Abril 14, 2014
Traducido por Luis Leaño
ANÁLISIS
Durante décadas, mujeres y niñas en África han sido víctimas de la violación, esclavitud sexual y otras formas brutales de violencia sexual y de género. En un continente plagado de diversas formas de conflicto, este tipo de violencia con frecuencia se ha utilizado como arma de guerra.
El Proyecto de documento de orientación sobre Delitos Sexuales y de Género de la CPI, publicado el 7 de febrero de 2014, marca el comienzo de una nueva esperanza para hacer frente a este tipo de delitos.
Aunque la comunidad internacional ha comenzado a abordar estas atrocidades con instrumentos tales como las Resoluciones 1325 de 1820 y 1888 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (CSNU), el éxito en la persecución de estos delitos sigue siendo limitado.
¿Podría este proyecto de política convertirse en la nueva herramienta necesaria para hacer frente eficazmente a este tipo de delitos, en materia de justicia penal internacional?
De los ocho casos que actualmente cursan ante la CPI, seis de ellos (los casos de Uganda, Darfur, Kenya, la República Centroafricana, la República Democrática del Congo y Costa de Marfil) incluyen cargos que comprenden diversas formas de violencia sexual y crímenes de género.
Con estos casos ante la Corte Penal Internacional, hay que aplaudir a los objetivos establecidos en el proyecto de política de la oficina del fiscal (OTP), que describe el compromiso de prestar especial atención a los delitos sexuales y de género, de conformidad con el Estatuto de Roma.
Su objetivo es garantizar la investigación y enjuiciamiento efectivo de esos crímenes, desde el examen preliminar hasta la apelación. Esto es fundamental, como que una mala investigación socava enjuiciamientos efectivos.
El proyecto de política también reconoce los muchos desafíos y obstáculos que se interponen en el camino de la investigación y enjuiciamiento efectivo de los delitos sexuales y de género. La recopilación de pruebas suficientes, por ejemplo, es una seria dificultad.
Esto se vio en marzo, cuando la CPI profirió una sentencia condenatoria contra el líder de la milicia del Congo, Germain Katanga, por un crimen contra la humanidad y cuatro crímenes de guerra, y fue absuelto de otros cargos que incluyen crímenes de violación y esclavitud sexual. Se encontró que no había suficiente evidencia sustancial para demostrar que los delitos de violación y esclavitud sexual se habían cometido.
Este fue también el caso en el Tribunal Penal Internacional para Ruanda (TPIR). Mientras que el Tribunal pudo condenar a Jean-Paul Akayesu por violación, por hechos cometidos durante el genocidio de 1994, los fiscales del TPIR tuvieron serias dificultades para conseguir otras convicciones de violación, debido a la falta de pruebas.
Las lecciones de esta experiencia están documentadas en el manual del TPIR para las Mejores Prácticas de investigación y enjuiciamiento de crímenes de violencia sexual en el post conflicto.
Investigar y enjuiciar efectivamente los delitos sexuales y de género en el ámbito nacional e internacional, requiere la participación de varias partes, incluida la cooperación de los Estados y la participación activa de la sociedad civil.
El proyecto de política de la CPI destaca el principio de la complementariedad positiva (necesidad de que los Estados tomen la iniciativa en la persecución de crímenes que caen bajo la jurisdicción de la CPI) en su enfoque de los delitos sexuales y de género. Se alienta a los Estados Parte en el Estatuto de Roma para cumplir sus responsabilidades de hacer frente a estos crímenes.
Sin embargo, el borrador de la política debe articular con más detalle cómo se abordará la cooperación entre los estados parte y la CPI al enfrentar los delitos sexuales y de género en el ámbito doméstico.
Desafortunadamente, la falta de cooperación y la falta de responsabilidad de los Estados Parte de la CPI, sigue afectando la persecución de crímenes internacionales.
Otro desafío importante en África para las víctimas de esos crímenes es el acceso a la justicia, y la incapacidad de los sistemas judiciales para enjuiciar delitos complejos.
También hay casos donde las víctimas se enfrentan con el estigma de los delitos sexuales y de género, y tienen un acceso limitado a servicios de apoyo de las instituciones del Estado. Esto plantea un desafío para el proyecto de política, como que la Corte Penal Internacional es un tribunal de último recurso.
El aseguramiento de los testigos es otro aspecto clave. La citación de testigos y su capacidad de relacionar la información relevante puede ser afectada por muchos factores, incluyendo la edad, el idioma, la cultura, la discapacidad física y la falta de mecanismos nacionales eficaces de protección de testigos.
Los testigos son piezas claves en el enjuiciamiento exitoso de delitos internacionales y los fiscales dependen de testimonios precisos y completos.
El proyecto de política describe minuciosamente las medidas que deben tomarse para la preparación y seguridad de los testigos, así como su bienestar.
Sin embargo, la política se limita a identificar el proceso a seguir para obtener testigos para los juicios. Sería bueno referirse a las lecciones aprendidas del TPIR en los procedimientos de preparación de testigos.
En un tema relacionado, el borrador de la política debería ser elogiado por incluir las cuestiones de los niños soldados y la esclavitud, ya que la participación de los niños soldados se ha producido en la mayoría de los casos de conflicto armado - no sólo para el combate, sino también para la esclavitud sexual. Esta es una práctica común, persistente, y el proyecto de política destaca y mejora de manera activa el aspecto de género de este crimen.
El documento final de la política estuvo listo en marzo, pero aún no ha sido publicado. Queda por ver si la política demostrará ser una herramienta eficaz en la investigación y enjuiciamiento de estos crímenes internacionales.
Sin embargo, no puede esperarse que la Corte Penal Internacional aborde el problema por sí sola. Tratar la delincuencia sexual y de género en la guerra requiere de la cooperación y la responsabilidad de los Estados para perseguir eficazmente estos delitos, y para ayudar a terminar con la cultura de la impunidad.
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Thobeka Mayekiso, Consultant, Transnational Threats and International Crimes Division, ISS Pretoria
El original del artículo anterior puede examinarse en el siguiente enlace:
http://allafrica.com/stories/201404141714.html?viewall=1
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