Enero 6, 2013
Traducido por Luis J. Leaño
Cuando la Corte Penal Internacional fue establecida en 2002, hubo un optimismo real acerca de la posibilidad de llevar a los responsables de genocidio, crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra a rendir cuentas. Hoy la Corte está siendo criticada por tener una agenda racista, un proceso de investigación y una estrategia de acusación deficiente y por sufrir demoras inaceptables. La fiscal actual, Fatou Bensouda, de Gambia, ha respondido a los críticos diciendo que están tratando de proteger a los perpetradores.
Mucho del criticismo es válido. A la fecha, la Corte ha condenado solamente a un acusado: el antiguo señor de la guerra congolés, Thomas Lubanga. En diciembre último, un segundo señor de la guerra congolés fue absuelto cuando la Corte rechazó las pruebas de la fiscalía y el testimonio de algunos testigos clave. Recientemente, un juez amonestó a la fiscalía por la investigación de Uhuru Kenyatta, quien ahora es el presidente de Kenia. Se hizo referencia a los graves problemas en la revisión de las pruebas por el fiscal y a la falta de una apropiada supervisión de las mismas. Esta semana, la Corte pidió al fiscal proveer pruebas adicionales o realizar una investigación adicional con respecto a los cargos formulados en contra de Laurent Gbagbo.
A otros tribunales internacionales no les ha ido mucho mejor. El tribunal especial establecido para procesar a los antiguos líderes del Khmer Rouge en Camboya, con su mezcla de personal nacional e internacional, ha estado plagado de disensión interna y hostilidad gubernamental. Después de siete años, solo una condena y dos acusados pendientes, los Estados que financian el sistema están perdiendo la fe.
El tribunal especial para Líbano ha sido esmeradamente lento debido a la intimidación y ataques a su personal en Beirut.
El Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia encara la crítica de que tiene una base anti- serbia. En noviembre último revocó algunas decisiones en sentencias de apelación controversiales. También absolvió el antiguo primer ministro de Kosovo por segunda vez, generando la pregunta del porqué el caso fue tratado en primer lugar.
Virtualmente, todos los casos ante la CPI corresponden al continente africano. Sin embargo, casi todas las investigaciones actuales surgen de remisiones hechas a la Corte por los mismos países africanos.
En Kenia, fue claro que el liderazgo político no estaba comprometido con la responsabilidad por la violencia post- electoral. Como consecuencia, el fiscal de la CPI comenzó la investigación.
No hay duda que la tensión entre la Corte y algunos Estados africanos se ha ido incrementando por el hecho de que los presidentes Keniano y Sadanés están actualmente en la lista de personas requeridas. La solicitud de intervención del Consejo de Seguridad para terminar el proceso con respecto a Kenia fue malinterpretado. Kenia debe cooperar con la CPI en tanto mantenga procesos nacionales contra figuras políticas menos poderosas.
El presidente de la CPI ha defendido el desempeño de la corporación, señalando que es imparcial y apolítica. La evidencia apunta a lo contrario. Las situaciones y casos que actualmente se revisan tienen decididamente un enfoque africano. Cuando se comparan la situaciones que han progresado con las que se han desestimado, un patrón similar emerge.
Los casos que se están adelantando envuelven también un rango de individuos que de una manera u otra han provocado la ira de los grandes Estados occidentales. El respaldo de los Estados a la CPI ha sido inconsistente, fuerte en retórica y débil cuando el respaldo político es necesario para cumplir la tarea.
Política y Derecho, especialmente a nivel internacional, siempre estarán entrelazados. Las atrocidades cometidas en el curso del conflicto en Sri Lanka no llevaron a la conformación de una comisión de investigación o tribunal, por no hablar de una remisión a la CPI. El gobierno de Sri Lanka tenía amigos poderosos. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas ha referido la situación en Darfur y Libia a la Corte. Sin embargo, la situación en Siria no ha sido referida, debido al desacuerdo entre los miembros permanentes del Consejo de Seguridad.
Todo esto apunta a los defectos en la administración de la justicia internacional. Importante en este proceso es el papel de los fiscales. La estrategia de la fiscalía adoptada por la CPI cuando desempeñaba funciones su primer fiscal, Moreno Ocampo, ha dejado un legado difícil de seguir.
La CPI no remplaza la jurisdicciones nacionales; solamente las complementa cuando es necesario. Los procesos nacionales son preferibles, pero solo algunos tienen confianza en el actual liderazgo Keniano. Igualmente, es improbable que el hijo de Gadafi, Seif al Islam, obtenga un juicio justo en Libia. El manejo de la Corte del tema de Kenia, pondrá a prueba su credibilidad. Navegar en las tormentas políticas y diplomáticas que situaciones como la de Palestina presenta, ratificará la dificultad. Hasta el momento la Corte ha tomado las opciones fáciles y se ha mantenido al margen de los casos contenciosos. La riesgos de la política actual están creando un doble estándar que amenaza su integridad.
Ray Murphy es profesor en el Irish Centre para los Derechos Humanos, School of Law, NUI Galway.
El texto del documento original puede revisarse en el siguiente enlace: http://www.irishtimes.com/debate/many-criticisms-of-international-criminal-court-have-validity-1.1418128
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