Traducido por Luis J. Leaño.
* Sheila Vélez es una periodista independiente y autora del libro “Lubanga Chronicles”, el cual documenta el juicio contra ese líder en la CPI.
Cuatro millones de muertos y más de un millón de desplazados. El mayor desastre humanitario desde la Segunda Guerra Mundial. Viajamos a Ituri, en el este de la República Democrática del Congo, que sufrió una guerra emprendida por grupos étnicos rivales que mataron 50.000 personas entre 1999 y 2003. Hoy en día, algunos de los responsables de tanto sufrimiento enfrentan a la justicia en la Corte Penal Internacional. Pero, ¿cómo perciben las víctimas estos juicios?
Bunia está lejos de ser lo que solía ser hace diez años, cuando las diferentes facciones rebeldes estaban involucradas en una lucha por el poder político y el control de los recursos naturales de la región. Hoy en día existe una relativa calma en la capital de la provincia de Ituri,, probablemente debido a la presencia de MONUSCO, el mayor contingente militar jamás desplegado por las Naciones Unidas en una misión de mantenimiento de la paz. Lo que parece haber cambiado muy poco, sin embargo, es el apoyo que todavía disfruta el primer rebelde acusado por el Tribunal de La Haya de reclutar niños para la guerra. Bunia, y en particular barrios como Mutzipela, sigue siendo el bastión indiscutible de uno de los señores de la guerra más famoso de África, Thomas Lubanga Dyilo.
Hoy visito la oficina regional de la "Unión de Patriotas Congoleses", el partido militar y político Hema fundado por Thomas Lubanga en 2002, el cual, luego de haber sido sometido a renovación, actualmente mantiene tres sillas en el parlamento nacional. El emblema del grupo remata la fachada del edificio, localizado en una de las calles principales, polvorienta y llena de hoyos como todas las calles en Bunia. Simon Ngadjole y Jean Baptiste Ngolotcha, Secretario y Presidente federal del UPC en Ituri me dan la bienvenida, dos hombres de gesto humilde y un atuendo de ropas raídas que están muy lejos del impecable corte de los vestidos que el "Presidente Thomas" lució para las audiencias en la corte de La Haya. Es difícil imaginar el Rais, (el rey, en árabe) investido de autoridad sagrada, compartiendo la mesa con estos hombres, sentados en una oficina con paredes de madera falsas y documentos esparcidos por todo el lugar. Ngadjole recordó los orígenes de su partido: "La UPC fue creada para poner un alto a las masacres en Ituri", dijo mientras mostraba fotos que se sienten como una punzada en el estómago: heridas de flecha, cortes de machete, cuerpos decapitados. Ngadjole culpa de toda esa crueldad a sus enemigos, el Lendu, quien también tomó las armas y se organizó en milicias llamadas "Frente nacionalísta e integracionísta" (FNI) y "Frente de Resistencia Patriótica" (FRPI) en Ituri. Sus líderes, Germain Katanga y Mathieu Ngudjolo, están siendo procesados por la Corte Penal Internacional en La Haya.
Al igual que lo hicieron con los Tutsis de Ruanda, los colonialistas belgas favorecieron la población de pastores de Hema, concediéndoles tierra y posiciones en el gobierno; política que continuó luego de la independencia del país en 1960. El presidente el antiguo Zaire, Mobutu Sese Seko, se apegó a la misma práctica durante los 32 años de gobierno que ejerció con mano de hierro. Sin embargo, como lo explicara el experto en asuntos africanos Gerard Prunier a los jueces de la CPI, la rivalidades étnicas, lejos de ser la causa del conflicto en Ituri, fueron su instrumento. "Esta rivalidad particular fue orquestada", -dijo durante el juicio de Lubanga- "Los líderes usaron el asunto étnico para promover sus intereses políticos". La identidad étnica fue entonces usada como arma de guerra que incluso beneficiaría a países vecinos. De acuerdo con Roberto Garreton, reportero especial de las Naciones Unidas sobre la situación de derechos humanos en el Congo y testigo en el mismo juicio, la presencia ugandesa en la región exacerbó las tensiones subyacentes. "Hubo un sentimiento general entre los congoleses de que todo lo que estaba pasando en Ituri era decidido en Kampala," -dijo-. Ugandeses y colonialistas típicamente imprimieron en Hema la convicción de que ellos, como los Tutsi vecinos, nacieron para gobernar.
