Traducido por Luis Leaño
Siempre ha sido difícil mantener la responsabilidad de quienes participan en actos de genocidio, crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra. El poder de la soberanía junto con siglos de impunidad es un enemigo formidable. Afortunadamente, los últimos 70 años han visto un cambio de marea a favor de la justicia penal internacional, aunque ligeramente. Aunque muchos criminales en masa todavía escapan a la justicia y existen acciones judiciales selectivas, los tribunales penales internacionales de carácter temporal para la ex Yugoslavia, Rwanda, Sierra Leona, Timor Oriental y Camboya han constituido victorias para la determinación de responsabilidad por atrocidades, a pesar de sus imperfecciones. La victoria más importante de todas ellas es la Corte Penal Internacional (CPI), único tribunal internacional permanente que inició operaciones en 2002 y tiene competencia potencial para conocer de atrocidades en cualquier parte del mundo.
Genocidas, déspotas violentos y criminales de guerra continuamente luchan contra el movimiento de responsabilidad por atrocidades. Sorprendentemente, algunos burócratas bien intencionados, diplomáticos, académicos y defensores de los derechos humanos también impiden el progreso de la justicia penal internacional. Este grupo heterogéneo se ha convertido en otro obstáculo para la causa de la justicia y en algunos aspectos la más difícil de superar.