Los viajes de los torturadores

A.G. Noorani

Escritor y abogado establecido en Mumbai.

Publicado el 10 de Enero, 2015

Traducido por Luis Leaño

El ex presidente de Estados Unidos, George W. Bush, el ex vicepresidente Dick Cheney y el secretario de Defensa, Donald Rumsfeld, deberían pensarlo dos veces antes de embarcarse en viajes fuera de su país. Como lo advirtiera el profesor Stephen I. Vladeck de la American University de Washington,, "Si soy alguien implicado en el reporte sobre tortura, estaría pensando dos veces antes de viajar a Europa en el corto plazo."

Se refería a un documento y un famoso precedente. El Senado de Estados Unidos había publicado el informe de una investigación interna sobre las técnicas de interrogatorio de la CIA que establecen claramente que habían sido aprobadas por Bush, Cheney y Rumsfeld.

El precedente fue la detención del ex dictador chileno Augusto Pinochet en Gran Bretaña hace varios años, como consecuencia de una solicitud de extradición de un juez en España que trató de juzgarlo por los crímenes cometidos contra ciudadanos españoles en Chile cuando era su presidente. Fue acusado de practicar la tortura. En cuestión era la aplicabilidad de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes. Se define el delito en los términos más amplios para incluir "todo acto por el cual el dolor o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, se infligen intencionalmente a una persona", en forma autorizada o consentida por un funcionario público, entre otras cosas, para obtener información o una confesión.

Irónicamente, son los Estados Unidos quienes abrieron el camino para la 'jurisdicción universal'. Aún más, se une a los demás Estados para castigar a los torturadores, incluyendo a uno de nacionalidad extranjera, aún cuando el delito se haya cometido en territorio extranjero, una vez que el sospechoso "esté presente" en el propio territorio del Estado; siempre que la víctima haya sido un nacional y que se opte por no extraditar al delincuente a su país. El 24 de marzo de 1999, la Cámara de los Lores dictaminó (6-1) que Pinochet no tenía derecho a reclamar inmunidad de la jurisdicción de los tribunales ingleses.

El impacto de la decisión fue bien descrito por Philippe Sands en su libro Lawless World: "A nivel internacional, cada jefe de Estado ahora sabe que él o ella puede ser responsable de las consecuencias de los actos que violan masiva y sistemáticamente las leyes fundamentales de derechos humanos y las leyes penales internacionales. Déspotas y dictadores, de hecho cualquier persona que pudiera ser acusada de cometer crímenes internacionales, ahora viajará al extranjero con mucho más temor ".

Razón por la cual, no antes de que el Senado de Estados Unidos publicara el informe, el Alto Comisionado de la ONU para los derechos humanos, Zeid Ra'ad Zeid Al-Hussein, dijo en un comunicado oficial el mes pasado, que mientras daba la bienvenida a la publicación del informe del Senado, esperaba que el mismo daría lugar a la responsabilidad de los que la ordenaron, activaron o llevaron a cabo. "La convención no permite excepciones - ni los propios torturadores, ni los legisladores, ni los funcionarios públicos que definen la política o dan las órdenes."

Unos días más tarde, el fiscal jefe de la Corte Penal Internacional en La Haya, Fatou Bensouda, confirmó que estaba evaluando la información disponible sobre las "técnicas de interrogatorio mejoradas" de los militares de Estados Unidos. Más de 120 países se han sometido a la autoridad de ese tribunal. Cualquiera de ellos puede detener a un sospechoso de tortura y luego entregarlo a la Corte; especialmente si el país del que el sospechoso es ciudadano pone en evidencia su ausencia de interés en juzgarlo.

Los memorandos legales deshonestos de los abogados de la administración estadounidense en la justificación de la práctica de la tortura, por sí mismos acusan a Bush & Co. No hubieran sido manufacturados si la tortura no estuviera de moda.

Diligentemente opinaron que las convenciones internacionales no se aplicaban. Los abusos en Abu Ghraib y Guantánamo, incluyendo el submarino, siguieron practicándose inexorablemente.