Hema siempre ha negado cualquier clase de trato favorable. Con un fajo de papeles en la mano, Ngadjole, el secretario del UPC, explica los orígenes de su partido: fue fundado como respuesta a la opresión y marginalización a la cual su gente, el Hema, estaba sujeta por el gobierno del Rassemblement Congolais (RCD) de Wamba dia Wamba y Mbusa Nyamwisi de 1999 a 2002. Sin embargo, omite el hecho de que la rebelión del UPC surge de la sublevación de los comandantes de Hema dentro del RCD, dentro de los cuales un joven miembro de la Asamblea de Ituri, Thomas Lubanga, vió la oportunidad ideal para formar un nuevo partido político y militar. Con el respaldo de Uganda y de los que desertaron, Lubanga creó un ejército y ganó su lealtad. El UPC expulsó el RCD de Bunia el 9 de agosto de 2002, y apenas un mes después, el 3 de Septiembre, Thomas Lubanga fue designado como presidente del UPC y Comandante en Jefe de su ala militar, las Fuerzas Patrióticas para la liberación del Congo.
“Thomas fue seleccionado por su coraje y su experiencia política,” dijo Jean Baptiste Ngolotcha. Nacido de una familia Hema en 1960, Thomas Lubanga estudió sicología en la Universidad de Kisangani. Mientras escuchaba acerca del presidente de la UPC, miré a las paredes de la oficina que exhibía fotos y recortes de periódicos acerca de su juicio en La Haya. Ellos adoran a su líder. Los dos hombres dicen que se sintieron tristes cuando oyeron acerca de su detención. Lubanga fue arrestado por las autoridades congolesas en marzo de 2005 y transferido a la Corte Penal Internacional un año después para ser juzgado por el reclutamiento de niños soldados menores de 15 años. "Rezamos por su liberación todos los días", dice Ngolotcha.
Sin mencionar sus edades, Ngolotcha se jacta de que sus cuatro hijos lucharon en las filas del "ejército de Thomas. Su deber era defender a su familia, y al hacerlo, defendieron su comunidad", dice. Esa fue la contribución de los Hema a la guerra étnica. Según las pruebas presentadas por la Fiscalía, el propio Lubanga decretó públicamente que cada familia Hema debía respaldar sus esfuerzos militares reclutando sus hijos en su ejército. Ordenó a sus soldados reclutar a "todo el que caía en sus manos." Las órdenes de Lubanga no mencionaban una edad mínima. El único criterio era la capacidad de llevar un arma.
Un grupo de muchachos se unieron a los rebeldes por voluntad propia, llevados por la frustración, el hambre y la ira de haber perdido un pariente. Otros fueron secuestrados por los soldados de Lubanga en plazas, calles y escuelas y llevados por la fuerza a campos de entrenamiento militar. Emmanuel, mi traductor, me dijo que muchos de sus amigos fueron llevados a esos campos. "Se les daba la misma comida todos los días. Dijeron que los ejercicios físicos fueron agotadores y que los comandantes querían enviarlos al campo de batalla lo más pronto posible". El entrenamiento militar duraba algunas semanas y a menudo estaba acompañado por castigos inhumanos. Perder el arma o intentar escapar era penado con la muerte. De acuerdo con Kristine Peduto, de MONUSCO, responsables de proteger los derechos de los niños y los testigos en el juicio de Lubanga, el estado sicológico de los menores luego de ser desmovilizados, constituyó una gran preocupación. "Estaban profundamente traumatizados; la juventud parecía totalmente perdida. Habían sido testigos de masacres y habían vivido terribles experiencias. La condición física y sicológica de las niñas fue mucho más alarmante: habían sido sometidas a un abuso sexual sistemático por parte de los comandantes y soldados. Creo que la niña más joven que entrevisté tenía 12 años." Peduto fue parte de la delegación de MONUSCO que visitó a Lubanga en su residencia personal en Mayo de 2003. "Le dije que el uso de niños soldados es un crimen. Sin embargo, él no tenía la mínima intensión de discutir el asunto. En algún punto, inclusive dijo que los niños estaban en el UPC porque necesitaban protección".
