En su próxima revisión, la Corte Penal Internacional
tiene cosas que celebrar, cosas para mejorar y trampas que evitar
27 de mayo 2010
Una editorial de The
Economist
Cada vez que el mundo se entera de algún
ultraje incalificable en una zona de batalla, un grito se produce diciendo que
tales cosas nunca deben repetirse. Esa
fue la reacción después del genocidio de Ruanda, después de la limpieza étnica,
asesinatos en masa y violación perpetrados en la ex Yugoslavia, después de las
terribles atrocidades de Sierra Leona y el Congo, y después de los ataques
contra civiles en la región sudanesa de Darfur. Así que para sus partidarios, la
apertura hace ocho años de una Corte Penal Internacional (CPI) con sede en La
Haya, lista para actuar en los casos en que nadie detuviera y juzgara a los
peores perpetradores de esos crímenes, fue un paso en la dirección correcta. Sin embargo, en la reunión de Kampala,
Uganda, el 31 de mayo, para una revisión del funcionamiento de la CPI, los 111
estados que aceptan su competencia enfrentan grandes responsabilidades.
Su mirada inquisitiva al papel de Corte,
que se origina en los tribunales ad hoc creados para juzgar a los responsables
de las atrocidades en Ruanda, Yugoslavia y Sierra Leona (antes de que la CPI
existiera) la presenta como decadente. Como
su reemplazo permanente, la CPI ha ganando autoridad como el tribunal apropiado
de última instancia para tres grupos de delitos: crímenes de lesa humanidad,
crímenes de guerra y genocidio. Su
historial en el manejo de los casos que ha procesado hasta ahora, estará bajo un
escrutunio estrecho.
Mientras tanto, la conferencia de Kampala
también debe decidir qué hacer en referencia a un cuarto crimen que figura en
el estatuto fundacional de la Corte en el Estatuto de Roma: la agresión. Una discusión que podría ahogar todo
el trabajo útil que se ha estado preparando para mejorar el rendimiento de la
CPI y alentar a más países a unirse.
De hecho, hay mucho más que discutir. Una de las críticas a la CPI ha sido
su lentitud para llevar casos a juicio. El
tribunal ha emitido 13 órdenes de arresto hasta ahora, incluyendo una polémica
medida para la detención (por cargos de presuntos crímenes de guerra y crímenes
contra la humanidad), contra el presidente de Sudán, Omar al-Bashir. Sin embargo, sólo cuatro se han hecho
efectivas, y sólo dos procesos están en curso. Los tribunales anteriores lograron
procesar muchos más casos, más rápidamente.
Si la Corte quiere moverse a una mayor
velocidad, necesita más cooperación de todos sus miembros y simpatizantes. Como su fiscal jefe, Luis
Moreno-Ocampo gusta recordar a los críticos que la CPI no tiene sabuesos o
grilletes propios; los miembros deben contribuir para lograr llevar ante la
Corte a un acusado. Pero la
decisión del Sr. Ocampo de acusar a líder de Sudán ha tenido una reacción mixta
en el vecindario. Es popular
entre los grupos africanos de derechos humanos, y esapoyada por algunos
gobiernos africanos; pero también ha ofendido a otros. Algunos de los miembros africanos de
la Corte han amenazado con reducir la cooperación con ella.
De hecho, hasta ahora sólo Gran Bretaña ha
adoptado formalmente todas sus obligaciones con arreglo al Estatuto de Roma de
1998, desde la protección de testigos a la ejecución de la pena y las normas
quisquillosas sobre los privilegios e inmunidades. Mientras tanto, muchos de los 111
miembros y algunos Estados no miembros (25 de ellos estarán en Kampala en
calidad de observadores) han utilizado la creación de la Corte como un
catalizador para revisar su legislación penal y para revisar la orientación que
se imparte a sus soldados. Otros apenas han comenzado.
