La Audiencia Nacional española (Audiencia Nacional), apoyada por magistrados combativos como el antagonista de Pinochet, el juez Baltasar Garzón, se ha convertido en un semillero de procesos políticamente cargado con poca o ninguna conexión a España.
Se han iniciado investigaciones en contra de funcionarios estadounidenses de renombre como Dick Cheney y Condoleezza Rice en relación con la tortura de sospechosos de terrorismo. Siete políticos israelíes y oficiales militares incluyendo al ex ministro de Defensa Binyamin Ben-Eliezer, son objeto de investigación exploratoria a causa del ataque aéreo en julio de 2002 sobre la Franja de Gaza que produjo como resultado catorce de las muertes de civiles. Funcionarios chinos están siendo investigados por abusos en el Tíbet y cuarenta oficiales del ejército de Ruanda han sido acusados en relación matanzas en represalia en la era post-genocidio. Los detractores alegan que los activistas buscan fines políticos y ajuste de cuentas y que han tomado el control de la Jurisdicción Universal. El Gobierno español da la impresión de aceptarlo y se ha opuesto a esos extensivos esfuerzos de justicia global. De hecho, la oficina del fiscal público español ha disputado de forma explícita el poder de la jurisdicción universal de la Audiencia Nacional. Además, desde los días emocionantes de Pinochet, sólo un acusado ha sido juzgado y condenado conforme a la legislación española de justicia universal (capitán de la marina argentina Adolfo Scilingo, quien se entregó a Garzón en 1997 y fue condenado a 640 en la cárcel por crímenes de "guerra sucia " durante la dictadura militar de Argentina).
Entonces, ¿qué pasó? Ahora, la justicia española sólo puede intervenir cuando hay víctimas españolas, o cuando el presunto responsable está en suelo español, si el país en cuestión no puede o no procesará a los presuntos autores. Para Gonzalo Boyé, del Colegio de Abogados de Madrid, quien trabaja con el Centro Palestino de Derechos Humanos, la ONG que presentó una denuncia ante los tribunales españoles por el atentado de Gaza en 2002, la restricción de este derecho significa que la Justicia no es la misma para todos.
"Hasta ahora, nadie en España había puesto de nuevo la ley en duda, como lo fue para perseguir criminales latinoamericanos o africanos. El problema surgió cuando tuvimos casos involucrando a Israel y China. Esto significa que el gobierno está aplicando el "doble rasero. Por un lado, se trata de crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra o tortura, cometidos por los africanos o sudamericanos. El otro tiene una situación muy diferente, porque estos delitos son cometidos por países que son muy importantes a los ojos del gobierno. "
Las presiones políticas y diplomáticas superaron la justicia. Los líderes en el extranjero han pedido a España la moderación de la jurisdicción de la Audiencia Nacional y parece que Madrid, dispuesta a seguir siendo un actor en la escena internacional, está dispuesta a hacer lo correcto. Se trata de una presión política deliberada. No debemos olvidar que el 29 de enero de 2009, el Ministro de Relaciones Exteriores de Israel, Tzipi Livni, expresó que el ministro de Asuntos Exteriores español, Miguel Ángel Moratinos, había garantizado que la ley sería modificada, y cinco meses más tarde este cambio legislativo se produjo . No hay que ser muy brillante para entender que España ha cambiado su legislación conforme a la demanda de Israel. Por el contrario, Israel mantiene su propia ley de jurisdicción universal, lo que significa que mientras que si en España se comete un crimen de guerra, Israel podría procesarlo. ¿Por qué España entonces no puede juzgar un crimen de guerra cometidos en Gaza?
En 2003, Bélgica tuvo que limitar el alcance de su propia ley de jurisdicción universal bajo la presión de Israel y los Estados Unidos, pero la ley belga es mucho más amplia que en España, según el abogado Patrick Baudoin, Presidente Honorario de la FIDH:
"Los tribunales belgas fueron una jurisdicción universal absoluta, como en ninguna otra parte. Es decir, que un tribunal belga podía procesar un delincuente argentino por delitos cometidos en el Perú contra los nacionales de los Estados Unidos sin que nadie se encontrara en territorio belga, ni las víctimas ni los presuntos autores. Por lo tanto, había ido demasiado lejos [...]. Este no es el caso de España. Aquí, el juez español debe garantizar que en el país de comisión del delito no hay justicia. Además, sólo en ese caso el tribunal puede proceder porque no hay ninguna razón para que prevalezca la impunidad. "
El principio de la Jurisdicción Universal prevista en los cuatro Convenios de Ginebra y en la Convención contra la Tortura, permite a cualquier país iniciar el trámite, como lo recuerda Reed Brody, director de prensa europea de Human Rights Watch:
"Muchos países europeos tienen esto en común. Si hay una víctima de su nacionalidad o si el sospechoso se encuentra en su territorio, el país en cuestión es competente. España ha tenido un buen comienzo, pero ahora no podemos hacer nada a menos que la persona se encuentre en España. Sin embargo, [...] si el sospechoso esta en España o en otro país durante un período muy corto, no hay el tiempo necesario para iniciar el procedimiento y solicitar una orden judicial. "
El abogado español Gonzalo Boyé debió hacer un extensión de la queja inicial de Gaza en 2002 a los acontecimientos anteriores y posteriores. Incluyendo los bombardeos en Gaza en 2008 que provocó víctimas de nacionalidad española. El rechazo se produjo el 30 de junio: La justicia española ha decidido archivar la investigación sobre la denuncia sobre el bombardeo de Gaza en 2002. Una resolución que no preocupa a Boyé. Los denunciantes han presentado un recurso ante la Corte Suprema Española. En cuanto a la ley de jurisdicción universal, el Senado la examinará en septiembre de 2009.
http://zikipediq.wordpress.com/2009/08/13/the-spanish-law-of-universal-jurisdiction-now-ino-brackets/
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