Por David Rohde.
Julio 14, 2013
Traducido por Luis J. Leaño.
En los últimos ocho meses una serie de sentencias sorprendentes en el Tribunal Penal para la Antigua Yugoslavia ha encendido una controversia extraordinaria en el mundo formal del derecho internacional.
Los críticos dicen que las decisiones debilitan los precedentes de la era de la Segunda Guerra Mundial que considera responsables a los comandantes por crímenes de guerra. Los que apoyan las sentencias dicen que su impacto se ha exagerado y que el juez asociado con ellas está siendo injustamente difamado.
Dos antiguos funcionarios del TPIY dijeron en entrevistas que las decisiones fueron un retroceso de los años de progreso en el campo y arriesga la reciente condena por crímenes de guerra sobre el antiguo presidente de Liberia, Charles Taylor. Dijeron temer que los Estados Unidos e Israel hayan presionado a los jueces para desconocer los precedentes que podrían limitar las operaciones contra el terrorismo en ambos países.
"Estamos retrocediendo", dijo uno de los antiguos funcionarios.
El epicentro de la controversia -y un misterio-, es el juez Theodor Meron de 83 años, presidente del tribunal creado por las Naciones Unidas. Sobreviviente del holocausto, ha trabajado por décadas para crear tribunales internacionales de crímenes de guerra.
Merón está siendo severamente criticado por redactar las recientes decisiones en apelación del tribunal, que revocan las condenas de dos altos funcionarios croatas y un general serbio de alto rango, por ayudar e instigar crímenes de guerra. Luego de las decisiones de Meron, otros jueces del tribunal absolvieron dos altos funcionarios de la policía secreta serbia (Jovica Stanisic and Franko Simatovic), igualmente por cargos de ayudar e instigar crímenes de guerra.
La sorprendente decisión encontró que los dos líderes de la policía secreta serbia habían entrenado, pagado y supervisado unidades de combate paramilitar serbias que por años llevaron a cabo los ámpliamente publicitados crímenes de guerra a lo largo de Bosnia y Croacia. Sin embargo, los jueces señalaron que una condena requería evidencia de que los líderes "específicamente instruyeron" que la ayuda fuera usada para cometer crímenes de guerra. Los críticos dicen que virtualmente ningún comandante es tan tonto como para hacerlo de esa manera.
Un vocero del tribunal dijo que Meron, como otros jueces del mismo cuerpo, declinaron hacer comentarios sobre decisiones específicas.
Los críticos acusan a Meron, quien nació en Polonia y trabajó como diplomático israelí antes de inmigrar a Estados Unidos en 1977, de presionar a otros jueces para que avalaran precedentes legales que hace practicamente imposible condenar altos comandantes por abusos de derechos humanos. Sus defensores dicen que él no ejerció tal presión y que está siendo injustamente atacado por decisiones tomadas por una mayoría de jueces en cada caso.
En una extraordinaria violación del protocolo, un juez danés que trabaja para el tribunal, envió por correo electrónico una carta mordaz a 56 abogados, amigos y asociados, criticando a Meron. En la carta, que fue filtrada a la prensa danesa, el juez Frederik Harhoff acusó a Meron de ejercer "tenaz presión" sobre los jueces para que absolvieran comandantes y especuló que líderes militares de Estados Unidos e Israel podían ahora "respirar con tranquilidad".
"No hubo funcionarios americanos o israelíes que ejercieran presión sobre el juez americano que presidía para asegurar un cambio de dirección?" -escribió Harhoff. "Probablemente nunca lo sabremos."
Antes de conocerse las absoluciones, la CIA y algunos antiguos funcionarios militares americanos enviaron cartas de apoyo hacia algunos de los acusados, citando su trabajo conjunto con los Estados Unidos durante o después del conflicto. Pero los funcionarios americanos negaron el haber presionado a Meron o a otros jueces para que tomaran una decisión.
Los dos antiguos funcionarios del tribunal dijeron que no existe evidencia de que Meron actuara a petición de funcionarios americanos o israelíes. Por el contrario, -arguyen-, el juez implementó su punto de vista conservador frente al derecho internacional humanitario.
"Es un asunto de ego," dijo uno de los antiguos funcionarios del tribunal. "Está dejando su marca sobre cómo la ley será interpretada por la generaciones que vienen".
