Por: EDUARDO POSADA CARBÓ
Septiembre 5, 2013.
Publicado originalmente en el diario El Tiempo.
En el lenguaje académico se le conoce como R2P, abreviación moderna de su nombre en inglés: ‘Responsibility to Protect’ (‘Responsabilidad de proteger’). La expresión se originó en el informe de una comisión internacional, convocada por el gobierno canadiense, con el fin de examinar los temas del intervencionismo y la soberanía de los Estados frente a serias catástrofes humanitarias. Como podría ser hoy el caso de Siria.
Desde su publicación en el 2001, el impacto del informe ha sido significativo. La cumbre de las Naciones Unidas del 2005 acogió el principio. Meses después, el Consejo de Seguridad aprobó por unanimidad una resolución con referencias explícitas a la “responsabilidad de proteger”. El Secretario de la ONU ha publicado informes para su desarrollo. Y existen varias organizaciones internacionales con el fin de hacer efectivo el principio, como el Global Centre for the Responsibility to Protect, con sede en Nueva York.
Su contenido puede resumirse en tres postulados. Primero: los Estados son los principales responsables de defender la seguridad de sus ciudadanos. Segundo: la comunidad internacional tiene la responsabilidad de colaborar con los Estados para cumplir con tales propósitos. Y tercero: si los Estados no cumplen, la “responsabilidad de proteger” recae en la comunidad internacional.
Ponerlo en práctica, sin embargo, representa enormes desafíos sin hablar de sus dilemas éticos.
Como ha observado la profesora Jennifer Welsh, en su concepción original, la “responsabilidad de proteger” estuvo rodeada de ambigüedades (véase su artículo en Current History, noviembre del 2012). No era claro bajo qué circunstancias podría tomar acción la comunidad internacional. Ni bajo cuáles criterios de legitimidad. Ni tampoco era claro quién tendría la autoridad de proteger.
No todas las ambigüedades se han resuelto. Pero las medidas tomadas por las Naciones Unidas le han dado más precisión al principio.
Se acordó que se aplicaría frente a los casos de genocidio, crímenes de guerra y de lesa humanidad, y limpieza étnica. El documento aprobado en la cumbre del 2005 también le dio entidad específica a la comunidad internacional: las Naciones Unidas. En caso de contemplarse intervención militar, la decisión de llevarla a cabo corresponde a su Consejo de Seguridad.
Estas precisiones en el papel siguen rodeadas de serios interrogantes y retos. La intervención en Libia en el 2011 se muestra a veces como ejemplo de acción, aprobada por la ONU con la participación de la Liga Árabe. Pero como los eventos recientes en Siria lo demuestran, el principio de la “responsabilidad de proteger” está muy lejos de ser una norma de fácil aplicabilidad.
De haber utilizado armas químicas en contra de su población –asesinando hasta 1.500 personas, incluidos centenares de niños–, el gobierno sirio habría cruzado la línea roja, como lo expresó el Presidente Obama. No obstante, es prudente esperar los resultados de la investigación que adelantan las Naciones Unidas. Se repite, una y otra vez, que Siria no es Libia. Por sus mayores complejidades, mayores razones entonces para acudir al Consejo de Seguridad de la ONU, donde Rusia y China se oponen a una intervención militar.
Reclamar una diplomacia más ambiciosa con el fin de lograr un amplio consenso internacional frente a los problemas de Siria no es abandonar a las víctimas del conflicto. Pero imposible garantizar que un bombardeo punitivo sea la solución. Podría empeorar el problema. Como principio y norma, la “responsabilidad de proteger” no contempla acciones unilaterales, pero sí demanda el concierto de la comunidad internacional.
El artículo original puede revisarse en el siguiente enlace:
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