November 29, 2012
* Este artículo fue publicado originalmente en la página web de Fellowship of Reconciliation en el siguiente enlace: http://forusa.org/blogs/susana-pimiento/corte-penal-internacional-examina-colombia-por-falsos-positivos/11460
El 15 de noviembre la Corte Penal Internacional le hizo a Colombia una clara advertencia: que espera responsabilidad al más alto nivel por los crímenes graves que están dentro de su jurisdicción, o de lo contrario, podría abrir una investigación formal. La advertencia llegó en el Primer Informe de Examen Preliminar emitido por la Oficina del Fiscal de la Corte.
Colombia es parte de la Corte Penal Internacional desde noviembre de 2002 y es uno de los ocho países bajo examen de la CPI. Los siete países restantes son Honduras, Afganistán, Nigeria, Georgia, Guinea, Korea del Sur (por crímenes cometidos por Korea del Norte) y Mali.
El primer paso en el juzgamiento consiste en determinar si en el país examinado se han cometido los crímenes de competencia de la Corte. Los citados delitos, listados en el Tratado Roma, son: genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y crimen de agresión. Una vez se ha establecido que los delitos se han cometido, el siguiente paso consiste en determinar si las cortes nacionales están realizando un esfuerzo serio para juzgar a los responsables por dichos delitos.
Hasta ahora, la Corte nunca había publicado los resultados de sus investigaciones preliminares. Eso cambió el 15 de noviembre, cuando la Oficina del Fiscal de la Corte publicó su primer informe de examen provisional, precisamente sobre Colombia, en palabras de la misma corte, “reconociendo el alto nivel de interés público generado por este examen”.
La CPI encontró que, en efecto, los tres principales grupos armados en Colombia -las guerrillas de lasFARC, el ELN, los paramilitaries y los agentes de estado- han cometido crímenes listados en el Estatuto de Roma. Colombia es ahora uno de los tres únicos países en el mundo -junto con Guinea y Georgia-, que pasa a la fase dos del examen preliminar.
Tras de establecer que sí se han cometido los crímenes, la Corte se dispuso a examinar las investigaciones que se han llevado a cabo en Colombia para lograr justicia por esos delitos. La Corte hizo un análisis detallado y sus conclusiones son fuente de esperanza para grupos como Fellowship of Reconciliation, comprometidos a apoyar la justicia en Colombia.
En primer lugar, la Corte miró de cerca las ejecuciones extrajudiciales perpetradas por las fuerzas armadas colombianas y encontró que los asesinatos de civiles, también conocidos como “falsos positivos”, no eran simplemente casos aislados o “manzanas podridas”, como el gobierno colombiano se ha empeñado en afirmar, sino que éstos eran parte de una política de estado: “Hay bases razonables para creer que los actos arriba descritos fueron cometidos siguiendo una política al menos al nivel de ciertas brigadas dentro de las fuerzas armadas, dando lugar a la existencia de una política de Estado u organizacional para cometer dichos crímenes”.
La Corte identificó ocho brigadas donde ocurrieron la mayoría los falsos positivos: las Brigadas 4, 7, 9, 14, 17 y 30, y las Brigadas Móviles 12 y 15. Estados Unidos ortorgó ayuda militar a batallones o a comandantes en las Brigadas 7, 9, 14 y 30 y al Brigada Móvil 12 durante el período en el que los asesinatos de los falsos positivos ocurrieron.
Al examinar la Brigada 17, la Corte incluyó, entre las ejecuciones extrajudiciales examinadas (y detalladas en el informe), la masacre a la Comunidad de Paz de San José de Apartadó de febrero de 2005, señalando que solamente un oficial, el Capitán Guillermo Gordillo, ha sido condenado por el caso:
“Investigaciones penales que culminaran con la condena a 20 años se realizaron contra el Capitán Guillermo Armando Gordillo Sánchez por el asesinato de cinco campesinos y tres niños el 21 de febrero de 2005. El Capitán Gordillo Sánchez confesó su participación en las muertes e involucró al General Fadiño, que habia llegado a comandar la Brigada 17 en noviembre de 2005 (sic). El General Fandiño fue llamado a declarar en diciembre de 2010. Según se informa, con posterioridad se han abierto investigaciones contra el General Fandiño y el Coronel Duque, el comandante anterior, por el incidente de 2005.”
El nivel de responsabilidad por esos crímenes ha sido limitado, por decir lo menos: “Con respecto a los oficiales de las fuerzas armadas, la Oficina reunió información sobre 52 condenas proferidas en relación a incidentes de presuntos falsos positivos con sentencias entre 24 meses y 51 años de prisión. Las condenas son contra un coronel, 3 tenientes coroneles, 8 mayores, 16 capitanes y 24 tenientes”.
Algo de esperanza puede encontrarse en el último párrafo del informe, en el que la Corte es muy clara al decir que espera mucho más del estado colombiano al exigir responsabilidad en la cúpula: “si bien un número de miembros de las fuerzas armadas han sido investigados y se han proferido medidas disciplinarias, condenas penales, las investigaciones por esos crímenes no se han concentrado en los niveles de alto rango”. (negrillas fuera del texto).
El informe incluye un tabla en la que se enumeran todas las condenas a militares por los crímenes bajo jurisdicción de la Corte (no sólo las ejecuciones extrajudiciales conocidas como falsos positivos). La tabla no incluye un solo general, teniente general, mayor general o brigadier general (los cuatro rangos más altos en las fuerzas armadas colombianas)
Para saber más sobre ejecuciones judiciales en Colombia, vea el documental (de 55 minutos) Falsos Positivos, de Simone Bruno.
