En su próxima revisión, la Corte Penal Internacional
tiene cosas que celebrar, cosas para mejorar y trampas que evitar
27 de mayo 2010
Una editorial de The
Economist
Cada vez que el mundo se entera de algún
ultraje incalificable en una zona de batalla, un grito se produce diciendo que
tales cosas nunca deben repetirse. Esa
fue la reacción después del genocidio de Ruanda, después de la limpieza étnica,
asesinatos en masa y violación perpetrados en la ex Yugoslavia, después de las
terribles atrocidades de Sierra Leona y el Congo, y después de los ataques
contra civiles en la región sudanesa de Darfur. Así que para sus partidarios, la
apertura hace ocho años de una Corte Penal Internacional (CPI) con sede en La
Haya, lista para actuar en los casos en que nadie detuviera y juzgara a los
peores perpetradores de esos crímenes, fue un paso en la dirección correcta. Sin embargo, en la reunión de Kampala,
Uganda, el 31 de mayo, para una revisión del funcionamiento de la CPI, los 111
estados que aceptan su competencia enfrentan grandes responsabilidades.
Su mirada inquisitiva al papel de Corte,
que se origina en los tribunales ad hoc creados para juzgar a los responsables
de las atrocidades en Ruanda, Yugoslavia y Sierra Leona (antes de que la CPI
existiera) la presenta como decadente. Como
su reemplazo permanente, la CPI ha ganando autoridad como el tribunal apropiado
de última instancia para tres grupos de delitos: crímenes de lesa humanidad,
crímenes de guerra y genocidio. Su
historial en el manejo de los casos que ha procesado hasta ahora, estará bajo un
escrutunio estrecho.
Mientras tanto, la conferencia de Kampala
también debe decidir qué hacer en referencia a un cuarto crimen que figura en
el estatuto fundacional de la Corte en el Estatuto de Roma: la agresión. Una discusión que podría ahogar todo
el trabajo útil que se ha estado preparando para mejorar el rendimiento de la
CPI y alentar a más países a unirse.
