POR MOLLY QUELL
Actualizado a las 12:09 p. m. EST, 7 de febrero de 2025
AP
LA HAYA, Holanda (AP) — La orden ejecutiva del presidente estadounidense Donald Trump que impone sanciones a la Corte Penal Internacional podría poner en peligro los juicios e investigaciones en el único tribunal global permanente del mundo para crímenes de guerra y genocidio.
La orden que Trump firmó el jueves acusa a la CPI de “acciones ilegítimas y sin fundamento contra Estados Unidos y nuestro aliado cercano Israel”. Cita la orden de arresto que la CPI emitió el año pasado contra el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu y su ex ministro de Defensa, Yoav Gallant, por presuntos crímenes de guerra en Gaza.
El tribunal con sede en La Haya condenó la medida. “La Corte respalda firmemente a su personal y se compromete a seguir brindando justicia y esperanza a millones de víctimas inocentes de atrocidades en todo el mundo”, dijo el tribunal en un comunicado.
Estados Unidos e Israel no son miembros, pero otros 125 países han firmado el tratado fundacional de la corte, el Estatuto de Roma. La CPI interviene cuando las naciones no pueden o no quieren procesar crímenes en su territorio.
El miembro más nuevo de la corte, Ucrania, se unió formalmente en enero.
Los jueces de la corte han condenado a 11 personas. El caudillo congoleño Thomas Lubanga fue el primero, sentenciado en 2012 a 14 años de prisión por reclutar niños soldados.
Un caudillo congoleño conocido como "Terminator" fue condenado en julio de 2019 por atrocidades cometidas durante un brutal conflicto étnico en una región rica en minerales del Congo en 2002-2003. Bosco Ntaganda fue condenado a 30 años de prisión.
En 2021, el tribunal condenó a Dominic Ongwen por docenas de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad, incluidos múltiples asesinatos y matrimonios forzados en Uganda. Ongwen fue un niño soldado que se transformó en un brutal comandante de un famoso grupo rebelde conocido como el Ejército de Resistencia del Señor.
¿Qué consecuencias tendrán estas sanciones?
No está claro el impacto exacto. La orden ejecutiva de Trump invoca poderes de emergencia de varias leyes diferentes para permitir que el Departamento del Tesoro y el Departamento de Estado de Estados Unidos emitan sanciones específicas.
El fiscal jefe del tribunal, Karim Khan, es un objetivo probable, al igual que cualquier persona involucrada en la investigación de Netanyahu, incluidos los tres jueces que emitieron las órdenes de arresto. Las sanciones también podrían apuntar al propio tribunal, paralizando sus operaciones.
Durante su mandato anterior, Trump impuso sanciones a la ex fiscal Fatou Bensouda y a uno de sus adjuntos por su investigación de presuntos crímenes en Afganistán. La investigación abarcó delitos presuntamente cometidos por los talibanes, las tropas estadounidenses y los agentes de inteligencia extranjeros de Estados Unidos que se remontan a 2002. Las sanciones de Trump impidieron a Bensouda acceder a los activos financieros de los empleados del tribunal en Estados Unidos y le prohibieron a ella y a su familia inmediata ingresar a Estados Unidos.
El presidente Joe Biden levantó las sanciones cuando asumió el cargo en 2021.
¿Por qué el tribunal ha emitido una orden de arresto contra Netanyahu?
En noviembre, un panel de jueces que se encontraba en la etapa preliminar del juicio emitió órdenes de arresto contra Netanyahu, Gallant y el jefe militar de Hamás, acusándolos de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad en relación con la guerra en Gaza.
Las órdenes decían que había razones para creer que Netanyahu y Gallant utilizaron “el hambre como método de guerra” al restringir la ayuda humanitaria y atacaron intencionalmente a civiles en la campaña de Israel contra Hamás en Gaza." Los funcionarios israelíes niegan los cargos.
La orden marcó la primera vez que un líder en funciones de una gran potencia occidental ha sido acusado de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad por un tribunal global. La decisión convierte a Netanyahu y los demás en sospechosos buscados internacionalmente, lo que los pone en riesgo de ser arrestados cuando viajan al extranjero y potencialmente los aísla aún más.
¿Ponen estas sanciones en peligro los procesos en curso?
El tribunal no tiene ningún proceso pendiente por delante por primera vez desde que detuvo a su primer sospechoso en 2006.
Ha emitido 33 órdenes de arresto no confidenciales. Entre los nombrados figuran desde Netanyahu y el presidente ruso Vladimir Putin hasta el líder rebelde ugandés Joseph Kony y Gamlet Guchmazov, un ex miembro del gobierno de la región separatista de Osetia del Sur en Georgia. Kony está acusado de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. Guchmazov está acusado de tortura.
Hay tres veredictos pendientes. El ex presidente de la federación de fútbol de la República Centroafricana, Patrice-Edouard Ngaïssona, y Alfred Yekatom, supuestos líderes de un grupo rebelde predominantemente cristiano en la República Centroafricana, están acusados de múltiples cargos de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad.
El juicio de Ali Mohammed Ali Abdul Rahman Ali, acusado de cometer atrocidades como líder de la milicia Janjaweed en Sudán, concluyó el año pasado.
Durante unas horas el mes pasado, el tribunal parecía dispuesto a detener a un señor de la guerra libio. En cambio, el estado miembro Italia envió a casa a Ossama Anjiem. También conocido como Ossama al-Masri, Anjiem dirige la sucursal de Trípoli de la Institución de Reforma y Rehabilitación, una notoria red de centros de detención administrados por la Fuerza Especial de Defensa respaldada por el gobierno.
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