España busca contener la ley de jurisdicción universal.

Por Jim Yardley 

Febrero 10, 2014

Traducido por Luis J. Leaño

Durante casi dos décadas los jueces españoles han sido provocadores del derecho penal internacional, persiguiendo casos de derechos humanos en contra de oficiales militares argentinos, funcionarios de defensa israelíes o soldados estadounidenses en Irak. En el más famoso, un juez español abrió el caso que llevó a la detención del ex dictador de Chile, Augusto Pinochet.

El producto de la cruzada de jueces que buscaban aplicar las normas internacionales de derechos humanos a muchas de las figuras más poderosas del mundo, son casos que raramente, si al caso alguna vez, dieron lugar a actuaciones judiciales en España. Pero han influido en casos en otros países, sobre todo Argentina, y son una molestia innegable para cualquier persona con una orden de arresto internacional. Ellos también han complicado la diplomacia de manera impredecible.

Esto nos lleva a China. El lunes por la tarde, la Audiencia Nacional de España expidió una orden internacional de arresto para el ex presidente de China Jiang Zemin y el ex primer ministro Li Peng como parte de un proceso sobre presuntas violaciones de los derechos humanos en el Tíbet. Enfurecidos, los diplomáticos chinos están presionando al gobierno español para detener el proceso.

Se espera que el Parlamento de España debate y eventualmente apruebe un proyecto de ley que haría exactamente eso. Expertos legales dicen que la legislación presentada por el Partido Popular gobernante en enero, obligaría a la desestimación del caso de China y reduciría drásticamente el alcance de la ley nacional que ha permitido a los jueces españoles perseguir casos de derechos humanos en todo el mundo.

"Se podría sentar un precedente en el que todo el sistema de derecho internacional podría verse afectado", dijo Alan Cantos, cuyo Comité de Apoyo al Tíbet con base en España, es demandante en el caso de China. "De repente, China decide cómo debería aplicarse el derecho internacional."

China es casi la única potencia mundial que ha asumido una posición rígida por las acusaciones de los jueces españoles. En los últimos años, Estados Unidos e Israel han aplicado presión diplomática para tratar de eludir las investigaciones judiciales. Pero el esfuerzo actual del gobierno por contener los jueces,  está siendo criticado por doblegarse a un socio comercial importante, ya que España está luchando por recuperarse de una devastadora crisis económica.

"Me temo que eso es correcto", dijo Ramón Jáuregui, miembro del Parlamento por el Partido Socialista de la oposición, que se opone a un cambio de la ley.

Al igual que Estados Unidos, Europa ha equilibrado mucho los acuerdos y la confrontación en sus relaciones con China, que es uno de los mayores socios comerciales de la Unión Europea. España sin embargo, rara vez ha optado por la confrontación con China, que tiene una cuota saludable de la deuda española y se ha convertido en un mercado lucrativo para las industrias de alimentos y vinos de España.

"¿Qué tan importante es China para España", -pregunta Miguel Otero, analista senior de Real Instituto Elcano, un centro de investigación en Madrid-. "Es importante, y tiene el potencial de ser aún más importante. Están muy dispuestos a entrar en el mercado chino ".

Bajo escrutinio está una doctrina de derecho internacional conocida como jurisdicción universal, que permite a los tribunales de cualquier país enjuiciar personas fuera de su territorio por delitos de "carácter internacional", como genocidio, tortura, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. 

Grupos de derechos humanos como Amnistía Internacional consideran que la jurisdicción universal es una "herramienta esencial" y emitieron una declaración conjunta el lunes condenando enérgicamente los cambios propuestos a la legislación española. Los críticos de la ley argumentan que la doctrina infringe la soberanía nacional y es susceptible de abuso por parte de jueces con exceso de celo. 

Peter J. Spiro, profesor de derecho internacional en la Universidad de Temple, dijo que la jurisdicción universal es una doctrina importante, pero que ha tenido una aplicación limitada debido a que los esfuerzos para ampliar su ámbito de aplicación han evolucionado más rápido que cualquier consenso político en torno a ella.