Irónicamente, fueron los propios Estados Unidos quienes abrieron el camino para el establecimiento de la "jurisdicción universal". La Ley de Reclamación por Agravios contra Extranjeros de 1789 dice que "las cortes de distrito tendrán jurisdicción original para cualquier acción civil contra un extranjero por agravios solamente, cometido en violación del derecho internacional o de un tratado suscrito por los Estados Unidos", sin importar donde pudo haber tenido lugar la ofensa.

En 1980, la familia de un hombre paraguayo que habían sido torturado hasta la muerte, inició una acción civil contra el presunto autor mientras se encontraba físicamente presente en los Estados Unidos. Los demandantes mostraron otros casos contra autores de violaciones de derechos humanos cometidos en el extranjero.

Algunos casos se han presentado contra contratistas que prestan servicios de interpretación y de interrogatorio a los Estados Unidos en la prisión de Abu Ghraib en Irak, en relación con la tortura y los tratos inhumanos o degradantes, y contra Blackwater (un contratista militar privado), por supuestos crímenes de guerra en relación con el homicidio de civiles.

El precedente Pinochet resultó infeccioso. Un caso fue presentado en Bélgica contra ex primer ministro de Israel, Ariel Sharon, por su papel en la matanza de refugiados palestinos en el Líbano.

Como se dijo en el tribunal de Nuremberg, que juzgó a los líderes nazis por crímenes de guerra, "Los crímenes contra el derecho internacional son cometidos por hombres y no por entidades abstractas; y sólo castigando a las personas que cometen este tipo de delitos se pueden hacer cumplir las disposiciones del derecho internacional ".

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El original del artículo anterior puede revisarse en el siguiente enlace:
http://www.dawn.com/news/1156023/torturers-travels

Buscando justicia para los iraquíes.

Por Dahr Jamail

Traducido por Luis Leaño

Abogados y activistas internacionales se reunieron en Bruselas, Bélgica, el 16 y 17 de abril en una conferencia titulada "La Comisión Irak", con el objetivo principal de llevar ante la justicia a funcionarios del gobierno culpables de crímenes de guerra en Irak.

"A los pocos días, un ambiente desordenado se desarrolló dentro de mi unidad," dijo a la Comisión de Irak Ross Caputi, un ex marine que participó en el brutal asedio de Faluya en noviembre 2004. "Hubo una gran cantidad de saqueos. Vi a la gente buscando dinero en los bolsillos de los combatientes de la resistencia muertos. Algunas personas estaban mutilando cadáveres”.

EL tribunal de Kuala Lumpur declaró culpables a Bush y Blair. Acotaciones sobre los tribunales de la sociedad civil.

Por Richard Falk

28 de Noviembre de 2011


Un tribunal de crímenes de guerra en Malasia ofrece una devastadora crítica de las instituciones internacionales de derecho penal en la actualidad.


Tras dos años de investigación por parte de la Comisión de Crímenes de Guerra de Kuala Lumpur (KLWCC), un tribunal (el Tribunal Penal de Crímenes de Guerra, o KLWCT) integrada por cinco jueces, llegaron a un veredicto unánime que encontró a  George W Bush y Tony Blair culpables de crímenes contra la paz, crímenes de lesa humanidad y genocidio, como resultado de su participación en la guerra de Irak.


El procedimiento se llevó a cabo durante cuatro días, del 19 al 22 de noviembre, e incluyó la oportunidad para que los abogados defensores de oficio ofrecieran sus argumentos al tribunal y pruebas a favor de los acusados ​​ausentes. Los acusados habían sido invitados a asumir su propia defensa o a enviar un representante, pero se negaron a hacerlo. El equipo de la fiscalía fue dirigido por dos destacadas personalidades jurídicas con fuertes credenciales en derecho: Gurdeal Singh Nijar y Francis Boyle. El veredicto emitido el 22 de noviembre de 2011 coincide con el 48 aniversario del asesinato de John F. Kennedy.


El tribunal reconoció que su veredicto no resulta normalmente aplicable en la forma asociada a un tribunal penal que opera  dentro de un Estado soberano o constituido por acuerdo internacional, como es el caso de la Corte Penal Internacional. Sin embargo, a través del procedimiento jurídico el KLWCT pretendió  funcionar de manera legalmente responsable. Esto puede dotar  sus conclusiones y recomendaciones, con un peso legal que se prevé, se extienden más allá de una condena moral de los acusados.


