"Cualquier recurso a la guerra, a cualquier tipo de guerra, es un recurso a medios que son inherentemente criminales. Guerra, inevitablemente, es un curso de asesinatos, asaltos, privaciones de la libertad, destrucción de la propiedad.

"


Robert Jackson

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jueves, 23 de julio de 2009

Responsabilidad de proteger


(Julio 23/09}

El compromiso adquirido por dirigentes latinoamericanos en la Cumbre Mundial de 2005, de proteger a las poblaciones de crímenes masivos, será puesto a prueba. Esta semana, la Asamblea General de las Naciones Unidas comenzó a debatir las propuestas para la aplicación de esta promesa solemne: la de la responsabilidad de proteger.


Este principio estipula que los Estados deben proteger a sus poblaciones de genocidio, crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y limpieza étnica, y deben ayudar a otros Estados a actuar en consecuencia. Cuando un Estado incumple manifiestamente sus obligaciones, la comunidad internacional debe tomar medidas oportunas y decisivas para impedir o detener las atrocidades. Este debería ser un momento de esperanza, puesto que los gobiernos se comprometen a poner en obra sus palabras, pero unos cuantos gobiernos interesados en atenuar este compromiso podrían apoderarse del debate invocando la soberanía a modo de barricada tras la cual sus acciones no puedan ser cuestionadas. Los Estados latinoamericanos, algunos de ellos defensores claves del principio, deben hacerse oír y demostrar que están dispuestos a apoyar el llamado a la acción del Secretario General de la ONU.

Se trata de un principio que no se contradice con la soberanía ni con la igualdad de los Estados, ni con el principio de no intervención. Por el contrario, está en total conformidad con el respeto por la soberanía responsable que ha llegado a definir las relaciones entre estos. La responsabilidad de proteger es expresión práctica de la conciencia acrecentada en nuestra región sobre los estándares universales de derechos humanos respaldados por el derecho internacional. Mi propia experiencia da cuenta de una época cruenta, cuando los regímenes dictatoriales abusaban de la soberanía para cometer crímenes terribles contra su propia población. En 1975 fui capturado por el régimen militar argentino, torturado y detenido sin proceso por un año y medio.

En aquel momento, el uso sistemático de la tortura, las ejecuciones y masacres, la detención arbitraria y prolongada, la desaparición forzada y la violación eran moneda corriente en nuestro continente. Hoy, esos actos son considerados con razón crímenes de lesa humanidad. No puedo evitar preguntarme si miles de víctimas latinoamericanas podrían haber recibido alguna protección si la norma de la responsabilidad de proteger hubiera estado plenamente establecida en aquella época.

En el 2004, el secretario general, Kofi Annan, me nombró su primer asesor especial para la prevención del genocidio. Al año siguiente fui a Costa de Marfil, donde por aquel entonces se vivía una aterradora oleada de matanzas étnicas incitadas por un discurso de odio desenfrenado. Recordé puntualmente a figuras de ambos bandos que aquellos que incitaran a cometer atrocidades podrían verse procesados por la Corte Penal Internacional. Estas amenazas, así como la intervención diplomática oportuna, lograron atemperar los ánimos y reducir la violencia, una prueba de que la justicia puede tener efectos preventivos y de que la prevención de atrocidades no implica el uso de la fuerza.

Dirigentes latinoamericanos de Argentina, Chile, Perú, Costa Rica y México desempeñaron un papel decisivo en la Cumbre Mundial de 2005 para llegar a un acuerdo sobre la responsabilidad de proteger. Los Estados latinoamericanos deben seguir ese liderazgo, compartiendo nuestras lecciones sobre verdad y justicia frente a las atrocidades en el terreno interno, e impidiendo atrocidades masivas en el regional y global por medio de iniciativas de justicia, mediación y mantenimiento de la paz.

Para decirlo simplemente, la responsabilidad de proteger es la expresión del deseo de respetar y proteger la dignidad humana. Debemos aprovechar la oportunidad del debate de esta semana en la Asamblea General para convertir esta noble promesa en causa de acción.

* Asesor del Fiscal de la Corte Penal Internacional para la Prevención del Crimen

Juan E. Méndez*

El Tiempo

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