Julio 12 de 2013
El Papa Francisco reforzó la legislación penal contra el abuso de menores en el Vaticano e incrementó la responsabilidad de los empleados, en un proceso de revisión de las leyes en materia criminal en ese Estado.
El decreto del Papa incluye "una definición más amplia de la categoría de crímenes contra menores", incluyendo la prostitución infantil, actos sexuales con niños y pornografía infantil. La reforma se produce un día después de que el comité de derechos de los niños de la ONU llamó la atención sobre los escándalos sexuales de la Iglesia Católica, pidiendo al Vaticano entregar detalles de "todos los casos de abuso sexual contra menores cometidos por miembros del clero".
Las nuevas leyes introducen formas específicas del delito indicadas en las convenciones internacionales que el Vaticano ha ratificado, incluyendo la convención contra el racismo, crímenes de guerra y derechos de los niños. "La Santa Sede está finalmente compensando un retraso grave", dijo Terre des Hommes, miembro de una organización internacional para los derechos de los niños, agregando que los cambios a la ley fueron "de importancia trascendental".
La nueva legislación es aplicable a algunos miles de personas que están directamente empleados por el Vaticano en Roma y en el exterior. Los casos de abuso sexual que se produzcan en otros países, se rigen por las legislaciones nacionales.
Francesco Antonio Grana dijo que la reforma fue un ejemplo del celo del Papa por realizar la reforma, agregando que él "lanzó una vigorosa batalla" contra la crisis de pedofilia que ha plagado la iglesia. Pero el grupo de víctimas de abuso sexual del clero (SNAP) criticó el decreto pontificio como "un ajuste a las ignoradas e inefectivas directrices internas de abuso de la iglesia, para generar titulares positivos, pero nada más."
Otros consideran que la revisión legal del pontífice se adapta a la declaración vaticana de búsqueda de una mayor transparencia en el despertar de numerosos escándalos de corrupción. Francisco incrementó la cooperación con otros Estados en materia de lavado de dinero y terrorismo, en lo que se ve como una continuación de las reformas que comenzó su predecesor Benedicto XVI, para actualizar el Vaticano a un nivel más acorde con la legislación internacional. El nuevo Papa también ha intentado abordar el problema del turbio banco del Vaticano.
Este mes el Papa Francisco sostuvo la primera reunión de un comité especial de expertos que el pontífice convocó para investigar esa institución, plagada de escándalos. Federico Lombardi, vocero vaticano, señaló que no se promulgaron las reformas pedidas por el comité europeo anti- lavado de dinero (Moneyval), que nivelaría el pequeño Estado con los estándares internacionales en materia de corrupción. "Se están preparando otras leyes relacionadas con la solicitud hecha por Moneyval, " dijo Lombardi.
En lo que se considera un cambio radical, el nuevo decreto de Francisco establece la responsabilidad administrativa de los departamentos del Vaticano, que complementa sus planes de erradicar la corrupción de la burocracia vaticana. Dominique Mamberti, a cargo de las relaciones entre la Santa Sede y otros Estados, dijo que muchos delitos son nuevos y otros ya existían bajo un categoría específica, y eran sancionados de acuerdo con ella. "La reforma papal extiende el alcance de la legislación contenida en esas leyes penales, a miembros, funcionarios y empleados de varios cuerpos de la curia romana".
Las nuevas leyes que el Vaticano dice, actualizan su "bastante anticuado" código penal, entran en vigor en Septiembre 1. Entre las novedades se proscribirá la cadena perpetua y se remplazará con una pena máxima de 35 años. Hubo también consecuencia directas de los llamados "Vatileaks" del año pasado, cuando el mayordomo de Benedicto, Paolo Gabriele, publicó documentos confidenciales de las oficinas del Vaticano que revelaban corrupción y mala administración generalizada. Gabriele ha insistido que actuó sólo para exponer "el mal y la corrupción" de la Santa Sede, pero hay reportes insistentes en los medios de Italia señalando que hay otros empleados listos para violar el código de confidencialidad del Vaticano.
Se incrementará el castigo para cualquiera que sustraiga documentos secretos, con una pena de hasta dos años de cárcel y multa cuando los documentos sean de baja importancia, y hasta ocho años de prisión si los documentos envuelven "intereses fundamentales" de la Santa Sede.
Según un reporte de Stasia Bliss publicado recientemente, las nuevas leyes que criminalizan la filtración de información relacionadas con el abuso y acoso de menores, están causando un escándalo mundial. Algunos consideran que la nueva legislación impone la excomunión y la pena de prisión para miembros de la iglesia que alerten sobre abusadores sexuales, lo que constituye una forma de protección para ellos.
No hay comentarios:
Publicar un comentario