El KLWCT añadió dos "órdenes" a su sentencia emitida de conformidad con la Carta de las KLWCC que controlaba el marco de funcionamiento del tribunal: 1) Un informe de los resultados de la culpabilidad de los dos acusados a ​​los ex jefes de Estado y a la Corte Penal Internacional de La Haya, y 2) La subscripción de los nombres de Bush y Blair en el registro de criminales de guerra que mantiene el KLWCC.


El tribunal también añade una serie de recomendaciones en su veredicto: 1) Un reporte de los resultados del informe de acuerdo con la Parte VI (que pide la rendición de cuentas futuras) de la Sentencia de Nuremberg de 1945, frente a los crímenes de los líderes políticos sobrevivientes y los militares de la Alemania nazi, 2) La radiciación del archivo de genocidio y crímenes contra la humanidad en la Corte Penal Internacional en La Haya, 3) El planteamiento en la Asamblea general de la ONU de aprobar una resolución que exige a los Estados Unidos ponga fin a su ocupación de Irak, y 4) Comunicar los resultados obtenidos por el tribunal a todos los Estados miembros del Estatuto de Roma (que regula la Corte Penal Internacional) y a todos los Estados que afirman la jurisdicción universal, en cuanto que autorizan el juzgamiento de crímenes internacionales por tribunales nacionales, y 5) Instar al Consejo de Seguridad a asumir la responsabilidad de asegurar que los derechos de soberanía plena residen en el pueblo de Irak y que la independencia de su gobierno sea protegida por una fuerza de paz de la ONU.




La campaña anti-guerra de Mahathir Mohamed


Estas iniciativas de la sociedad civil legal son el resultado de un proyecto a largo plazo realizado por el polémico ex jefe de Estado de Malasia, Mahathir Mohamed, de desafiar  el militarísmo americano y movilizar a los países del Sur para organizar una lucha frontal contra el sistema de guerra .


Esta visión de lucha contra la guerra y contra el imperialismo post-colonial fue establecido integralmente en el notable discurso de Mahathir contra la guerra del 24 de febrero de 2003, cuando el ministro daba la bienvenida al Movimiento de Países No Alineados en Kuala Lumpur para su XIII Cumbre.


Incluidos en su discurso en esta ocasión fueron las siguientes afirmaciones que prefiguran la creación de la KLWCC y KLWCT:


"La guerra debe ser declarada ilegal. Eso tendrá que ser nuestra lucha, por ahora. Debemos luchar por la justicia y la libertad de la opresión, de la hegemonía económica. Sin embargo, debemos eliminar la amenaza de la guerra en primer lugar. Con esta espada de Damocles sobre nuestras cabezas no podemos tener éxito en la promoción de los intereses de nuestros países. La guerra por lo tanto, debe ser ilegal. La aplicación de este principio debe haceerse por las fuerzas bajo el control multilateral de las Naciones Unidas. Ninguna nación debería asumir el papel de policía del mundo, mucho menos para decidir qué acción tomar, [y] cuando ".


Mahathir dijo claramente en esa ocasión que su intención en la criminalización de la conducta de hacer la guerra agresiva y de lesa humanidad era llevar ayuda a los pueblos víctimas - con especial referencia a los iraquíes, que estaban a punto de ser atacados un par de semanas más tarde, y los palestinos, que había sufrido el despojo en masa y una ocupación opresiva. Esta dedicación de Mahathir a un mundo sin guerra, se reafirmó a través de la creación de la Fundación Kuala Lumpur para Criminalizar la Guerra, y en el discurso inaugural de apertura de la Conferencia de Criminalización de la Guerra, el 28 de octubre de 2009.


El 13 de febrero 2007 Mahathir pidió a la KLWCC que preparara un caso contra Bush y Blair, a quien hace responsable de librar una guerra de agresión contra Irak. Mahathir, un abierto crítico de la guerra de Irak y sus secuelas, sostuvo en el momento que existía una necesidad de un foro alternativo judicial de la CPI, que no estaba dispuesto a acusar líderes occidentales. Mahathir insistió en que ningún líder debe ser capaz de escapar de la responsabilidad por estos crímenes contra las naciones y los pueblos. Reconoció con ironía salvaje los límites de la iniciativa propuesta: "No podemos arrestarlos, no podemos detenerlos, y no podemos colgarlos en la forma en que ahorcaron a Saddam Hussein." Mahathir también sostuvo que, "Un castigo que muchos líderes temen, es pasar a la historia con cierta etiqueta adjunta... En los libros de historia deberían ser catalogados como criminales de guerra y este es el tipo de castigo que podemos imponerles ".


