Traducido por Luis J. Leaño.
Hace diez años, las espantosas imágenes de Darfur se grabaron en la conciencia nacional. Después de que un avión del gobierno sudanés bombardeara pueblos en Darfur, el Janjaweed, o milicias árabes respaldadas por el gobierno, barrerían para desocupar la tierra de gente. Quemaron pueblos y cultivos, envenenaron pozos, destruyeron el ganado, violaron sistemáticamente mujeres y niñas y asesinaron civiles. El gobierno de Estados Unidos llamó a las atrocidades patrocinadas por el Estado, un genocidio. La Corte Penal Internacional libró órdenes de captura para quien es cabeza de Estado en ejercicio, el presidente Omar al-Bashir, por actos de genocidio, crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra cometidos en Darfur.
Ahora, una década después, el conflicto en Darfur continúa y la violencia se ha extendido a lo largo del país. Khartoum lleva a cabo campañas armadas contra los civiles en los Estados sureños de South Kordofan and Blue Nile, en la disputada frontera del territorio de Abyei, rico en petróleo y en todas partes. Sudán demanda nuestra atención no solamente como un asunto de conciencia y Estado de Derecho, sino como factor de seguridad nacional y estabilidad regional.
Desde el 2003 más de 2.3 millones de Darfuris han huido de sus hogares, incluyendo cerca de 300.000 que están refugiados en Chad. Miles de niños que nacieron en esos campos nunca han conocido otro hogar. Y el ciclo de violencia continúa. En los primeros cuatro meses del 2013, han sido desplazadas más de cinco veces más personas que en todo el 2012. En solo una semana de Abril de 2013, unos 50.000 Darfuris huyeron al sureño Chad tras un nuevo conflicto étnico. Los refugiados reportaron que pueblos enteros habían sido quemados y arrasados, con un saldo de muchos pobladores muertos.
En South Kordofan y Blue Nile, bombardeos aéreos indiscriminados son la táctica devastadora con la que firma Khartoum. Las bombas destruyen áreas residenciales, escuelas y mercados, centros de salud y campos de cultivo. Los civiles no reciben advertencia de los ataques y huyen en busca de protección a cuevas y cerca de las montañas o en los arbustos. Los niños se crían sin escuelas y los pueblos quedan abandonados. Los ataques aéreos, combinados con ataques de tierra arrasada y obstrucción deliberada de la ayuda humanitaria, han creado las condiciones propicias para generar la hambruna crónica. El alto comisionado de las Naciones Unidas para los derechos humanos ha señalado que las violaciones de derechos humanos alcanzan el nivel de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad.
En resumen, el desplazamiento y la destrucción continúan sin cesar en Sudán. La situación es compleja. Hay violencia entre las comunidades y lucha por los recursos. Los grupos rebeldes también tienen culpa, pero el gobierno de Sudán ha cometido el abrumador número de abusos y crímenes. En el corazón de la violencia y el sufrimiento está un régimen autoritario liderado por Omar al-Bashir que pone las fuerzas armadas del Estado contra su propio pueblo y lleva a cabo campañas cíclicas de "divide y vencerás" para asegurar su permanencia en el poder.
Los crímenes de guerra y la masiva crisis humanitaria en Sudan afecta no solamente la estabilidad regional, sino también su propia seguridad nacional. Como la misma administración Obama lo señaló claramente al crear la Junta de Prevención de Atrocidades, disuadir el genocidio y las atrocidades en masa es "un interés nacional central y una responsabilidad moral central". Los Estados Unidos tienen un interés real de seguridad nacional para evitar el sectarismo, el radicalismo y la descomposición de la seguridad y la sociedad que hemos visto en los vecinos del Sahara de Sudán, en Libia y Egipto, Mali y el peor de los casos, en Somalia.
En Abril, los congresistas Frank Wolf, Mike Capuano y yo, propusimos la bipartidista ley de paz, seguridad y responsabilidad para Sudán (H.R. 1692). Avalada por una gama de grupos basados en la fe, grupos de derechos humanos y organizaciones humanitarias no gubernamentales, este proyecto de ley crearía una estrategia integral de los Estados Unidos para frenar violaciones serias de los derechos humanos, en lugar de confiar en negociaciones parciales que fortalecen la mano de Khartoum. El proyecto establece responsabilidad a través de un nuevo régimen de sanciones amplias y una aplicación más eficaz. Lo que el acuerdo general de paz haría para finalizar la guerra entre el norte y el sur de Sudán, es crear la capacidad de los sudaneses para aprobar reformas democráticas transparentes. Finalmente, implicaría tomar los pasos necesarios para mitigar la falta de ayuda humanitaria a través de las áreas afligidas por el conflicto.
Pero también es necesario que la administración actúe para tratar la raíz de las causas del conflicto y sus horrorosos costos humanos. La política de la administración está viciada. El remplazo de un enviado especial para Sudán y Sudán del Sur todavía no ha sido nombrado; una situación que requiere un remedio inmediato.
Las campañas de conflicto armado y negativa deliberada de ayuda a cualquier parte de Sudán que se imparten desde Khartoum, tienen devastadas comunidades enteras y regiones. Debemos actuar para parar este ciclo de violencia. Tres administraciones de Estados Unidos, incluyendo al presidente Obama, han dedicado capital político, tiempo y recursos a Sudán. El Congreso puede hacer su parte aprobando el H.R. 1692. Pero no hay substituto para el liderazgo revigorizado en los más altos niveles, incluyendo un enviado especial de alto perfil que facilite la paz integral, la transformación democrática y la responsabilidad real en Sudán.
El original del artículo anterior puede revisarse en el siguiente enlace:
http://www.huffingtonpost.com/rep-jim-mcgovern/sudan-human-rights_b_3721642.html
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