por Cyril Mychalejko
Cuando el presidente Obama lanzó su
Estrategia de Seguridad Nacional (NSS) en mayo, enfatizó que los Estados Unidos
y la comunidad internacional debían defender el concepto respaldado por la ONU
de la
"responsabilidad de proteger", un concepto que declara el imperativo moral de
proteger a los pueblos y las naciones de genocidio y atrocidades en masa, por
medios militares si es necesario. El
concepto también clama por el fin de la impunidad.
"Aquellos que deliberadamente
persiguen a civiles inocentes deben ser responsables, y vamos a seguir apoyando
a las instituciones y procesos que avanzan en este importante interés", -afirma
la NSS-, inclusive, cuando más tarde se admite que Estados Unidos se niega a
someterse a la misma norma al negarse oficialmente a ser parte de la Corte
Penal Internacional, en la actualidad el principal vehículo para perseguir
presuntos delitos contra la humanidad.
Los cargos de genocidio, limpieza étnica y
atrocidades en masa son sólo los últimos de la lista de coartadas imperiales
que Washington utiliza para promover sus estrechos objetivos de política
exterior, acumulación de recursos y hegemonía mundial. Esto efectivamente llena el vacío
creado por el final de la Guerra Fría, la posterior cuasi desaparición de la
utilización del comunismo de Estado, y más tarde la gestión de la
administración Bush con la marca ineficaz de la "Guerra Global contra el
Terror".
La predisposición de la administración
Obama hacia la intervención humanitaria y la popularidad que el
concepto ha tenido en los círculos liberales, marca la pauta del nuevo libro de
Edward S. Herman y David Peterson llamado La Política de Genocidio.