Señaló además que la doctrina tenía " enorme potencial " debido a la creciente influencia del movimiento mundial de derechos humanos en el derecho internacional , pero que muchos líderes políticos se mantuvieron cautelosos. Bélgica por ejemplo , derogó su ley original después de que se presentaran cargos contra el ex primer ministro Ariel Sharon de Israel, así como contra el ex presidente George W. Bush, el ex vicepresidente Dick Cheney y el ex secretario de Estado Colin L. Powell.

" No sólo China está en contra de esto", dijo el profesor Spiro . "Todavía está un poco fuera de sintonía con las normas internacionales que prevalecen en las cuestiones de jurisdicción. "

Ningún país ha sido más asertivo en el uso de la doctrina que España, donde se adoptó la jurisdicción universal en la legislación nacional en 1985. El caso más conocido se produjo en 1998 , cuando el juez Baltasar Garzón dictó una orden contra Pinochet, mientras que el hombre fuerte de Chile estaba de visita en Londres. Las autoridades británicas arrestaron a Pinochet, pero más tarde se negaron a extraditarlo a España, lo que le permitió regresar a Chile donde finalmente se enfrentó a acusaciones penales antes de su muerte.

El caso Pinochet, si bien no dio lugar a un juicio en España, envalentonó a los activistas legales y de derechos humanos y llamó la atención sobre el potencial de la jurisdicción universal, según los analistas. Otros países adoptaron sus propias disposiciones legales, mientras que los jueces españoles adoptaron los casos desde Argentina a Guatemala y de El Salvador a Ruanda. 

Pero estos casos también crearon fricciones políticas en España, sobre todo cuando los tribunales españoles comenzaron a investigar en contra de Israel, Estados Unidos y China. 

La presión estadounidense se hizo evidente en los cables diplomáticos publicados por WikiLeaks en 2010. Citando los cables, El País, -periódico español líder-, informó que diplomáticos estadounidenses presionaron al gobierno español para desviar las investigaciones judiciales vinculadas a la guerra de Iraq, la prisión militar en Bahía de Guantánamo y los vuelos secretos de la CIA que transportaban a sospechosos de terrorismo.

Bajo esta presión el gobierno de España, entonces controlado por el Partido Socialista, debilitó la ley en 2009, dando lugar a la desestimación de varios casos. Defensores de derechos humanos sostienen que una doble moral ha emergido donde es aceptable la investigación frente a los abusos en los países débiles, pero no en las potencias mundiales. 

Y argumentan que los cambios que ahora propone el Partido Popular terminarán efectivamente con el uso de la jurisdicción universal: En los casos de genocidio, crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra, los jueces españoles podrían investigar si el sospechoso es un ciudadano español, un extranjero que vive en España o extranjero en España cuya extradición ha sido denegada por las autoridades españolas. También se pueden aplicar restricciones similares a los casos de tortura. 

"Están tratando de eliminar la jurisdicción universal", dijo el juez Garzón, cuya agresiva utilización de la doctrina más tarde llevó a su suspensión del poder judicial español en 2010. "Esa es su meta. Nunca han creído en ella".

De hecho, España se encuentra ahora en el extremo receptor de tales litigios internacionales, como que un juez en Argentina investiga los crímenes de guerra cometidos durante la era del dictador español Franco. Los líderes del Partido Popular están irritados con ese caso y algunos analistas dicen que la presión de China ha proporcionado una excusa para que el gobierno pueda diluir una doctrina legal que ha traído dolores de cabeza diplomáticos.

El Partido Popular tiene una cómoda mayoría en el Parlamento y puede pasar los cambios con bastante facilidad, dicen los analistas . José Miguel Castillo Calvín , miembro del Partido Popular en el Parlamento, argumentó que la ley española no está en sintonía con otros países y llamó los cambios propuestos " una reforma necesaria y apropiada. " También negó que el gobierno estuviera tratando de apaciguar a China o algún otro país.

"Esta reforma no se ha creado con un caso concreto en mente ", dijo Castillo, en respuesta a preguntas escritas. "En segundo lugar , sería conveniente recordar que la jurisdicción internacional no es ilimitada. "

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El original del artículo anterior puede revisarse en el siguiente enlace: 
http://www.nytimes.com/2014/02/11/world/europe/spanish-legislators-seek-new-limits-on-universal-jurisdiction-law.html?_r=0