de lo mismo.
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