La oficina del fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI) debería acelerar su investigación preliminar sobre los graves crímenes internacionales cometidos en Afganistán, dijo a principios de este mes, Human Rights Watch. En su informe de Noviembre de 2013, llamado Examen preliminar de actividades, la oficina del fiscal de la CPI determinó que "crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad fueron y se siguen cometiendo en Afganistán", y que examinaría si el gobierno está tomando medidas suficientes para investigar y enjuiciar estos delitos.
"Los hallazgos del Fiscal de la CPI en el sentido de que crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad todavía se están cometiendo en Afganistán, debería poner en marcha una investigación completa para impulsar la justicia en el país", dijo Richard Dicker, director de Justicia Internacional de Human Rights Watch. "Esta sería una señal de que los violadores de derechos humanos en Afganistán no pueden evadir la justicia para siempre."
Afganistán ha sido una "situación que se analiza" desde el 2007, en la que el fiscal considera la posibilidad de abrir investigaciones formales sobre los presuntos crímenes cometidos en violación del derecho internacional.
La fiscalía debería acelerar una misión de investigación en Afganistán para recoger testimonios y mejorar su intercambio de información con las organizaciones afganas, organismos gubernamentales y entidades internacionales pertinentes, señaló Human Rights Watch.
La investigación del fiscal de la CPI ha continuado durante seis años; más que cualquier otra investigación de la CPI en una fase tan temprana del examen. Human Rights Watch ha documentado numerosos abusos graves durante este período.
Afganistán se unió a la Corte Penal Internacional en 2003. Un compromiso de la CPI para revigorizar su búsqueda de posibles acciones judiciales en Afganistán podría promover la más amplia determinación de responsabilidades en el país, señaló Human Rights Watch. Mientras las fuerzas militares internacionales se preparan para el retiro de las fuerzas de combate de Afganistán a finales de 2014, el gobierno y los donantes extranjeros no han dado ninguna consideración seria a la persistencia del problema de la impunidad por abusos contra los derechos humanos.
Una investigación realizada por la Comisión Independiente de Derechos Humanos Afgana y sondeos de opinión independientes muestran en forma consistente que la mayoría de afganos apoyan la determinación de responsabilidades por las décadas pasadas de violaciones de derechos humanos y crímenes de guerra.
Según el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, un caso sólo es admisible ante los tribunales si el Gobierno "no ha querido o no puede realmente llevar a cabo la investigación o el enjuiciamiento."
Los esfuerzos del gobierno afgano para lograr la rendición de cuentas, especialmente en relación con sus propias fuerzas, han logrado poco, dijo Human Rights Watch. El Plan de Acción para la Paz, Reconciliación y Justicia del gobierno, publicado en 2005, no se ha llevado a cabo. El presidente Hamid Karzai, con el respaldo de Estados Unidos y otros gobiernos, impidieron la publicación del único gran esfuerzo para seguir el Plan de Acción, un informe de 800 páginas de la comisión de derechos humanos que describe abusos graves de 1978 a 2001.
En 2007, una coalición de poderosos caudillos y sus partidarios en el parlamento aprobaron la Ley de Estabilidad Nacional y Reconciliación, que concedió amnistía efectiva a los responsables de abusos contra los derechos humanos a gran escala cometidos antes de 2001. La próxima retirada de fuerzas de combate internacionales en Afganistán anuncia una desvinculación de la comunidad internacional que puede disipar lo poco que queda de presión internacional para promover la determinación de responsabilidades por abusos graves, señaló Human Rights Watch.
La urgente necesidad de establecer responsabilidades es evidente en la campaña por venir para las elecciones presidenciales en abril de 2014. Varios candidatos a presidente y vicepresidente han estado implicados en graves violaciones de derechos. La prohibición constitucional de que delincuentes condenados puedan lanzarse a la presidencia, es de poco efecto cuando no hay grandes comandantes que hayan sido condenados por cualquiera de los abusos masivos cometidos en el país durante las últimas cuatro décadas.
El apoyo que brinden el gobierno afgano y los países con tropas internacionales en Afganistán, al análisis de la oficina del fiscal de la CPI , es crucial para hacer avanzar el proceso, dijo Human Rights Watch. Sin embargo, como se anunciaba en el informe de la fiscalía de noviembre de 2012, esta cooperación no siempre ha estado disponible.
"El reloj está corriendo para la administración Karzai para poner la determinación de responsabilidades en la agenda nacional", dijo Dicker. "El gobierno y sus partidarios internacionales deberían apoyar los esfuerzos del Fiscal de la CPI para mantener la justicia en la mesa."
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