Por Guenael Mettraux
El 14 de mayo, el Consejo General del
Poder Judicial suspendió al juez Baltasar Garzón de sus funciones tras ser
acusado por cargos de abuso de autoridad.
Su crimen? Garzón presuntamente excedió su
mandato a la hora de decidir iniciar una investigación sobre la desaparición de
civiles durante la dictadura de Francisco Franco, a pesar de una ley de
amnistía que cubría estos crímenes.
En los años anteriores, Garzón se había
convertido en un símbolo viviente de justicia internacional como que persiguió
a personajes de la talla de Augusto Pinochet y Osama bin Laden en nombre de los
principios universales de la dignidad humana, los derechos humanos y la lucha
internacional contra la impunidad.
La reacción a los últimos esfuerzos de
investigación de Garzón y la reciente decisión de la Corte Suprema Brasilera de
mantener una ley de amnistía que se aplica a los crímenes de la dictadura
militar de Brasil son recordatorios poderosos de que los Estados todavía pueden
decidir qué hacer con su pasado, incluso cuando ese pasado envuelve atrocidades
en masa .
Esta posibilidad, sin embargo, no está
abierta a todos los Estados en la misma medida. Cuando la soberanía ha sido subyugada
(al igual que con Alemania después de la Segunda Guerra Mundial) o cuando
pueden ser políticamente presionados a la sumisión (Serbia, la más reciente),
los Estados pueden verse obligados a someter sus acciones a la sentencia de
otras naciones en nombre de los mismos valores que habían validado los
esfuerzos de Garzón.
A pesar de las repetidas afirmaciones de
que un conjunto de prohibiciones penales universales aplicables a todos ha
crecido desde estos valores, siguen siendo en gran medida, "le droit des autres", un conjunto de reglas que parecen
dispuestas a aplicarse a los demás, pero no a nosotros mismos. Los "otros" son aquellos
Estados e individuos que han perdido el poder político para anticiparse o
evitar la aplicación de dicho régimen a ellos.