Estimular la construcción de fuertes
órganos jurisdiccionales nacionales es parte de la misión de la CPI. Para ello sólo puede actuar cuando los
tribunales nacionales han demostrado que no quieren o no pueden hacerlo. Y existe un amplio reconocimiento de
que la justicia funciona mejor cuando se pone lo más cerca posible a las
víctimas, en lugar de dispensarla en las remotas salas de audiencia de La Haya.
De los cinco grupos de asuntos iniciados
por el señor Ocampo, el Congo, la República Centroafricana y Uganda pidieron a
la CPI su intervención; el caso del Sr. Bashir
de Sudán fue remitido
directamente por el Consejo de Seguridad, y una investigación formal del cargo
de violencia electoral en Kenya se abrió este año después de que los
políticos rivales no pudieron aceptar que sus propios tribunales hicieran el
trabajo.
Entre las las 25 delegaciones de
observadores están también países que no han ratificado el Estatuto de
Roma. Los Estados Unidos serán vistos más de cerca. A diferencia de su predecesor, George
Bush, quien fue a menudo hostil a la Corte, Barack Obama, en principio, está
más dispuesto a ayudar, por ejemplo con la obtención de información que traería
los abusadores de derechos humanos y criminales de guerra ante los tribunales,
y en la persecución de los fugitivos.
Pero al igual que otros disidentes, entre
ellos Rusia, China y la India, Estados Unidos quiere estar seguro de que la
Corte evitará quedar atrapada en asuntos políticos. De ahí la sensibilidad
con respecto al enjuiciamiento de la "agresión". A diferencia de los demás crímenes de
competencia de la Corte, no se pudo acordar una definición de la agresión
cuando ella se puso en marcha, y tampoco existe ninguna en la legislación
nacional. Después de ocho años, ahora hay un cierto consenso sobre
una definición, aunque no muy consistente, pero ninguna sobre cómo activar la
acusación en un delito perseguible ante la Corte.
La fórmula tarareada en la mesa de Uganda
es "la planificación, preparación, iniciación o ejecución de un acto de
agresión, por una persona en una posición de ejercicio efectivo de controlar o
dirigir la acción política o militar de un Estado, que por sus características,
gravedad y escala, constituye una violación manifiesta de la Carta de las
Naciones Unidas." Esta es una traducción aproximada, pero la fórmula final
la sabremos cuando la veamos.
La vaguedad no es la única preocupación. ¿Quién decide qué es una
"manifiesta" violación de la carta que podría disparar las acciones
de la CPI? El Consejo de
Seguridad, que se supone existe para resolver las cuestiones de la guerra y la
paz? Eso le gustaría a los de
afuera, como Estados Unidos, China y Rusia, y preocuparía a los de adentro como
Gran Bretaña y Francia: en otras palabras, a los miembros permanentes del Consejo. Pero ofende a otros, desde Brasil, que
se resiente all autoritarismo de las grandes potencias, hasta Alemania, que
pregona los valores de la independencia de la CPI.
Entonces hay otras cuestiones más
fundamentales. El objetivo de la
Corte es procesar y quizá, disuadir atroces abusos de derechos humanos. Pero el crimen de agresión atrae la
atención sobre la cuestión de los motivos del Estado para usar la fuerza, en
lugar de considerar el objetivo de mantener las reglas acerca de cómo se aplica
la fuerza. Tratando de
identificar agresores podría politizar sin remedio el órgano jurisdiccional y
socavar su credibilidad. Otro
riesgo es que el temor a ser procesado por "agresión" disuadiría
aquellos que más a menudo están llamados a proteger a los civiles de los peores
abusos.
En parte gracias a la Corte, casi todos
los países reconocen la idea de que algunos delitos no pueden ser nunca
justificados. Eso le da fuerza
moral a la CPI. Pero definiendo a
los agresores -manifiestamente o de alguna otra manera- , promete generar una
enorme división. Incluso si las
conversaciones en Kampala fueran un remedo de compromiso, el Congreso de
Estados Unidos podría entonces ser aún más cuidadoso con la Corte.
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