Con esta observación, Mahathir prefigura el registro KLWCC de criminales de guerra que tiene inscritos los nombres de los condenados por el KLWCT. ¿Importará? Este listado tendrá trascendencia en nuestro mundo?


En su declaración de 2007, Mahathir prometió que el futuro KLWCT, no sería  "como el" tribunal canguro "que enjuició a Saddam". En verdad, la actuaciones judiciales contra Saddam Hussein fueron una farsa, excluyendo pruebas relevantes, obstaculizando la defensa significativa, y culminando con la ejecución grotesca y el descrédito. Saddam Hussein fue objeto de persecución por delitos varios contra la humanidad, así como por crímenes contra la paz, pero la formalidad de corrección que acompaña el juicio no puede ocultar el hecho de que este era un ejemplo vergonzoso de justicia de vencedores. Por supuesto, los medios de comunicación, en la medida en que se enteran de las iniciativas de la sociedad civil, condena precisamente con la misma retórica que Mahathir utilizó para atacar el juicio de Saddam, insistiendo en que el KLWCT es un "tribunal canguro" o un "circo". Los medios de comunicación occidentales, sin excepción, han pasado por alto este procedimiento en contra de Bush y Blair, considerandolo como irrelevante y una simple parodia legal, y brindando su atención a juicio simultáneo, respaldado por la ONU y adelantado por el Tribunal de Crímenes de Guerra de Camboya que enjucia sobrevivientes del Khmer Rouge acusados ​​de comportamiento genocida en la década de 1970. Para los medios de comunicación globales, los auspicios hacen la diferencia.


Jurisdicción Universal.


El KLWCT no se produce en su totalidad en medio del vacío jurisprudencial. Desde hace tiempo se reconoce que los tribunales penales nacionales pueden ejercer  jurisdicción universal por  crímenes de Estado sin importar donde hayan acurrido, aunque por lo general sólo se procede si los individuos acusados ​​se encuentran físicamente presentes ante el tribunal. En el derecho norteamericano, la Alien Tort Claims Act permite acciones civiles siempre que la jurisdicción personal de la parte demandada se obtenga por delitos como la tortura cometida fuera de los Estados Unidos.


El ejemplo más influyente fue la decisión Filartiga de 1980 que reconoció los daños y perjuicios ocasionados a una víctima de tortura en el Paraguay autocrático (Filártiga v. Peña 620 F2d 876). Es decir, hay una sensación de que los tribunales nacionales tienen la autoridad legal para procesar a individuos acusados ​​de crímenes de guerra en cualquier parte del mundo. La teoría jurídica subyacente se basa en el reconocimiento de la limitada capacidad de los tribunales penales internacionales para imponer responsabilidad de una manera que no sea dictada por las prioridades geopolíticas y por el reflejo de una lógica de la impunidad. En este sentido, la jurisdicción universal tiene el potencial para generar un tratamiento de igual a igual, y se convierte en una gran amenaza para los Kissinger y Rumsfeld de este mundo, que han tenido que limitar los sitios a donde pueden viajar. Los Estados Unidos e Israel han utilizado su influencia diplomática para hacer retroceder la autoridad de la jurisdicción universal en Europa, especialmente en el Reino Unido y Bélgica.


Hasta cierto punto, el KLWCT está tomando un camino paralelo a la responsabilidad penal. No pretende tener la capacidad para ejercitar el castigo corporal, y están en juego sus pretensiones de eficacia en la publicidad, la educación y la justicia simbólica. Estas iniciativas se han llevado a cabo de vez en cuando, desde el Tribunal Russell de 1967 que trató las denuncias penales derivadas de la guerra de Vietnam, frente a la indignación pública y la ausencia de una respuesta adecuada de los gobiernos o de las instituciones de la sociedad internacional.


