Por Clive Baldwin
Asesor jurídico superior, de Human Rights Watch
19 de Mayo de 2014
Traducido por Luis Leaño
El anuncio hecho el 13 de mayo por la fiscal de la Corte Penal Internacional en torno a la reapertura de un "examen preliminar" sobre presuntos crímenes de guerra británicos en Irak, parece haber tomado por sorpresa a muchos en el Reino Unido. Pero es menos sorprendente para cualquiera que haya seguido el camino obstructivo de las autoridades británicas en torno a las numerosas denuncias de abusos a detenidos en Irak.
El Reino Unido es uno de los fundadores y firme defensor de la corte, pero es a menudo reacio a aplicar a nivel nacional las normas que el Reino Unido promueve internacionalmente. En particular, no ha habido ninguna indicación de que las autoridades británicas hayan aplicado alguna vez el principio básico de justicia penal internacional llamado “responsabilidad de mando”. Es decir, el mantenimiento de la responsabilidad de los comandantes militares y civiles por los crímenes de guerra cometidos por sus subordinados.
En 2006, el predecesor del actual fiscal de la CPI decidió no investigar los casos de presuntos abusos de detenidos por parte de las tropas británicas en Irak. Dijo que los casos parecían ser crímenes de guerra, pero los números no eran suficientes para justificar la participación de la Corte Penal Internacional. Hoy en día, y sobre todo desde que las fuerzas británicas abandonaron Irak, se han hecho cientos de denuncias más por parte de los ex detenidos y sus familiares.
Las acusaciones fueron documentadas en una larga presentación ante el tribunal en enero, por el Centro Europeo para los Derechos Constitucionales y Humanos, un grupo basado en Berlín, y por Abogados de Interés Público. Así que es apropiado para el fiscal reabrir este exámen. De hecho, el Reino Unido esperaría algo más si otro país se enfrentara a este tipo de acusaciones.
Un tema clave, tanto para el fiscal de la CPI como también en términos del enfoque de justicia del Reino Unido, es si las autoridades de ese país están dispuestas y son capaces de llevar a cabo investigaciones adecuadas sobre los presuntos crímenes de guerra en la cadena de mando y de enjuiciar a todos los responsables. Deberían ser capaces - ya que tienen los recursos y la experiencia - pero en la última década se han mostrado muy pocos signos de voluntad para hacerlo. No ha habido casi ningún enjuiciamiento, y el más reciente intento por investigar - el equipo de Alegaciones históricas de Irak (IHAT) - muestra pocos signos de realizar cualquier enjuiciamiento. De hecho, un tribunal británico dictaminó el año pasado que la IHAT no estaba estructurada para tomar decisiones sobre los procesamientos "con prontitud y de manera eficiente".
Dos problemas clave impiden la justicia, y la negativa a investigar los comandantes es una de ellas. Cuando el Reino Unido se unió a la CPI también aprobó la Ley de la Corte Penal Internacional, incorporando la responsabilidad de mando en la legislación del Reino Unido. Esta ley dice que ambos, comandantes militares y civiles, serán penalmente responsables por los crímenes de guerra cometidos por sus subordinados, que conocían o deberían haber conocido (para los civiles, 'conscientemente hicieron caso omiso de ese conocimiento), y no tomaron las medidas necesarias para prevenir, o no presentaron el asunto para investigación penal y enjuiciamiento. Esta responsabilidad se extiende hasta el más alto nivel.
El Reino Unido tiene un deprimente récord al momento de encontrar figuras políticas y militares de alto rango penalmente responsables de graves crímenes cometidos por sus fuerzas Parece que la última vez que esto sucedió fue en 1651,durante la Guerra Civil Inglesa. De hecho parece que nadie sabe aún si el primer ministro tiene legalmente la responsabilidad del mando de las fuerzas armadas, ya que el tema nunca ha sido tratado.
Sin embargo, la responsabilidad de comando es un principio de justicia claro y de larga data. Tiene que ser aplicado en las investigaciones de Irak debido a que los presuntos delitos se realizaron por años, sin ningún signo de existiera un intento por acabar con ellos. Una investigación criminal debe determinar cual fue la cadena de mando, incluyendo los líderes civiles encargados. Se debe determinar lo que los comandantes sabían o deberían haber sabido acerca de los abusos contra los detenidos, incluyendo los informes confidenciales de la Cruz Roja y reportes de los medios de comunicación, lo que hicieron para evitar nuevos abusos, y si cooperaron plenamente con los fiscales o trataron de bloquear las investigaciones penales. Sin embargo, no hay ninguna señal del adelantamiento de una investigación. Incluso en el caso de Baha Mousa, en el que una investigación pública encontró que los soldados británicos golpearon a un recepcionista de hotel hasta la muerte después de días de abuso en un centro de detención, ningún comandante fue procesado bajo el principio de responsabilidad de mando.
Relacionado con la renuencia a mantener a altos funcionarios como responsables, es la falta de independencia de los investigadores penales y fiscales frente a quienes investigan, incluyendo militares de alto rango y figuras políticas. Esto se puso de manifiesto en una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos de 2011. En el fallo (Al Skeini) el tribunal consideró que los investigadores sobre los presuntos homicidios ilegítimos cometidos por las fuerzas británicas en Irak se encontraban dentro de la cadena de mando militar y por lo tanto carecían de independencia. Aunque un cambio positivo en la última década ha sido la creación de un director civil de la Fiscalía, el poder absoluto sobre los enjuiciamientos individuales todavía recae en el Procurador General, un político y miembro del gobierno. No es de extrañar que ningún político nunca haya sido investigado cuando un miembro del gobierno puede bloquear los procesamientos.
De hecho, la respuesta del Procurador General, Dominic Grieve, la persona que el gobierno designó para responder a la CPI, es revelador. No sólo acertadamente se describe como encargado de los fiscales, sino que también repite el mantra del gobierno de que las fuerzas armadas británicas son "de las mejores del mundo". Es difícil conciliar este lenguaje de la persona que en última instancia, está a cargo de la Fiscalía que, debería garantizar una investigación independiente e imparcial sin importar a donde los hechos conduzcan, y con la perspectiva de enjuiciamientos, incluyendo hasta el más alto nivel de mando.
Las autoridades del Reino Unido han intentado en varias ocasiones omitir las denuncias de abusos en Irak. Pero los interesados no descansarán hasta que se lleve a cabo una investigación completa e independiente. La decisión del fiscal de la CPI en La Haya debe ser tratada por las autoridades del Reino Unido como una clara advertencia de que requieren iniciar la aplicación real de los principios de su propia Ley de la Corte Penal Internacional.
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El original del artículo anterior puede examinarse en el siguiente enlace:
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