"Cualquier recurso a la guerra, a cualquier tipo de guerra, es un recurso a medios que son inherentemente criminales. Guerra, inevitablemente, es un curso de asesinatos, asaltos, privaciones de la libertad, destrucción de la propiedad.

"


Robert Jackson

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domingo, 4 de julio de 2010

Revisando "Las políticas del genocidio"


por Cyril Mychalejko

Cuando el presidente Obama lanzó su Estrategia de Seguridad Nacional (NSS) en mayo, enfatizó que los Estados Unidos y la comunidad internacional debían defender el concepto respaldado por la ONU de la "responsabilidad de proteger", un concepto que declara el imperativo moral de proteger a los pueblos y las naciones de genocidio y atrocidades en masa, por medios militares si es necesario. El concepto también clama por el fin de la impunidad.

"Aquellos que deliberadamente persiguen a civiles inocentes deben ser responsables, y vamos a seguir apoyando a las instituciones y procesos que avanzan en este importante interés", -afirma la NSS-, inclusive, cuando más tarde se admite que Estados Unidos se niega a someterse a la misma norma al negarse oficialmente a ser parte de la Corte Penal Internacional, en la actualidad el principal vehículo para perseguir presuntos delitos contra la humanidad.

Los cargos de genocidio, limpieza étnica y atrocidades en masa son sólo los últimos de la lista de coartadas imperiales que Washington utiliza para promover sus estrechos objetivos de política exterior, acumulación de recursos y hegemonía mundial. Esto efectivamente llena el vacío creado por el final de la Guerra Fría, la posterior cuasi desaparición de la utilización del comunismo de Estado, y más tarde la gestión de la administración Bush con la marca ineficaz de la "Guerra Global contra el Terror".

La predisposición de la administración Obama hacia la intervención humanitaria y la popularidad que el concepto ha tenido en los círculos liberales, marca la pauta del nuevo libro de Edward S. Herman y David Peterson llamado La Política de Genocidio.


Herman y Peterson desafían narrativas convencionales relativas a los llamados genocidios y atrocidades masivas en países como Darfur, Rwanda y la ex Yugoslavia - lugares compatibles con la intervención de actores de todo el espectro político (izquierda, liberal, y la derecha). El libro utiliza un marco creado por Herman y Noam Chomsky en la década de 1970 para un estudio que escribieron acerca de matanzas de EE.UU. en Vietnam titulado Violencia contra- Revolucionaria: baños de sangre en hechos y  propaganda. En él, Herman y Chom establecen cuatro categorías de baños de sangre: "constructiva", "benigna", "infame," y "mítica". Herman y Peterson adoptan dichas categorías para la Política de Genocidio, donde los autores utilizan estudios de casos para ilustrar de manera similar cómo "funcionarios de EE.UU., con la ayuda de medios de comunicación y los intelectuales del establecimiento han producido una corriente de propaganda para desviar la atención lejos de la violencia organizada y aprobada por Estados Unidos y centrarla en la que ejercen sus enemigos."

Herman y el primer objetivo de Peterson, que se clasifica como "Genocidio constructivo", son las sanciones lideradas por Estados Unidos y la Gran Bretaña contra Irak después de la primera Guerra del Golfo, algo que los autores etiquetan como "quizás el más grande acto de genocidio en los últimos treinta años." Estas sanciones impidieron a Irak la reparación de su infraestructura, que había sido deliberadamente destruida durante una masiva campaña de bombardeos.

Según un estudio conjunto realizado por la Organización Mundial de la Salud y el UNICEF en 1999, esas sanciones fueron responsables de la muerte de aproximadamente 500.000 niños menores de 5 años, "más de los que murieron en Hiroshima." Dennis Halliday, el primer coordinador de la ONU para Asuntos Humanitarios en Iraq dimitió en 1998, habiendo etiquetado los efectos de la sanciones como "genocidio". Pero Herman y Peterson señalan que "los cientos de miles de víctimas de Irak fueron indignos de un aviso oficial y por lo tanto carecen de interés para los medios del establecimiento y los intelectuales. Los autores revelan el sesgo de los medios de comunicación hacia los crímenes de EE.UU. tabulando el uso periodístico de la palabra genocidio para las sanciones del régimen Iraquí y comparándolo con casos en Bosnia, Kosovo, Ruanda y Darfur.  La tabla señala las muertes estimadas por teatro y número de casos en que los diarios usan la palabra genocidio para describir las condiciones de la localidad y mostrar la proporción de muertes causadas con el uso del genocidio. En Irak, la tasa fue de 10.000 muertes a 1, donde se utilizó la palabra genocidio, con 80 casos (un estimado de 800.000 muertes desde las sanciones). Mientras tanto Kosovo, con un estimado de 4.000 muertes, el uso de del término genocidio tiene una relación de 12 a 1, con 323 casos.

