"Cualquier recurso a la guerra, a cualquier tipo de guerra, es un recurso a medios que son inherentemente criminales. Guerra, inevitablemente, es un curso de asesinatos, asaltos, privaciones de la libertad, destrucción de la propiedad.

"


Robert Jackson

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martes, 23 de julio de 2013

Remisión del caso Darfur fue "muy mala idea".

Traducido por Luis J. Leaño.

La antigua alta comisionada para derechos humanos de las Naciones Unidas, Louise Arbour, ha reconocido que el haber remitido el caso de Darfur a la CPI en 2005, fue un movimiento errado dada la subsecuente falta de respaldo internacional a la corte de La Haya. 

"Participé en la comisión de investigación para Darfur de la ONU. Me presenté ante el Consejo de Seguridad y el asunto se remitió a la CPI, pero en retrospectiva, me doy cuenta de que fue muy mala idea," -dijo Arbour a la publicación canadiense La Presse newspaper, que se publica en francés-. 

La Corte ha librado órdenes de captura contra el presidente Omar Hassan al-Bashir, su ministro de defensa Abdel-Rahim Mohamed Hussein, el gobernador interino de North Kordofan, Ahmed Haroun, y el líder de la milicia Ali Kushayb, quienes permanecen libres. 

Arbor dijo que la resolución de remisión, que provocó una fiera batalla entre los Estados Unidos y Francia, tuvo el efecto de socavar la CPI. 

Anotó además que a pesar de referir casos como el de Darfur o el de Libia a la CPI, el Consejo de Seguridad no ofrece "política o respaldo operativo" para arrestar individuos buscados por la Corte. 

Tanto Sudan como Libia se niegan a entregar los sospechosos como lo demanda la CPI y el Consejo de Seguridad hasta ahora se ha mantenido en silencio. 

Arbor, quien actualmente preside el International Crisis Group (ICG), mencionó además el hecho de que Estados no signatarios de la CPI, como Estados Unidos, China y Rusia, pueden someter otras naciones a la jurisdicción de la Corte bajo las resoluciones del Capítulo VII. 

Antes de la remisión hace ocho años, los Estados Unidos, acérrimo oponente de la Corte, buscó vetar el caso Darfur, en un impase con los miembros europeos en el Consejo liderado por Francia, pero luego optó por abstenerse  después de asegurarse que una cláusula sería agregada protegiendo Estados no signatarios del alcance de la Corte, y asegurándose de que el organismo no sería financiado por el Consejo. 

El Consejo de Seguridad votó 11-0 en favor de referir el conflicto de Darfur a la CPI, con abstenciones de Algeria, China y Brasil. Este último se abstuvo sobre la objeción a la excepción agregada a la resolución. 

La misma excepción fue agregada en la decisión de remitir el caso de Libia en 2011.

La ex juez canadiense dijo que sin avanzar en el pronunciamiento sobre más casos, la CPI, que solo ha condenado un sospechoso desde su creación en 2003, se arriesga a perder credibilidad. 

"En los próximos años, los retos que encara la Corte son enormes," dijo.

La CPI es desafiada también por el continente africano, que ha señalado que la Corte es injusta persiguiendo sus líderes. 

La CPI ha abierto investigaciones en 8 casos, todos los cuales se generan en África incluyendo a Uganda, la República Democrática del Congo (DRC), la República Centro Africana (CAR), Darfur, Kenia, Libia, Costa de Marfil y Mali.


Sin embargo, cinco de los ocho casos fueron referidos voluntariamente por los gobiernos africanos en cuestión; dos a través de resolución del Consejo de Seguridad respaldado por la mayoría de los miembros africanos del Consejo en ese momento, y uno fue abierto a petición del fiscal de la CPI. 

A pesar de que la Unión Africana (AU) obtuvo la designación de una fiscal africana en la CPI, ha continuado protegiendo al presidente sudanés, habilitándolo para viajar a varios países miembros de la CPI en el continente. 

También ha pedido que la Corte archive los casos en contra del presidente keniano Uhuru Kenyatta y su suplente, William Ruto.


Ambos hombres encaran cargos de planear la violencia de la post- elección en 2007-2008 que atrajo la protesta regional e internacional. 

El parlamento keniano falló dos veces en acordar el establecimiento de un tribunal local para investigar la violencia de la post- elección y motivó la intervención de la CPI. 

Sin embargo, luego de que la CPI publicara una lista de sospechosos que incluye seis figuras, Nairobi quizo aplazar los casos con grupos de presión en la Unión Africana y el Conejo de Seguridad, invocando el artículo 16 del Estatuto de Roma, que es el texto base de la CPI. 

Pero el Consejo de Seguridad dejó de lado las peticiones conjuntas presentadas por la Unión Africana y Kenia.

El texto original puede revisarse en el siguiente enlace:

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