El Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia (TPIY), la primera corte internacional para crímenes de guerra establecida desde los tribunales de Núremberg y Tokio, expidió recientemente una sentencia final controvertida en el caso de Momcilo Perisic, antiguo comandante del ejército yugoslavo en la época de Slobodan Milosevic. Perisic fue acusado de ayudar e instigar los crímenes cometidos en Bosnia por las fuerzas serbio- bosnias, incluyendo el genocidio cometido por ese cuerpo armado en Srebrenica. Perisic y sus subordinados proveyeron armas, equipo y otras ayudas a quienes planearon y cometieron tales crímenes contra miles de bosnios.
Luego del primer juicio, Perisic fue condenado y sentenciado a 27 años de prisión. El fallo no fue en manera alguna una sorpresa dada la jurisprudencia del tribunal y la práctica utilizada para esa época. No había dudas de que en Bosnia se había cometido crímenes masivos por parte de fuerzas a las cuales Perisic había entregado considerable material de apoyo, incluyendo grandes dotaciones de armas y municiones. Sin ellas, esos crímenes no hubieran ocurrido o al menos, no en la misma escala.
Sin embargo, en la decisión proferida por el tribunal por vía de apelación, que generó una gran sorpresa y un enorme debate en los círculos legales internacionales (y además una gran consternación y enojo en Bosnia-Herzegovina), Perisic fue absuelto de todos los cargos y liberado. Los jueces de apelación del TPIY sostuvieron en términos generales, que la responsabilidad de Perisic por los crímenes cometidos por el ejército serbio-bosnio que activamente había respaldado, requería la prueba de que él tuviera el propósito de que el material provisto fuera usado en la comisión de esos crímenes. O, en palabras del tribunal, la fiscalía no pudo probar que la provisión de armas y materiales hecha por Perisic, estaba específicamente dirigida hacia la comisión de crímenes.
Mientras que los académicos discuten acerca del caso Perisic, a nivel práctico la decisión parecería afirmar que en adelante, será extremadamente difícil sostener la responsabilidad criminal de quienes proveen apoyo esencial, como armas y municiones, para suplir fuerzas o aliados que cometen crímenes. El estándar de "dirección específica" es virtualmente imposible de satisfacer, porque los países que proveen ayuda a grupos criminales raramente darán instrucciones explícitas acerca del uso de la ayuda, inclusive aunque ello esté bien entendido por todos los involucrados.
La decisión de Perisic retumbó fuertemente en los corredores de las cortes y escuelas de derecho alrededor del mundo, pero también dentro de los establecimientos militares envueltos en el apoyo a otras fuerzas en muchos conflictos en curso. Adicionalmente, pudo haber provisto un buen argumento en el proceso de apelación de Charles Taylor. Teniendo en mente que el Tribunal Especial para Sierra Leona tiene la obligación de considerar la jurisprudencia de los tribunales de Yugoslavia y Ruanda como guía, muchos observadores esperaron que Taylor fuera absuelto, dada la dificultad de cumplir con el estándar de la "dirección específica" que fijó la sentencia del TPIY en el caso Perisic.
Sin embargo los jueces del Tribunal Especial para Sierra Leona, después de examinar los precedentes de las cortes internacionales y del derecho internacional consuetudinario, se abstuvieron de seguir la interpretación que de la figura de la "ayuda e instigación" acogió el TPIY en el caso Perisic, y mantuvo la condena para Taylor.
En el resumen de la sentencia, el juez Gelaga King explicó la decisión en términos precisos: "La sala de apelaciones no fue persuadida por el reciente fallo de la sala de apelaciones del TPIY en la sentencia de Perisic, en el sentido de que la "dirección específica" es un elemento de la responsabilidad por ayudar e instigar bajo el derecho internacional consuetudinario. La sala señaló que la jurisprudencia del TPIY no contiene un claro y detallado análisis de los elementos que respaldaban la conclusión de que la "dirección específica" es un elemento bajo el derecho internacional consuetudinario".
La opinión de los jueces Shireen Avis Fisher y Renate Winter brindó un paso adicional al subrayar esta aproximación. Rotundamente rechazaron el argumento de Taylor en el sentido de que sin un estándar de "dirección específica", la responsabilidad por ayudar e instigar se ampliaría y podría criminalizar la conducta de Estados que asisten movimientos rebeldes en otros países, los cuales podrían al mismo tiempo estar respaldando al Tribunal Especial para Sierra Leona y otras cortes internacionales. El juez Fisher fue contundente al afirmar: “Sugerir que los jueces de esta corte podrían estar abiertos al argumento de que podriamos cambiar el derecho o acomodar nuestras decisiones a los intereses de funcionarios de Estados que proveen respaldo para esta o cualquiera otra corte penal internacional, es una afrenta al derecho penal internacional y a los jueces que le sirven".
La importancia de esta decisión no puede subestimarse. La sentencia del Tribunal Especial para Sierra Leona no solamente ha provisto una medida de justicia a las muchas víctimas de Charles Taylor en Sierra Leona, sino que ha brindado una fuerte señal a aquellos que buscan cometer crímenes de horror a través de títeres y sustitutos: no pueden fácilmente esconderse detrás de estructuras legales complicadas y muy probablemente tendrán que encarar el brazo de la justicia. La sentencia de Taylor finalmente es una advertencia para quienes piensan que podrán, como el Mago de Oz, manipular las atrocidades desde lejos y eludir las consecuencias.
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