En 1976, la Fundación Lelio Basso de Roma estableció un Tribunal Permanente de los Pueblos que se generalizó en la experiencia de Russell. Se creía que había una necesidad urgente de llenar el vacío institucional en la administración de justicia alrededor del mundo, que surgió como resultado de la manipulación geopolítica y de los regímenes jurídicos de doble rasero. Durante las décadas siguientes, el PPT trató una serie de temas que van desde las denuncias de intervención estadounidense en América Central y la intervención soviética en Afganistán, hasta los derechos humanos en la dictadura de las Filipinas de Marcos, el despojo de las comunidades indígenas en el estado brasileño de Amazonas, y la negación del derecho de autodeterminación para el pueblo de Puerto Rico.


El precedente inmediatamente anterior del KLWCT,  fue el Tribunal Mundial sobre Irak (WTI), celebrado en Estambul en 2005, que culminó con una serie de audiencias llevadas a cabo entre 2003 y 2005 sobre diversos aspectos de la guerra de Irak. Al igual que con KLWCT, este también se centró en la supuesta criminalidad de aquellos que se embarcaron en la guerra de Irak. En los Procedimientos adelantados por el WTI, se presentaron numerosos testigos expertos y se produjo una sentencia que condenó a Bush y Blair, entre otros, y llamó a una variedad de medidas de aplicación simbólica y social.


La Declaración del jurado de conciencia incluyó estos aspectos generales:
"La invasión y ocupación de Irak fue y es ilegal. Se ha demostrado que las razones dadas por los gobiernos de EE.UU. y el Reino Unido para la invasión y ocupación de Irak en marzo de 2003 eran falsas. Hay mucha evidencia que apoya la conclusión de que un motivo importante para la guerra era controlar y dominar el Medio Oriente y sus vastas reservas de petróleo como parte de la estrategia de EE.UU. por hegemonía mundial ... En la búsqueda de su agenda imperial, los gobiernos de Bush y Blair ignoraron descaradamente la masiva oposición a la guerra expresada por millones de personas de todo el mundo. Se embarcaron en una de las guerras más injustas, inmorales y cobardes de la historia. "


A diferencia de lo acurrido con el KLWCT, el tono y sustancia del resultado oficial de las conclusiones del WT, fue en sentido estricto más moral y político que jurídico, a pesar del marco legal de la investigación. Para ver una descripción completa  puede verse, el Tribunal Mundial sobre Irak de Muge Gursoy Sokmen: Los Argumentos contra la Guerra (2008).


Justificando tribunales.


Dos semanas antes del KLWCT, una iniciativa similar en Sudáfrica consistió en examinar las denuncias de apartheid contra Israel en relación con la desposesión de los palestinos y la ocupación de una parte de la Palestina histórica (este fue el Tribunal Russell sobre Palestina, Sesión de Sudáfrica, 5 al 7 de noviembre de 2011).


Todos estos eventos "jurídicos" tenían una cosa en común: el sistema mundial de Estados e instituciones no estaba dispuesto a buscar un conjunto particular de hechos y responder eficazmente a lo que muchas personas calificadas cree que es una gran injusticia. En este sentido, hubo una intensa motivación ética y política detrás de estas iniciativas de la sociedad civil, que invoca la autoridad del derecho. Pero estas iniciativas realmente califican como "derecho"?  Una respuesta a esta pregunta depende de si los procedimientos formales de los estados soberanos y de sus descendientes indirectos (las instituciones internacionales) constituyen un monopolio de la administración legal de la justicia. Yo me pondría al lado de los que creen que las personas son la fuente última de autoridad legal y que tienen el derecho de actuar por su cuenta cuando los procedimientos gubernamentales, como en estas situaciones, están tan inhibidos por la geopolítica que no tienen en cuenta violaciónes graves del derecho internacional .


Más allá de esto, no deberíamos descuidar el registro documental elaborado por estas iniciativas de la sociedad civil que operan con escasos recursos. Sus denuncias casi siempre muestran una comprensión objetiva de la evidencia disponible y la legislación aplicable, aunque a diferencia de los procedimientos gubernamentales, esta evaluación es efectivamente realizada antes de la apertura de los procedimientos.


