Christian De Vos
Traducido por Luis Leaño.
Noviembre 20, 2016.
Mientras los estados miembros de la Corte Penal Internacional se preparan para reunirse a finales de este mes en La Haya, se produce la noticia de que tres de ellos -todos de África- han declarado su intención de abandonar la Corte. Tras el anuncio de que el parlamento de Burundi había votado su retiro del Estatuto de Roma, Sudáfrica sorprendió a muchos cuando presentó su propia notificación a las Naciones Unidas . La semana pasada, Gambia siguió su ejemplo.
De las tres salidas, la de Sudáfrica es indudablemente la más perjudicial. El asunto de Burundi no es sorprendente. El fiscal de la CPI había anunciado a comienzos de abril que estaba comenzando un examen preliminar, tras las denuncias de graves crímenes cometidos desde que el presidente Pierre Nkurunziza declaró el año pasado que buscaría, y luego obtuvo, un tercer mandato. Tal vez no por casualidad, Gambia -un país plagado de violaciones a los derechos humanos- celebrará sus propias elecciones a finales de diciembre, cuando el presidente Yahya Jammeh, que ha gobernado el país desde que asumió el poder en 1994, buscará su quinto mandato.
Sin embargo, la declaración de África es de otro orden. Así como el derecho internacional jugó un papel vital en la larga lucha del país contra el apartheid, muchos vieron a la "nueva" Sudáfrica como un líder en otra lucha global: castigar a los perpetradores de la atrocidad en masa. El país desempeñó un papel clave en la redacción del Estatuto de Roma -por ello, el estatuto reconoce al apartheid como un crimen contra la humanidad- y fue un fuerte partidario de la corte. La CPI también ha sido un sitio importante para el cumplimiento interno del derecho penal internacional. Después de ratificar el Estatuto de Roma en 2000 y luego adoptarlo en la legislación de 2002, los tribunales de Sudáfrica se han basado en su legislación para insistir en que el gobierno tiene el deber no sólo de cooperar con la CPI en la ejecución de sus mandatos, sino también para investigar los crímenes internacionales perpetrados más allá de sus fronteras. Una decisión novedosa, por ejemplo, sostuvo que la Fiscalía Nacional de Sudáfrica tiene el deber de investigar alegatos creíbles de tortura por parte de miembros del partido ZANU-PF de Robert Mugabe en la vecina Zimbabwe.
Sin embargo, el récord de liderazgo judicial nacional en Sudáfrica también ha complicado la conducción de sus asuntos exteriores, ilustrado claramente por el fracaso del gobierno -en desafío a una orden de la CPI y sus propios tribunales internos- de detener al presidente sudanés Omar al-Bashir cuando entró al país. De hecho, aunque la posición formal del gobierno es que la actitud de la CPI sobre inmunidades entra en conflicto con el derecho consuetudinario internacional (en lenguaje diplomático: "las obligaciones respecto a la resolución pacífica de conflictos en ocasiones son incompatibles con la interpretación de la CPI sobre las obligaciones contenidas en el Estatuto de Roma"), la notificación de retirada debería considerarse ciertamente como una respuesta a una acción legal presentada por organizaciones de la sociedad civil sudafricana, que habrían tratado de obligar al gobierno a ejecutar la orden de arresto de Bashir durante su visita. La cuestión fue objeto de litigio ante el Tribunal Supremo, que en marzo rechazó la apelación del Estado y dictaminó que Bashir debería haber sido detenido.
Para ser claros, estos países tienen el derecho legal a renunciar a la corte. A diferencia de sus predecesores ad hoc en Rwanda y la ex Yugoslavia (que fueron establecidos bajo la autoridad del Consejo de Seguridad de la ONU), la CPI es un tribunal basado en tratados: El artículo 127 del Estatuto de Roma afirma que los Estados pueden mediante notificación escrita dirigida al Secretario General de las Naciones Unidas, retirarse del Estatuto. Sin embargo, vale la pena señalar dos aspectos. En primer lugar, el estatuto establece claramente que el retiro "sólo surtirán efecto un año después de la notificación formal", lo que significa que la CPI probablemente mantendrá su jurisdicción sobre la situación en Burundi a pesar de los esfuerzos del país por eximirse del escrutinio. En segundo lugar, la legislación nacional o las declaraciones de intenciones no provocan por sí mismas la salida y, en la actualidad, Gambia aún no ha iniciado formalmente el proceso de retiro. Por el contrario, la situación sudafricana se complica al cuestionar si la notificación de retiro del gobierno era, en ausencia de aprobación parlamentaria, constitucional. Ya la Alianza Democrática (la oposición oficial al Congreso Nacional Africano gobernante) ha presentado una demanda urgente contra los aspectos procesales del retiro.
Nada de esto sin embargo, resuelve las cuestiones políticas más profundas que enfrentan la CPI y el proyecto de derecho penal internacional de manera más amplia. Durante años, una de las críticas más penetrantes a la Corte ha sido que está sesgada en contra de África o, más allá, que es un puente institucional para controlar y mantener los intereses económicos y militares de el "norte global" u "occidente", según el punto de vista. De hecho, al anunciar el retiro, el ministro de Información de Gambia denunció a la CPI como "Corte Internacional caucásica para la persecución y humillación de personas de color, especialmente africanos". De manera similar, cuando el Parlamento de Burundi votó el retiro, un legislador lo llamó "una herramienta política utilizada por los poderes para eliminar a quien quieran del poder en el continente africano.
Mientras que hay poco en los registros de la corte hasta la fecha que desvirtuara esta acusación -nueve de 10 investigaciones abiertas se refieren a estados africanos, y la mayoría de los procesamientos hasta la fecha han sido notablemente unilaterales-al menos algunas de estas intervenciones (Uganda, República Democrática del Congo) han estado a cargo de las élites políticas nacionales, que también han utilizado la cobertura de la intervención de la CPI para proteger o promover sus propios intereses políticos. Incluso en Kenia, los procedimientos fallidos contra los antiguos rivales políticos Uhuru Kenyatta y William Ruto (ahora presidente y vicepresidente, respectivamente) les permitieron forjar una nueva alianza política vilipendiando a la CPI. Por otra parte, es muy probable que más casos no africanos lleguen a la CPI, lo que podría perturbar esta crítica neocolonial. La investigación actual del fiscal en Georgia, por ejemplo, lo enfrenta directamente contra intereses rusos, mientras que los informes recientes sugieren que la oficina también está preparada para abrir pronto una investigación sobre los crímenes en Afganistán, que podría abarcar la conducta de soldados estadounidenses. Estados Unidos no es parte en el Estatuto de Roma, pero Afganistán -en cuyo territorio se han producido los presuntos abusos- se adhirió a él en 2003.
En última instancia, sin embargo, la membresía de la CPI se basa en el consentimiento de los estados: Pueden firmar el Estatuto de Roma, o pueden "no firmarlo", como lo hizo Estados Unidos. Aunque parece poco probable que los acontecimientos de las últimas semanas desencadenen una retirada masiva de los estados africanos (aunque probablemente dependerá de la próxima cumbre de la Unión Africana en enero), algunos estados pueden optar por salir de la CPI, sobre todo porque su participación en el sistema legal amenaza el control de un líder individual sobre el poder. Al mismo tiempo, otros estados pueden unirse (o volver a unirse) al tribunal. En resumen, la CPI sigue siendo un experimento -y es sólo uno entre muchos- en un proyecto desigual y todavía bastante frágil de gobernanza global. Reducir ese proyecto a la CPI es otorgarle al tribunal demasiado crédito.
