Cuando los Estados miembros de la Corte
Penal Internacional se reúnan a finales del mes en Kampala, Uganda, para una
conferencia de revisión del trabajo de la CPI, un asunto en la agenda será la
reforma del estatuto del la Corte para permitirle el ejercicio de la
jurisdicción sobre el crimen de agresión. Este asunto fue aplazado cuando
el estatuto de la CPI fue adoptado en 1998. Basado en mi experiencia como
fiscal internacional y hablando como un fuerte aliado de la CPI, creo que sería
un serio error agregar el crimen de agresión a la agenda actual de la Corte.
El asunto debería ser aplazado de nuevo.
De cualquier manera, la Corte ha tenido un
buen comienzo cuando ha generado un respaldo global y ha demostrado su
potencial para tratar el problema de la impunidad oficial por crímenes
internacionales serios. Sin embargo, también ha encontrado acusaciones de
politización y todavía está aprendiendo, como institución, como ejercitar
efectivamente su jurisdicción sobre el genocidio, crímenes contra la humanidad
y crímenes de guerra.
La experiencia del Tribunal Penal
Internacional para la antigua Yugoslavia, que igualmente trató el genocidio.
crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra, debería prender una alarma
para los miembros de la CPI cuando debatan el asunto de agregar el crimen de
agresión a su jurisdicción.
Si se hubiera incluido el crimen de
agresión, hubiera tenido que investigar y eventualmente procesar la decisión de
ir a la guerra -que es inherentemente una profunda decisión política-. Procesar
esa decisión habría inflamado las sospechas de un complot anti- Serbio; y
escogiendo no procesar habría incitado acusaciones de que el Tribunal no estaba
cumpliendo con su mandato. Tal debate habría desviado la atención y energía sobre
el imperativo de proveer equitativa y efectiva justicia y responsabilidad para
los graves crímenes por entonces cometidos contra civiles en la antigua Yugoslavia.
No es el momento para que la CPI se
inmiscuya en una controversia similar. Los asuntos que podrían surgir por
tratar alegaciones de agresión, brindarían a los críticos de la CPI suficiente
munición para reclamar que ésta es una institución altamente politizada.
Adicionalmente, como una institución joven,
la Corte todavía tiene todavía mucho trabajo para hacer investigando y
procesando efectivamente los crímenes sobre los cuales ya ejerce jurisdicción.
La cooperación de los Estados miembros y las relaciones entre paz y justicia
son solamente dos asuntos vitales que requieren permanente atención en Kampala
y más allá.
Lidiar con el crimen de agresión amenaza
también con abrir serios desacuerdos entre los Estados miembros de la Corte y
otras organizaciones de respaldo. A pesar de los años de negociaciones
complejas, profundos desacuerdos persisten sobre los asuntos clave relacionados
con la reforma al estatuto sobre la Agresión, tales como el consentimiento del
Estado y cómo los casos serían iniciados.
No es lógico esperar que un consenso sea
alcanzado sobre estas materias en los días que restan antes de la reunión de
Kampala. Intentar forzar una decisión en ausencia de un consenso, viciaría uno
de los más fuertes patrimonios que la Corte ha tenido -la solidaridad de sus
miembros de cara a los esfuerzos por deteriorar el proyecto de un efectivo mecanismo
internacional independiente para la justicia y responsabilidad-.
La conferencia de la CPI en Kampala no
será la última oportunidad para reformar el estatuto. Los miembros de la
Corte pueden escoger hacerlo en cualquier momento en el futuro. Ellos deberían
esperar al menos hasta que la Corte estuviera más establecida
institucionalmente y hubiera un consenso más amplio sobre asuntos
relevantes.
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