Esta es la garantía de un avance contra la criminalidad que proporciona la motivación para hacer el esfuerzo organizacional y financiero necesarios para llevar esta iniciativa a un buen fin. Pero, ¿es el conocimiento anticipado de los resultados tan diferente de los procesos por crímenes de guerra bajo los auspicios del gobierno? Acusaciones se han hecho en casos de crímenes de guerra de alto perfil, sólo cuando la evidencia de la culpabilidad es abrumadora y decisiva, y el resultado de la decisión es conocido como una cuestión de seguridad virtual antes de comenzar el proceso.


En ambos casos, el tribunal no está realmente tratando de determinar la culpabilidad o inocencia, sino que más bien tiene la intención de aportar las pruebas y el razonamiento que valida e ilumina un veredicto de culpabilidad,  las recomendaciones resultantes y la sanción penal. Es por supuesto imposible, para los tribunales de la sociedad civil, para hacer valer sus resultados en el sentido convencional. Su reto es más bien el de difundir el juicio tan amplia y eficazmente como sea posible. Una publicación del Tribunal Permanente de los Pueblos a veces puede llegar a ser sorprendentemente influyente, dada la amplia base de hechos que presenta al llegar a su veredicto. Este fue el caso en la generación de activismo de oposición en las Filipinas en la década de 1980 durante los últimos años del régimen de Marcos.

El legalismo del  KLWCT


El KLWCT tiene identidad propia. Tiene la marca de un influyente ex mandatario en el país donde se reunió el tribunal, dando a la empresa en su conjunto un carácter cuasi-gubernamental. También se tuvo en cuenta la amplia campaña de Mahathir contra la guerra en general. El tribunal estaba compuesto por cinco destacados juristas, impartiendo un sentido adicional de profesionalismo. El juez principal fue Abdel Kadir Salaiman, un ex juez de la corte federal de Malasia. Otras dos personas que se anunciaron como jueces fueron recusados ​al inicio del proceso, debido a un sesgo supuestamente relacionados con su participación previa en un proceso similar, y otra debido a una enfermedad. También hubo un equipo de defensa competente, que presentaron argumentos intentando exonerar a los acusados ​​Bush y Blair, aunque la calidad de los argumentos jurídicos que ofrecieron no resultó tan convincente.


El tribunal operó en estricta conformidad con un estatuto  aprobado previamente por la KLWCC, e impartió un tono legalista al proceso. El legalismo es el rasgo más distintivo de la KLWCT, a diferencia de empresas similares que se basan más en una aplicación no profesional y flexible de la ley por personalidades de reconocida autoridad moral y culturalmente importantes, que no pretenden estar familiarizados con procedimientos legales y detalles de derecho sustantivo. En este sentido, el Tribunal de la Guerra de Iraq (IWT), reunido en Estambul en 2005, fue más característico. Se pronunció sobre la ley y formuló recomendaciones sobre una base política y moral orientada por la valoración de pruebas hecha por un jurado de conciencia. El tribunal fue presidido por el aclamado escritor y activista indio, Arundhati Roy, y estuvo compuesto por personas con notables logros públicos, pero sin pretensiones de tener un conocimiento experto de la ley pertinente, a pesar de que los numerosos testimonios de expertos en derecho internacional dieron un apoyo a las alegaciones de criminalidad. Además, a diferencia del KLWCT, el IWT no hizo ninguna pretensión de permitir una defensa de los cargos.


Tribunales de conciencia, o de ley?


Se plantea entonces la cuestión de la jurisprudencia populista en cuanto a si la "conciencia" o la "ley" es el aspecto preferido y más influyente para este tipo de iniciativas no gubernamentales. En ninguno de los casos los medios de comunicación de orientación estatísta hicieron una pausa para brindar atención, incluso atención crítica. En este sentido, sólo las fuerzas populistas democráticas con una visión cosmopolita encontrarán  resultados, como los movimientos notables de Kuala Lumpur hacia el establecimiento de lo que Derrida llama la "democracia por venir". El que estas fuerzas se convertieran en numerosas y suficientemente ruidosas, sigue siendo incierto. Un camino posible para obtener una mayor influencia sería hacer usos más imaginativos de los potenciales de las redes sociales para informar, explicar, educar y persuadir.