En uno de los pocos restaurantes de la ciudad suficientemente seguro para que los extranjeros consigan una bebida y se sacudan la pegajosa capa de polvo que se lleva consigo al final de día, me topé con Dieudonné Mbuna, un miembro del equipo de defensa de Lubanga, residente de Bunia. Es un hombre de pocas palabras. Con la ayuda de Emmanuel he preparado una lista de preguntas directas, pero al poco tiempo de comenzar la entrevista, Mbuna me dice que su equipo ha prohibido hablar con periodistas. "Este es un momento muy sensible", refiriéndose a la solicitud de la defensa sobre abuso del proceso. Los abogados de Lubanga han acusado a la fiscalía de colaborar con intermediarios que presumiblemente presionaron testigos para que fabricaran sus testimonios. Los jueces ordenaron a la fiscalía revelar a la defensa la identidad de uno de sus intermediarios, un hecho que preocupó al fiscal, como que no se había otorgado al intermediario medidas de protección. La decisión de la fiscalía de no revelar esta información, condujo a un debate legal que por poco malogra el primer caso del fiscal Moreno-Ocampo. El 8 de Julio de 2010 los jueces suspendieron el proceso señalando que un juicio justo no era posible por la negativa del fiscal a cumplir con las órdenes de la sala. "Los jueces están realizando un buen trabajo", dice Mbuna. "Han mostrado que son imparciales. Thomas confía que el resultado será justo".
Paz, tan frágil como cáscaras de huevo.
Existe una noble idea de la justicia internacional como un remedio universal que traerá la paz y la reconciliación a sociedades azotadas por el conflicto. Pero la realidad es mucho más compleja. La reconciliación se hace difícil cuando aquellos que dicen ser víctimas no pueden aceptar que sus propios grupos también fueron perpetradores. Inclusive los juicios que objetivamente pueden establecer qué pasó, no pueden contribuir a la reconciliación en tanto la gente no admita los hechos.
"Bunia está impregnada por un clima de desconfianza entre grupos étnicos distintos", dice Emmanuel, mi traductor. "Aquellos que respaldan el UPC todavía se sienten victimizados por el proceso judicial; sostienen que actuaron en legítima defensa."
Mi próxima visita es a Radio Candip, antiguamente la estación de radio oficial de la UPC y convertida ahora en una comunidad independiente de servicio de radiodifusión. Allí conozco al profesor Pilo Kamaragi, vocero de Hema y miembro antiguo de la UPC. Dadas sus credenciales, durante la entrevista me sorprendí que negara cualquier clase de relación entre Thomas Lubanga y su comunidad. Cuando le pregunté acerca del juicio de su líder, inmediatamente atacó la Corte. "Tengo la impresión de que este juicio está extremadamente politizado. No es un juicio justo. De donde vinieron las armas? Quen financió la guerra?", refiriéndose a otros líderes considerados como los culpables reales de la tragedia Ituri y que permanecen en libertad. "La CPI está parcializada,", afirma Pilo enérgicamente.
Esta afirmación de parcialidad es repetida por el grupo étnico rival, el Lendu. De acuerdo con Alex Losinu, uno de sus representantes, la comunidad no entiende porqué el número de cargos formulados a Lubanga por el fiscal Moreno-Ocampo, no es mayor. "Esos niños fueron reclutados para matar simios?, o para matarnos a nosotros..., recordando las masacres que sufrió el Lendu. "No importa si Lubanga es condenado o no. Este juicio no traerá paz a Ituri. No puede deshacer lo que los niños soldados hicieron. Violaron, mataron y robaron, y permanecen libres". Losinu continúa diciendo: "Si algún día Thomas Lubanga regresa a Bunia, le pediremos que se vaya en paz. Si nos provoca, nos defenderemos y regresaremos donde comenzamos. En Ituri, la paz es tan frágil como cáscaras de huevo."
