Justicia Internacional y Ruanda: Fracasaron de nuevo las Naciones Unidas?

El sistema judicial internacional ha proporcionado a los sobrevivientes del genocidio de Ruanda una adecuada justicia?

Por Andrew Wallis.

Traducido por Luis Leaño

Este mes el mundo ha centrado su atención en Ruanda con motivo de la conmemoración del genocidio contra los tutsis que desgarró al país durante el verano de 1994. Para los presentes en el estadio de Amahoro en Kigali, el 7 de abril, en el principal acto conmemorativo, los gritos de agonía de los sobrevivientes aún traumatizados en la multitud, reveló que para muchos de ellos el sufrimiento continúa.

Una fuente continua de dolor es ver a aquellos a los que consideran responsables de la masacre ser absueltos o condenados a penas escasas en el Tribunal Penal Internacional para Ruanda (CPIR) en Arusha, Tanzania. Habiendo sido abandonados por las Naciones Unidas, que permaneció impasible y se limitó a observar el genocidio, muchos acusan a la organización de fallar de nuevo -esta vez para hacer justicia-.

La CPIR tuvo un éxito notable en sus primeros días. Un precedente legal se estableció con el juicio de Jean-Paul Akayesu en donde se juzgó la violación como un acto de genocidio. Se estableció también el uso de los medios de comunicación como un crimen de genocidio. En 2006 fue reconocido por la Sala de Apelaciones que "hubo un genocidio en Ruanda contra la etnia tutsi", afirmando como un hecho histórico los eventos ocurridos entre abril y julio de 1994.

Sin embargo, durante los últimos siete años una serie de altamente controversiales absoluciones y reducciones en las sentencias por vía de apelación, para líderes militares y políticos de alto nivel que se consideraban responsables de organizar el genocidio, se suma al legado de $ 2 mil millones de dólares en duda que ostenta la Corte.

Aquellos que piensan que esto es puramente un problema "Ruandés", deberían pensar de nuevo. En los últimos años, un aparente cambio de interpretación jurídica por la sección de apelaciones ha abierto una grieta, a pesar de las anteriores normas reconocidas respecto de la "responsabilidad de mando" de los líderes militares y políticos.

Liderando este cambio que exige una "carga de la prueba" muy superior, está el juez Theodor Meron, un académico estadounidense de 84 años y presidente de las cortes de apelación en el Tribunal Internacional para Ruanda y en el Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia (TPIY) en La Haya.

La CPIY liderada por Meron, introdujo la idea de tener que probar la "dirección específica" de un militar acusado o de un dirigente político de alto nivel, para ser declarados culpables. Anteriormente, el sólo conocimiento de lo que sus tropas iban a hacer o habían hecho,  constituía complicidad y significaba una sentencia fuerte. Ahora bien, este cambio que exige probar la "dirección específica" ha significado un nuevo "patrón" para apelar las sentencias de la CPIR y de la CPIY.

Oficiales superiores como Anatole Nsengiyumva y Théoneste Bagosora y políticos como Justin Mugenzi y Prosper Mugiraneza han visto reducidas sus condenas o han sido absueltos. Meron ha presidido la sala de apelaciones de la CPIR, -por lo general integrada de 3 a 5 jueces-  en todas las 8 absoluciones en la CPIR.

En un correo electrónico filtrado, que fue dirigido a sus jueces compañeros de la CPIY, Frederik Harhoff acusó a Meron de trabajar bajo la agenda de Estados Unidos. La alegación del Harhoff, respaldada por muchos dentro y fuera del poder judicial, fue que Meron "diluyó" la responsabilidad de mando para calmar los temores de Estados Unidos de tener que enfrentar en el futuro alguna acción legal en contra de sus altos dirigentes.

Documentos revelados por Wikileaks mostraron a un embajador de Estados Unidos destacando que Meron era "el preeminente defensor de los esfuerzos del gobierno de Estados Unidos en el tribunal". Por otra parte, un ex asesor legal de la CPIR, hablando de manera anónima, dijo que "la percepción entre mis colegas es que Meron recibe instrucciones del gobierno de Estados Unidos y que esto controla los estándares legales -como hemos visto con las absoluciones- teniendo implicaciones en los Estados Unidos y probablemente en Israel ".

El argumento es que mientras la guerra fría estaba en su apogeo, los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad tenían pocos motivos para pensar que algunos años en el futuro iban a verse envueltos en algunos conflictos terribles. Ahora todos se enfrentan a la posibilidad de que sus políticos o líderes militares puedan enfrentar cargos por crímenes de guerra en Irak, Afganistán, Gaza, Chechenia o Libia.

La reciente revocatoria de largas condenas en contra de los líderes militares croatas y serbios en la CPIY, ha aumentado esta percepción de una agenda "oculta".

Sin embargo, no todo es un camino de rosas para esta nueva lógica de la "responsabilidad de mando". La sala de apelaciones de Meron tuvo su fallo precedente, en el caso contra el jefe del ejército, general Momcilo Perisic, pronunciado en enero de 2014 por otra sala de apelaciones del TPIY en la que Meron había decidido no tomar parte (y que confirmó las condenas para cuatro funcionarios serbios). Esta sala decidió que la interpretación de la "dirección específica" era errónea y confirmó la sentencia condenatoria contra el comandante serbio.

Igualmente, el Tribunal Penal Internacional para Sierra Leona desestimó el concepto de "dirección específica" en la defensa de la convicción de culpabilidad original de Charles Taylor.

El resultado indigno y para muchos insondable de la actual batalla legal y política dentro de la sala de apelaciones empaña invariablemente sus sentencias. ¿Puede verse y creerse en la justicia cuando incluso los jueces no están de acuerdo entre ellos sobre la responsabilidad por el más terrible de los crímenes?

La CPIR se ha convertido en la corte olvidada. Si bien las decisiones de apelación en casos como el del líder serbio Radovan Karadzic y del comandante militar Ratko Mladic provocarán un gran interés mediático y político, aquellos contra ruandeses acusados ​​de crímenes horrendos similares, se deslizan en silencio bajo los titulares occidentales.

El "Meronisación" de la justicia internacional ha sido un desastre para la lucha contra la impunidad y la negación. El ex portavoz de la CPIR Tim Gallimore dijo: "Es difícil decir que las víctimas y los supervivientes del genocidio cometido contra los tutsis han obtenido justicia." Este veredicto será más relevante con la revocatoria que la sala de apelaciones de Meron hará de la sentencia a 30 años por genocidio contra el general Augustin Bizimungu, en las próximas semanas.

Las Naciones Unidas le fallaron a Ruanda en 1994; y ninguna cantidad de "giro" positivo de los medios sobre el legado de su corte,  persuadirá a los sobrevivientes que ahora, ella no les ha fallado también.

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El Dr. Andrew Wallis es periodista, académico y autor de "Silencio cómplice: la historia no contada del papel de Francia en el genocidio de Ruanda", Tauris, 2014"

El artículo original puede revisarse en el siguiente enlace:

http://www.aljazeera.com/indepth/opinion/2014/04/international-justice-rwanda-u-2014417153532217202.html