Esta última sesión del Tribunal de Crímenes de Guerra de Kuala Lumpur,  ofrece una crítica devastadora de los fracasos persistentes de los mecanismos de derecho penal internacional para asumir la responsabilidad de administrar justicia con justicia, es decir, sin los filtros de impunidad proporcionado por las existentes jerarquías de poder duro.


Richard Falk es Profesor Emérito del Albert G. Milbank of International Law en Princeton University y Visiting Distinguished Professor en Global and International Studies en University of California, Santa Barbara. Ha sido autor y ha editado numerosas publicaciones por cinco décadas. Recientemente editó el volumen, International Law and the Third World: Reshaping Justice (Routledge, 2008).


Actualmente se desempeña como Reportero Especial de las Naciones Unidas para los derechos humanos Palestinos. 


http://www.aljazeera.com/indepth/opinion/2011/11/20111128105712109215.html

Bush y Blair encontrados culpables de crímenes de guerra.

Noviembre 22. 2011

Un tribunal de Malasia ha encontrado al ex presidente de EE.UU. George W Bush y el ex primer ministro británico Tony Blair, culpables de cometer crímenes de lesa humanidad durante la guerra de Irak.

El Tribunal de de Crímenes de Guerra en Kuala Lumpur encontró a los ex jefes de Estado culpables, tras una audiencia de cuatro días. Un panel de siete miembros presidido por el ex juez del Tribunal Federal de Malasia, Abdul Kadir Sulaiman presidió el juicio.

El tribunal compuesto por cinco personas, decidió por unanimidad que los ex dirigentes de EE.UU. y Gran Bretaña, habían cometido crímenes contra la paz y la humanidad, y que también violaron el derecho internacional cuando ordenaron la invasión de Irak en marzo de 2003.

Los fiscales en la audiencia derterminaron que la invasión de Irak fue un flagrante abuso de derecho, y un acto de agresión que se sumó al asesinato en masa de la población iraquí.

"Bush y Blair fueron declarados culpables bajo la misma ley que se aplicó a los nazis después del final de la II Guerra Mundial.

Por lo tanto, son criminales de guerra internacionales, culpables de crímenes de Nuremberg contra la paz, y deben ser procesados ​​por cualquier estado del mundo que pueda arrestarlos. Vamos a continuar nuestros esfuerzos para llevar a Bush y Blair a la justicia y ponerlos en la cárcel ", dijo Francis Boyle, un experto en derecho internacional y fiscal.

Los jueces en la sentencia afirmaron que los Estados Unidos, bajo el liderazgo de Bush, falsificaron documentos para afirmar que Irak tenía armas de destrucción masiva.

Bush y Blair fueron juzgados en ausencia por el Tribunal de Kuala Lumpur sobre Crímenes de Guerra. Los participantes también exigieron que las conclusiones del tribunal sean puestas a disposición de los Estados miembros del Estatuto de Roma y que los nombres de los dos ex funcionarios se inscriban en el registro de criminales de guerra.

"También hay una recomendación de que estos resultados se distribuiyan entre los Estados que tienen jurisdicción universal. Por lo tanto, cada vez que Bush o Blair aparezcan en su territorio, subsistirá la obligación de derecho internacional de comprometer estos criminales con el sistema de justicia ", dijo Gurdial Singh Nijar, un fiscal.

Abogados y activistas de derechos humanos en Malasia han descrito la sentencia dictada por el Tribunal de Kuala Lumpur sobre Crímenes de Guerra en contra de Bush y Blair como "una decisión histórica."

Este sería el preámbulo para que el Tribunal Penal Internacional acusara a Bush y Blair por crímenes de guerra.

El Tribunal de Crímenes de Guerra de Kuala Lumpur tiene previsto celebrar una audiencia por separado el próximo año, con cargos de tortura relacionados con la guerra de Irak en contra de ex funcionarios de EE.UU., incluyendo el ex Vicepresidente Dick Cheney, el ex secretario de Estado Donald Rumsfeld y el ex Fiscal General Alberto Gonzales.

Los crímenes de Gadafi destacan un doble estándar en el mundo

Por Thomas Walkom

National Affairs Columnist

The Star.

Traducido por Luis J. Leaño.

