Por
Astrid Reisinger Coracini
¿Qué es
exactamente lo que se acordó en Kampala sobre el crimen de agresión?
", una cuestión que, efectivamente, requiere una reflexión. La Resolución sobre el crimen de
agresión es un conglomerado de cuatro sofisticados documentos de valor
jurídico divergentes: una Resolución con fuerza legal, modificaciones al
Estatuto de la CPI que están sujetas a ratificación o aceptación, enmiendas a
los Elementos de los Crímenes y los "entendimientos". Dejando a un lado la complejidad de
estos textos, la interpretación jurídica se ve desafiada por el hecho de que no
hubo debate en el Pleno sobre las últimas tres versiones del Presidente y del
Proyecto de Resolución. Los
trabajos preparatorios son por lo tanto de poca ayuda, en lo que respecta a la
interpretación de algunas partes de la resolución.
Inspirada
por la discusión en línea sobre el crimen de agresión, me gustaría aportar
algunas ideas preliminares (que representan mis opiniones personales y no
reflejan necesariamente la opinión de la delegación de Austria) con un enfoque
particular en los aspectos de las condiciones bajo las cuales la CPI podrá
ejercer su competencia respecto del crimen de agresión y el procedimiento de
enmienda.
1. Demora adicional para el ejercicio de la jurisdicción
de la Corte sobre el crimen de agresión
En
1998, cuando el crimen de agresión fue catalogado como uno de los crímenes que
más preocupan a la comunidad internacional en su conjunto y por lo cual la CPI
tiene jurisdicción (art. 5 (1) Estatuto de la CPI), el ejercicio de la
jurisdicción de la Corte se retrasó hasta un momento en que la Asamblea de los
Estados Partes adoptaran una disposición que definiera el crimen y se enunciaran
las condiciones para ejercer la jurisdicción de la Corte (art. 5 (2) Estatuto
de la CPI). La disposición
adoptada en 2010 posterga aún más el ejercicio de dicha jurisdicción. "La
Corte podrá ejercer su competencia únicamente con respecto a los delitos de
agresión cometidos un año después de la ratificación o aceptación de la
enmienda por treinta estados partes" (párrafo común. (2) del art. 15bis y
el art. 15ter). Además,
el régimen jurisdiccional requiere la activación mediante una decisión que debe
adoptar después del 1 de enero de 2017 (párrafo
común. (3) del art. 15bis y el art. 15ter). Esta
demora es lamentable, pero limitada por un lapso aceptable. Cualquier solución para adoptar la
definición y aplazar las deliberaciones relativas a las condiciones (o parte de
ellas) habría supuesto la amenaza potencial de negociaciones infinitas. En su forma final, el paquete aprobado
en Kampala comprende todas las cuestiones sustantivas y de procedimiento
pertinentes. La decisión de
activar debe ser un acto meramente formal, si los Estados Partes están detrás
de la aprobación por consenso y, sobre todo, si un número significativo de
Estados partes han ratificado las enmiendas para entonces.