El otro genocidio "constructivo" que los autores usan es la más reciente invasión de los Estados Unidos y la ocupación de Irak, donde más de un millón de iraquíes han muerto. La invasión fue ilegal, una clara violación de la Carta de las Naciones Unidas que garantiza que la fuerza sólo puede ser utilizada cuando sea autorizada por el Consejo de Seguridad. Los autores también señalan que en Núremberg (que Obama cita en su NSS) la invasión sería clasificada como un "supremo crimen internacional que sólo difiere de otros crímenes de guerra en que contiene en sí el mal acumulado del conjunto." Los autores entonces se preguntan dónde estaban los defensores de R2P pidiendo la imposición de sanciones o una intervención militar para proteger a los civiles iraquíes de las atrocidades en masa. (La administración Bush incluso descaradamente anunció que iba a ejecutar la "opción El Salvador", con la cual se utilizan escuadrones de la muerte para pacificar el país como se había hecho durante la guerra fría en El Salvador en la década de 1980.)

Una de las nefastos Genocidios "que Herman y Peterson diseccionan es Darfur," el primer genocidio del siglo 21. "Darfur es un "aceptable" foco de villanía, entre otras razones porque su gobierno está dirigido por los árabes musulmanes, hay petróleo en Sudán, y China se ha convertido en el socio comercial principal de Jartum.  Herman y Peterson lo llaman "la más exitosa campaña de propaganda de su tipo en esta década." Citando a Steven Fake y Kevin Funk, los autores de La lucha por África: Intervención de Darfur y los EE.UU,  "los esfuerzos para parar las catástrofes humanitarias respaldadas por Occidente, tales como el baño de sangre en Irak, o la ocupación israelí, ([que] no logra atraer financiación corporativa o promesas de la oficina Oval)", el activismo de Darfur prospera porque es "en gran parte enraizado en los ideales del establecimiento, tales como la "pureza Occidental de las armas"... y el uso de la fuerza por auto-designados benevolentes para salvar las victimas negras de sus atormentadores árabes".

Pero mientras que las muertes y sufrimiento en Darfur es horroroso, estas no constituyen genocidio. El Secretario General de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, señaló que el conflicto de Darfur comenzó como una crisis ecológica, que surgió al menos en parte por el cambio climático. "De hecho, la Comisión Internacional de Investigación sobre Darfur, establecida por el Consejo de Seguridad de la ONU con el apoyo de EE.UU., declaró que la violencia y las matanzas llevadas a cabo por el gobierno de Sudán no equivalían a un genocidio.”  Por otra parte, los autores señalan que tres veces más personas murieron en Irak entre 2003 y 2009 que en Darfur.  Otro teatro africano, donde los autores sostienen que el genocidio ha sido politizado y distorsionado, y que puede sorprender a algunos lectores, es el de Ruanda. "En un grado notable, los principales sectores del establecimiento occidental se tragaron una línea de propaganda sobre Ruanda que voltearon autores y víctimas boca abajo", escriben Herman y Peterson.

Los autores revelan el papel del presidente ruandés, Paul Kagame (apoyado y entrenado por Estados Unidos), ex oficial militar de los tutsis del Frente Patriótico de Ruanda (FPR), que fomentó la violencia en una espiral de proporciones épicas entre abril y julio de 1994. El FPR, anteriormente un ala del ejército de Uganda (donde Kagame anteriormente se había desempeñado como director de inteligencia) participaron en la invasión de Uganda en 1990, desplazando a cientos de miles de agricultores hutus.

Herman y Peterson señalan la falta notoria de cualquier tipo de acción por el Consejo de Seguridad de la ONU, que tuvo una acción rápida cuando Irak invadió Kuwait en ese mismo año. El FPR también ha sido acusado de llevar a cabo el asesinato del ex presidente ruandés Juvenal Habyarimana en 1994, un acto que muchos creen disparó la "sangrienta respuesta de los hutus". También hay que señalar que Kagame ha estado recientemente bajo fuego por arrestar y detener a un abogado estadounidense que había presentado una demanda contra Kagame en Oklahoma City acusando al presidente del asesinato del ex presidente, y quien ha estado representando a un ruandés y al oponente de Kagame contra falsos cargos de genocidio. Más pruebas que Herman y Peterson utilizan para desmontar la simplista y todavía útil narrativa de víctima-agresor incluida en el testimonio y resoluciones del TPIR.