La decisión de la Corte Penal Internacional de emitir una orden de arresto contra el dictador libio Muamar Gadafi ha animado a los que apoyan la guerra de la OTAN Que Gadafi es ahora oficialmente buscado por crímenes contra la humanidad aumenta la credibilidad de aquellos que, como el primer ministro, StephenHarper, lo quieren depuesto a la fuerza.

Pero la decisión del lunes adoptada por un panel de jueces en La Haya, también pone de relieve una tendencia preocupante en el sistema de justicia internacional. Sin duda, muchos líderes mundiales incurren en lo que la Corte Penal Internacional define como crímenes de lesa humanidad. Sin embargo, sólo los perdedores y los extraños son llamados a rendir cuentas.

Los poderosos, y aquellos amparados por los poderosos, nunca tienen que afrontar las consecuencias.

Gadafi es un ejemplo clásico. Durante sus 42 años de gobierno, ha sido tratado por el Oeste como un chiflado, un terrorista, un paria, un fiel aliado en la guerra contra el terror y como un paria de nuevo.

Cuando Gadafi era amigo oficial de Occidente, todos sus pecados- incluyendo su papel en el atentado de Lockerbie en 1988 - fueron perdonados. El hecho de que hubiera encarcelado o liquidado disidentes, se pasó por alto.

Cuando Gadafi era amigo oficial, nadie pidió a la Corte que lo investigara. No se crearon tribunales especiales.

Es revelador que la actual acusación de la CPI sólo incluya los nombres del dictador, su hijo y su jefe de inteligencia militar. Otros incondicionales desde hace mucho tiempo , como sus ministros de interior, justicia y Relaciones Exteriores, han recibido pases libres- no porque sus manos estén necesariamente limpias, sino porque cambiaron de bando para unirse a los rebeldes respaldados por Occidente.

Los crímenes de Gadafi, de acuerdo con la Corte Penal Internacional, son de dos tipos. En primer lugar se le acusa de establecer un sistema que resultó en la muerte de manifestantes civiles. En segundo lugar se le acusa de perseguir a un grupo identificable - sus adversarios políticos - para encarcelarlos.

La hipocresía de acusar a Gadafi sin tener en cuenta las tácticas más represivas del dictador sirio Bashar al-Assad, es obvia. Assad es considerado útil para Occidente. Gadafi no lo es.

Una ironía añadida es que uno de los países que denuncia los crímenes de Gadafi, los Estados Unidos, no reconoce la jurisdicción de la Corte Penal Internacional (un dudoso honor compartido por Rusia, China, Arabia Saudita, Israel - y Libia).

Pero los cargos también plantean cuestiones importantes sobre la capacidad de los gobiernos para hacer frente a disturbios internos. ¿En qué punto la represión de los disturbios civiles se convierte en persecución? Son las acciones de Rusia en Chechenia, o de India en Cachemira , o de China en el Tíbet, o de Israel en los territorios ocupados, crímenes contra la humanidad? Si no, ¿por qué no?

La justicia internacional ha sido atenuada por la política. Después de la Segunda Guerra Mundial, fue fácil condenar a los líderes nazis por librar una guerra ilegal. Ha resultado más difícil procesar al ex presidente de EE.UU. George W. Bush por el mismo delito.

En el año 2001, el líder serbio Slobodan Milosevic fue llevado apropiadamente ante un tribunal especial de las Naciones Unidas para hacer frente a la justicia por su papel en el caos de Yugoslavia. Pero los líderes de la OTAN (incluyendo a Jean Chrétien de Canadá), que sin autorización de la ONU declararon la guerra ilegal en Serbia, no lo fueron.

El establecimiento de la Corte Penal Internacional en 2002 dio la esperanza de  que este doble estándar pudiera cambiar. Hasta el momento no es así. Los líderes mundiales desaprobaron a Gadafi por sus prácticas odiosas. Pero no dicen nada acerca de la decisión de Bush de autorizar la tortura a nivel doméstico. Ni de castigar al sucesor de Bush, Barack Obama, por continuar externalizando la tortura en ultramar.

En cambio, la CPI se concentra en las figuras del Tercer Mundo que ya no tienen amigos. Ciertamente, estos matones de poca monta deben rendir cuentas. Pero también lo deben hacer los grandes.

http://www.thestar.com/news/canada/politics/article/1016257--walkom-gadhafi-s-crimes-highlight-the-world-s-double-standard