David Kaye, profesor de la facultad de derecho de la Universidad de California que ha trabajado con Meron, señaló que es injusto catalogarlo de "conservador". Kaye expresó que Meron y sus compañeros interpretaron las leyes elaboradas por Estados que querían limitar el alcance de la Corte.
"La ley fue originalmente desarrollada por gobiernos y, en este sentido es que es conservadora" - dijo Kaye. "Pedir a Meron u otros ser especialmente progresivos en esta área es más fácil decirlo que hacerlo".
Eric Gordy, profesor de sociología y política de la University College London y quien viene siguiendo el trabajo del tribunal, dijo que la reacción visceral a las decisiones reflejan un profundo desacuerdo en la comunidad legal internacional.
"En derecho internacional la gente está dividida" -dijo-. "Dividida acerca sobre qué tanta supervisión debería tener el derecho internacional sobre la actividad militar".
Los procesos internacionales por crímenes de guerra se expandieron rápidamente desde los 90, pero los ataques de Septiembre 11 de 2001 alteraron el debate. En un ensayo de 2001, un abogado militar americano, Charles J. Dunlap Jr. acuño el término "guerra jurídica (lawfare)", un práctica en donde oponentes militarmente débiles usan la "ley como arma de guerra" en contra de poderes militares superiores.
John Bolton, antiguo funcionario de la administración Bush y otros americanos conservadores señalaron que los palestinos y sus aliados usan el "lawfare" para acusar falsamente a las fuerzas israelíes de crímenes de guerra. Advierten que las cortes internacionales podrían perseguir militares americanos y funcionarios de inteligencia y eventualmente limitar la habilidad de los Estados Unidos para usar la fuerza militar y respaldar sus aliados.
Kenneth Roth, director ejecutivo de Human Rights Watch, criticó los ataques personales dirigidos a Meron y la especulación acerca de la presión ejercida por el gobierno americano e israelí.
"He sabido por décadas que Ted es un hombre de principios" -señaló-. "Esos ataques personales son simplemente equivocados".
Roth dijo estar en desacuerdo con la sentencias de"ayuda e instigación", pero cree que ha sido un intento por proteger la corte de los ataques de la derecha americana.
"Supongo que el tribunal estaba tratando de estrechar el concepto de ayuda e instigación" -dijo Roth. "para evitar los temores de la extrema derecha en los Estados Unidos, en el sentido de que la ayuda militar americana podría conducir a responsabilidad criminal si los destinatarios repentinamente cometieran crímenes de guerra".
Diane Orentlicher, una experta en crímenes de guerra que enseña en la American University, dice que se preocupó por los ataques personales hacia Meron, quien "ha hecho contribuciones singulares al derecho humanitario". Sin embargo, Orentlicher criticó la decisión sobre la policía secreta, la cual denominó "un mapa de cómo proveer asistencia indispensable a asesinos en masa y superar la acusación".
Cualquiera que sea la motivación, las recientes decisiones son retrocesos mayores que crean estándares irreales sobre la responsabilidad de comando. Las sentencias debilitaron un sistema de derecho internacional que debería ser reforzado.
Este Martes, miles de dolientes se reunieron en Bosnia oriental para conmemorar el aniversario 18 de la masacre de Srebrenica, donde 8.000 hombres y niños musulmanes de Bosnia fueron masacrados. Las familias sepultaron los restos de 409 víctimas que habían sido exhumados de las fosas comunes y que fueron recientemente identificados a través de exámenes de ADN. El proceso incluyó 44 niños entre 14 y 18 años y una niña pequeña que pereció luego de ser llevada al complejo de la ONU por seguridad.
Entre tanto, en la vecina Serbia, los dos comandantes de la policía secreta, Stanisic and Simatovic, disfrutaban de su nueva libertad. Habían entrenado, fundado y supervisado las unidades paramilitares envueltas en los brutales asesinatos alrededor de Srebrenica. Pero los jueces encontraron que no tenían responsabilidad por la ejecuciones.
La batalla legal no ha terminado. El TPIY expedirá decisiones adicionales sobre la responsabilidad de comando antes de cerrar sus puertas en 2016. Desconociendo los destructivos recientes se serviría a la causa de la justicia internacional y se honraría a las víctimas de Srebrenica.
No hay comentarios:
Publicar un comentario