El reporte titulado "El tiempo pasa, la impunidad permanece", examina cómo las autoridades españolas se niegan a investigar las decenas de miles de asesinatos y desapariciones cometidas durante la guerra civil por ambas partes del conflicto y bajo el gobierno de Francisco Franco (1936-1975). España tampoco coopera con otros países, como Argentina, que han abierto sus propias investigaciones sobre los históricos abusos en España.
"El hecho de que España no esté investigando ni cooperando con los procesos relacionados con los crímenes cometidos durante la guerra civil por ambas partes del conflicto y bajo el gobierno de Franco, es una bofetada en el rostro de todos los familiares de aquellos que fueron abusados y desaparecidos en aquel tiempo", dijo Esteban Beltrán, Director de Amnistía Internacional en España.
"Hemos visto la tendencia para estos casos, de ser cerrados sin investigación adicional, pero la situación ha empeorado recientemente después de que la Corte Suprema dispuso que no corresponde a los jueces españoles conocer esos crímenes. La única avenida de investigación judicial disponible en España parece haber sido cerrada", - agregó Beltrán-.
La justicia española presumiblemente se niega a realizar investigaciones, y las denuncias de las víctimas están siendo cerradas.
En Noviembre de 2008, la más alta Corte Nacional dijo no tener jurisdicción para conocer la denuncia criminal presentada en 2006 por homicidios y 114.266 desapariciones forzadas cometidas en España entre 1936 y 1951, procurando que los juzgados regionales tomaran los casos en su lugar.
Desde entonces, Amnistía Internacional señala haber encontrado que al menos 38 de los 47 casos remitidos a juzgados regionales, han sido cerrados.
El 27 de febrero de 2012, la Corte Suprema española dijo que era imposible investigar los crímenes cometidos durante la guerra civil y la era Franco debido, entre otras cosas, a que ellos están cubiertos por una ley de amnistía y a que ya están prescritos.
España también ha obstruido las víctimas para que testifiquen ante un juez argentino que conoce un caso abierto en el país desde 2010 y el Fiscal General español no ha cooperado con el caso.
Amnistía Internacional urge a las autoridades españolas, en particular a la oficina del Fiscal General, para que investigue y procese los crímenes y ofensas que atentan contra la ley internacional y para que asista sin restricciones a cualquier requerimiento de cooperación que reciba de jueces extranjeros que decidan investigar esos crímenes.
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