A medida que los días y las reuniones transcurren, encuentro que las posiciones radicales no son significativas en número. Gilbert Tandia Bakonzi, defensor de derechos humanos y director del Centro Pelican para la Paz y la Justicia en Bunia, cree que el proceso en La Haya traerá paz a la región. "Estos juicios envían un mensaje claro: la era de la impunidad está acabando. Ituri necesita justicia, pero la reconciliación depende de nosotros" -dice Gilbert-, que ha sido amenazado por aquellos que el llama "extremistas". Destaca que la división entre grupos es de naturaleza intelectual, entre la élite y los políticos. "El Hema ordinario y Lendu coexisten pacíficamente. Van a los mismos mercados, son atendidos en los mismos hospitales y rinden culto en las mismas iglesias". Sus palabras me recuerdan el documental de John Carlin "Hell on Earth", sobre Sierra Leona, donde señala que el problema principal en África es la capacidad de perdonar. Y así es. La gente está cansada de tanta guerra. Pero es un cansancio teñido con cierta resignación. Lo vi en los ojos de Emmanuel. Siempre que hablo de la revolución del pueblo y de poner un fin a las décadas de abuso, me mira aturdido. Eras de colonialismo y dictaduras parecen haber alienado generaciones enteras. No han sido educados para quejarse de la barbarie, sino más bien para aceptarla.
La tan esperada justicia.
Alice Zago, investigadora en el caso de Lubanga, enfrentó un gran desafío en Ituri. Cómo explicar a víctimas y testigos la noción abstracta de justicia? Cómo podemos hablar de derechos a quienes nunca han ejercido alguno? En mi reunión con ciudadanos de Katoto (22 kms al nor- este de Bunia), puedo verlo con mis propios ojos. Hay un grupo de cuatro hombres y tres mujeres que se reunen para oir un programa de radio acerca de la justicia. Radio interactiva para la Justicia fue fundada y es operada por un colega americano quien siempre ha estado apasionado por los asuntos de la región. Cuando les pregunté si entendían lo que oían, uno de ellos respondió que no entendía lo que queríamos decir por derechos humanos. Y para mi sorpresa, Emmanuel, mi traductor, no pudo encontrar el equivalente en Swahili para "justicia internacional", y usó la expresión francesa. Gratian Iracan, un periodista local que trabaja con la Radio interactiva para la Justicia, va directo al punto: "La gente necesita tiempo para entender lo que es la justicia. Bajo la dictadura del régimen de Mobutu, no hubo protestas, ni reconocimiento de nuestros derechos. Es ahora que la gente comienza a entender el significado y la importancia de la justicia como la única manera de vivir en paz. Pero el problema es la corrupción; el dinero gobierna aquí".
Esta falta de confianza en las instituciones judiciales locales es un factor común en los habitantes de Ituri. Aunque el gobierno congolés, con la ayuda de organizaciones internacionales ha mostrado algunos progresos en los años recientes, la corrupción y la falta de recursos e infraestructura impide la implementación de un aparato de justicia. "No puedo entender cómo un hombre que ha violado a una mujer puede ser arrestado y liberado al poco tiempo", dijo una mujer de Katoto. "No hay justicia para los pobres. Si usted es rico y tiene un problema, todo lo que tiene que hacer es producir dinero". La falta de fondos también se extiende a las prisiones. "Lo que veo es horrible", dice Emmanuel recordando su visita a la prisión de Bunia con otro periodista. El retrato de los prisioneros demacrados, mantenidos estrechos en celdas atestadas y antihigiénicas y cuyo única subsistencia es lo que sus familias pueden proveerles, está todavía vívido en su mente.
Esta larga lista de guerras y conflictos étnicos en la República Democrática del Congo en las décadas pasadas, ha destrozado sus estructuras judiciales. "En 2004 las cortes comenzaron a operar tímidamente, pero solo ahora nuestro sistema judicial está comenzando a dar sus primeros pasos", dice el fiscal militar en Bunia, Jean Maurice Lianza. "Es la razón por la que el gobierno pidió la intervención de la Corte Penal Internacional, para que los crímenes no queden impunes". En marzo de 2004 Kinshasa refirió la situación a la CPI, solicitándole investigar y procesar crímenes bajo su jurisdicción cometidos en territorio congolés. Sin embargo, la corte internacional no debería ser una alternativa a los procesos nacionales, sino más bien un complemento. Este es uno de los desafíos de la corte, el motivar a los Estados a poner fin a los crímenes que preocupan a la humanidad y a suplir las expectativas de las mujeres de Katoto: "Quizá esto no volverá a ocurrir. Los niños no nacieron para ser soldados. Los niños deben ir a la escuela".
*El original del artículo puede revisarse en el siguiente enlace:
http://www.lubangatrial.org/2011/02/10/ituri-the-pursuit-of-justice/
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