El 15 de noviembre la Corte Penal Internacional le hizo a Colombia una clara advertencia: que espera responsabilidad al más alto nivel por los crímenes graves que están dentro de su jurisdicción, o de lo contrario, podría abrir una investigación formal. La advertencia llegó en el Primer Informe de Examen Preliminar emitido por la Oficina del Fiscal de la Corte.
Colombia es parte de la Corte Penal Internacional desde noviembre de 2002 y es uno de los ocho países bajo examen de la CPI. Los siete países restantes son Honduras, Afganistán, Nigeria, Georgia, Guinea, Korea del Sur (por crímenes cometidos por Korea del Norte) y Mali.
El primer paso en el juzgamiento consiste en determinar si en el país examinado se han cometido los crímenes de competencia de la Corte. Los citados delitos, listados en el Tratado Roma, son: genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y crimen de agresión. Una vez se ha establecido que los delitos se han cometido, el siguiente paso consiste en determinar si las cortes nacionales están realizando un esfuerzo serio para juzgar a los responsables por dichos delitos.
Hasta ahora, la Corte nunca había publicado los resultados de sus investigaciones preliminares. Eso cambió el 15 de noviembre, cuando la Oficina del Fiscal de la Corte publicó su primer informe de examen provisional, precisamente sobre Colombia, en palabras de la misma corte, “reconociendo el alto nivel de interés público generado por este examen”.
La CPI encontró que, en efecto, los tres principales grupos armados en Colombia -las guerrillas de lasFARC, el ELN, los paramilitaries y los agentes de estado- han cometido crímenes listados en el Estatuto de Roma. Colombia es ahora uno de los tres únicos países en el mundo -junto con Guinea y Georgia-, que pasa a la fase dos del examen preliminar.
Tras de establecer que sí se han cometido los crímenes, la Corte se dispuso a examinar las investigaciones que se han llevado a cabo en Colombia para lograr justicia por esos delitos. La Corte hizo un análisis detallado y sus conclusiones son fuente de esperanza para grupos como Fellowship of Reconciliation, comprometidos a apoyar la justicia en Colombia.
En primer lugar, la Corte miró de cerca las ejecuciones extrajudiciales perpetradas por las fuerzas armadas colombianas y encontró que los asesinatos de civiles, también conocidos como “falsos positivos”, no eran simplemente casos aislados o “manzanas podridas”, como el gobierno colombiano se ha empeñado en afirmar, sino que éstos eran parte de una política de estado: “Hay bases razonables para creer que los actos arriba descritos fueron cometidos siguiendo una política al menos al nivel de ciertas brigadas dentro de las fuerzas armadas, dando lugar a la existencia de una política de Estado u organizacional para cometer dichos crímenes”.
La Corte identificó ocho brigadas donde ocurrieron la mayoría los falsos positivos: las Brigadas 4, 7, 9, 14, 17 y 30, y las Brigadas Móviles 12 y 15. Estados Unidos ortorgó ayuda militar a batallones o a comandantes en las Brigadas 7, 9, 14 y 30 y al Brigada Móvil 12 durante el período en el que los asesinatos de los falsos positivos ocurrieron.
Al examinar la Brigada 17, la Corte incluyó, entre las ejecuciones extrajudiciales examinadas (y detalladas en el informe), la masacre a la Comunidad de Paz de San José de Apartadó de febrero de 2005, señalando que solamente un oficial, el Capitán Guillermo Gordillo, ha sido condenado por el caso:
“Investigaciones penales que culminaran con la condena a 20 años se realizaron contra el Capitán Guillermo Armando Gordillo Sánchez por el asesinato de cinco campesinos y tres niños el 21 de febrero de 2005. El Capitán Gordillo Sánchez confesó su participación en las muertes e involucró al General Fadiño, que habia llegado a comandar la Brigada 17 en noviembre de 2005 (sic). El General Fandiño fue llamado a declarar en diciembre de 2010. Según se informa, con posterioridad se han abierto investigaciones contra el General Fandiño y el Coronel Duque, el comandante anterior, por el incidente de 2005.”
El nivel de responsabilidad por esos crímenes ha sido limitado, por decir lo menos: “Con respecto a los oficiales de las fuerzas armadas, la Oficina reunió información sobre 52 condenas proferidas en relación a incidentes de presuntos falsos positivos con sentencias entre 24 meses y 51 años de prisión. Las condenas son contra un coronel, 3 tenientes coroneles, 8 mayores, 16 capitanes y 24 tenientes”.
Algo de esperanza puede encontrarse en el último párrafo del informe, en el que la Corte es muy clara al decir que espera mucho más del estado colombiano al exigir responsabilidad en la cúpula: “si bien un número de miembros de las fuerzas armadas han sido investigados y se han proferido medidas disciplinarias, condenas penales, las investigaciones por esos crímenes no se han concentrado en los niveles de alto rango”. (negrillas fuera del texto).
El informe incluye un tabla en la que se enumeran todas las condenas a militares por los crímenes bajo jurisdicción de la Corte (no sólo las ejecuciones extrajudiciales conocidas como falsos positivos). La tabla no incluye un solo general, teniente general, mayor general o brigadier general (los cuatro rangos más altos en las fuerzas armadas colombianas)
Para saber más sobre ejecuciones judiciales en Colombia, vea el documental (de 55 minutos) Falsos Positivos, de Simone Bruno.
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