Por Marcos Peckel
El Espectador.
A 30 años de prisión fue condenado el general Augustin Bizimungu,
comandante del ejército de Ruanda, durante el genocidio de 1994 cuando, en el
lapso de 100 días, 800 mil miembros de la etnia tutsi fueron masacrados, muchos
a machete, por órdenes del gobierno hutu, en lo que se ha constituido en el más
atroz crimen desde la Segunda Guerra Mundial.
El tribunal especial para Ruanda, al igual que sus pares para la antigua
Yugoslavia y Camboya, creados por resoluciones del Consejo de Seguridad, han
proferido sentencias ejemplarizantes contra algunos responsables de matanzas,
masacres y genocidios ocurridos en esos países, en una instancia donde la
justicia internacional ha operado medianamente bien, a pesar de que varios de
los criminales aún están sueltos.
Lo que sí parece no arrancar es la Corte Penal Internacional (CPI),
establecida con fanfarria, en 2002 como organismo permanente de justicia
internacional, una vez el estatuto de Roma fue ratificado por 60 países.
Genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra son los delitos bajo
jurisdicción de la CPI, la cual puede iniciar una investigación si ésta es
referida por el Consejo de Seguridad o por una país miembro. Además el fiscal
de la CPI, el mediático argentino Luis Moreno Ocampo, puede motu proprio
iniciar una investigación, siempre y cuando tenga la aprobación de un panel de
jueces. Contrario a la Corte Interamericana de Derechos Humanos que juzga a los
estados, la CPI juzga únicamente individuos.
A la fecha no hay un solo condenado por la CPI, a pesar de que desde
2002 se han cometido incontables crímenes que claramente caen dentro de su
competencia. Sólo hay seis casos en proceso, todos africanos, siendo el más
visible el del presidente de Sudán, Omar al Bashir, acusado por el genocidio de
Darfur, quien continúa en su cargo y viajando tranquilo por varios países que
se rehúsan a entregarlo a la Corte.
Hace unos días el Consejo de Seguridad remitió a la CPI el caso del
líder libio Muamar Gadafi y su hijo. Brillan por su ausencia el presidente y
generales de Sri Lanka, responsables del asesinato de miles de civiles en la
etapa final de la guerra en ese país, y habrá que ver si el presidente sirio,
Bashar al Assad, o el yemení, Alí Abdullah Saleh, que han matado a centenares
de manifestantes, sean conducidos algún día al banquillo de los acusados en la
CPI.
Siendo el Consejo de Seguridad el principal remitente, muchos casos no
llegarán nunca a la CPI, por consideraciones políticas. La CPI podría estar convirtiéndose en otra
inoperante institución del sistema internacional donde naufragan las
expectativas de justicia de millones de víctimas.