En cuanto a los "baños de sangre benignos," los autores dirigen su mirada a Israel como uno de sus ejemplos. Desde la invasión de Israel y la ocupación del Líbano en 1982, que dió como resultado aproximadamente de 15.000 a 20.000 muertos, su reciente asalto a Gaza a fines de diciembre de 2008 que causó una destrucción "diez veces mayor que un terremoto", el mejor aliado de Washington en el Oriente Medio cuenta con la capacidad de cometer crímenes de guerra y actos de genocidio con impunidad frente a la justicia y a los medios de comunicación. Herman y Peterson dirigen su atención al tratamiento del informe Goldstone como ejemplo para apoyar su argumento. El informe encontró que el ataque israelí era una forma de castigo colectivo que ocasionó "la destrucción de instalaciones de suministro de alimentos, sistemas de saneamiento de agua, fábricas de concreto y casas residenciales." Los autores señalan que "no hay nadie dentro del establecimiento dispuesto a argumentar que los palestinos de Gaza poseen el derecho a defenderse o que otros Estados tienen una "responsabilidad de proteger" la población civil que es castigada colectivamente por políticas que equivalen a un crimen contra la humanidad. Los otros "baños de sangre benignos" que los autores cubren, por el que Washington es responsable, incluyen Timor Oriental, El Salvador y Guatemala.

Por último, el "mítico baño de sangre" dirigido, es la matanza de Racak, donde los serbios de Kosovo presuntamente masacraron decenas de civiles albaneses el 15 de enero de 1999. Los autores sostienen, con la ayuda de testimonios, informes y artículos, que esa masacre nunca sucedió, y que la tormenta de los medios creó un pretexto para que Washington y la OTAN lanzaran ataques aéreos en el territorio de la antigua República Federativa de Yugoslavia. Una de las más interesantes figuras, responsable de la fabricación de la "masacre" es William Walker, "un veterano administrador de la era de las guerras de Reagan en América Central", que ayudó a encubrir el asesinato de los jesuitas en El Salvador. Walker se desempeñaba como funcionario de la Organización de Cooperación de Seguridad de Europa en Kosovo en el momento y fue el primero en reportar la "masacre" a la entonces Secretaria de Estado Madeleine Albright.

El artículo 2 de la Convención de las Naciones Unidas para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio (CPPCG) define el genocidio como "cualquiera de los siguientes actos cometidos con la intención de destruir, total o parcialmente un grupo nacional, ético, racial o religioso, tales como: matanza de miembros del grupo; causar graves daños físicos o mentales a los miembros del grupo; el sometimiento intencional del grupo a condiciones de vida que hayan de acarrear su destrucción física en todo o en parte, la adopción de medidas destinadas a impedir los nacimientos dentro del grupo, [y] la transferencia forzosa de niños de un grupo a otro".

Me hubiera gustado que el libro utilizara esta definición y la aplicarla caso por caso para determinar específicamente si las atrocidades que ellos examinan califican como genocidio o actos de genocidio. En cambio, el libro a menudo se basó en la comparación de la magnitud y el tratamiento de las atrocidades mencionadas para demostrar que aquellas cometidas por Washington o los Estados cliente de EE.UU., fueron minimizadas o blanqueadas (y fueron en gran parte más notorias), mientras que las cometidas por enemigos de EE.UU. o estados específicos eran exageradas y manipuladas con el fin de promover los objetivos de la política exterior de EE.UU. y mantener nuestro lamentable estatus quo global en relación con la paz y la justicia. El libro muestra claramente la politización del término genocidio y los peligros y contradicciones detrás de la intervención humanitaria y la "responsabilidad de proteger".

"Así como los guardianes de la" justicia internacional " todavía tienen que encontrar un solo crimen cometido por un gran poder de los blancos del norte contra las personas de color que cruce su umbral de gravedad, así también todas las finas pláticas sobre la "responsabilidad de proteger" y el fin de la impunidad nunca se han hecho extensivas a las víctimas de esos mismos poderes, considerando la extensión de atrocidad de los crímenes ", dicen al finalizar Herman y Peterson.

Hasta que tratemos y corrijamos estas deficiencias, los prejuicios y las contradicciones dentro de la jerarquía mundial, el sistema de justicia internacional y el régimen actual de derechos humanos, la historia  seguirá siendo cubierta por los cadáveres de los inocentes, sea el genocidio la meta o la coartada. Este libro puede ser utilizado como referencia por los activistas y los políticos para que nos ayuden a corregir estos males. No podemos darnos el lujo de esperar.




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