Por Guenael Mettraux
El 14 de mayo, el Consejo General del
Poder Judicial suspendió al juez Baltasar Garzón de sus funciones tras ser
acusado por cargos de abuso de autoridad.
Su crimen? Garzón presuntamente excedió su
mandato a la hora de decidir iniciar una investigación sobre la desaparición de
civiles durante la dictadura de Francisco Franco, a pesar de una ley de
amnistía que cubría estos crímenes.
En los años anteriores, Garzón se había
convertido en un símbolo viviente de justicia internacional como que persiguió
a personajes de la talla de Augusto Pinochet y Osama bin Laden en nombre de los
principios universales de la dignidad humana, los derechos humanos y la lucha
internacional contra la impunidad.
La reacción a los últimos esfuerzos de
investigación de Garzón y la reciente decisión de la Corte Suprema Brasilera de
mantener una ley de amnistía que se aplica a los crímenes de la dictadura
militar de Brasil son recordatorios poderosos de que los Estados todavía pueden
decidir qué hacer con su pasado, incluso cuando ese pasado envuelve atrocidades
en masa .
Esta posibilidad, sin embargo, no está
abierta a todos los Estados en la misma medida. Cuando la soberanía ha sido subyugada
(al igual que con Alemania después de la Segunda Guerra Mundial) o cuando
pueden ser políticamente presionados a la sumisión (Serbia, la más reciente),
los Estados pueden verse obligados a someter sus acciones a la sentencia de
otras naciones en nombre de los mismos valores que habían validado los
esfuerzos de Garzón.
A pesar de las repetidas afirmaciones de
que un conjunto de prohibiciones penales universales aplicables a todos ha
crecido desde estos valores, siguen siendo en gran medida, "le droit des autres", un conjunto de reglas que parecen
dispuestas a aplicarse a los demás, pero no a nosotros mismos. Los "otros" son aquellos
Estados e individuos que han perdido el poder político para anticiparse o
evitar la aplicación de dicho régimen a ellos.
Mientras tanto, los tribunales nacionales
en los Países Bajos han blindado exitosamente soldados neerlandeses y al
Estado, del escrutinio judicial por la supuesta falta al prevenir las
atrocidades en masa en Srebrenica en julio de 1995, mientras que los nacionales
serbios y bosnios están siendo procesados en territorio neerlandés por un
tribunal internacional, dada su participación en esos eventos. El mismo tribunal se negó hace unos
años a investigar incluso los crímenes atribuidos a las fuerzas de la OTAN en
Serbia durante la campaña de bombardeos de 1999.
Aunque podría ser que no se cometieron los
crímenes internacionales en esas ocasiones o que podría haber otras razones
para no enjuiciar estos casos, la negativa a mirar dentro de ellos contribuye a
crear la impresión lamentable de que la responsabilidad internacional importa
para algunos, pero no para todos.
La acusación de Garzón se alimenta en esta
incómoda sensación de selectividad política en la aplicación de la ley. Aunque Garzón no fue impedido a
investigar nacionales de Argentina o Chile por amnistías locales, la
legislación española al parecer crea una prohibición absoluta contra una
empresa de la misma clase que tenga como objetivo sus compatriotas.
El error de Garzón fue suponer que los
valores que han proporcionado una justificación moral y legal para sus pasadas
cruzadas, realmente pueden aplicarse universalmente. Por desgracia, ese no es aún el caso. La justicia penal internacional sigue
funcionando de forma selectiva dentro de las grietas que la política
internacional ha abierto para ella.
Si bien se podría argumentar que algo de
justicia es mejor que nada, la actual híper-selectividad de la justicia penal
internacional podría ser más perjudicial para su credibilidad a largo plazo.
La legitimidad del Estado de derecho,
nacional o internacional, se basa en el supuesto de que la ley se aplica a
todos, sin prejuicios y sin discriminación. Despojado
de ese elemento, se corre el riesgo de que se convierta en -y se presente como- una herramienta de
conveniencia política para los poderosos.
Antes de empujar más lejos los límites de
la justicia penal internacional, debemos preguntarnos si estamos verdaderamente
comprometidos a someter la conducta de nuestros propios líderes y compatriotas
a los estándares que buscamos aplicar a los demás.
También deberíamos preguntarnos si podemos
legítimamente obligar a otras naciones a encarar su pasado en el nombre de
valares supuestamente universales cuando permitimos que países poderosos como
España o Brasil olviden y perdonen los crímenes de su pasado. Si la respuesta es no, tal vez
deberíamos mostrar una gran cantidad de abstención al imponer nuestras demandas
por justicia en Estados distintos al nuestro.
Nuestro compromiso con el Estado de
Derecho debe medirse en función de nuestra disposición de ver que los
estándares que queremos imponer a los demás se apliquen a nuestros conciudadanos. El retiro de los cargos contra
Garzón sería un buen lugar para iniciar el proceso necesario de hacer de esos
estándares algo verdaderamente universal.
*Guénaël Mettraux representa acusados ante
tribunales penales internacionales. Él
es el autor del libro "La Ley de
responsabilidad de mando."
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