Por Richard Falk
28 de Noviembre de 2011
Un tribunal de crímenes de guerra en Malasia ofrece una devastadora crítica de las instituciones internacionales de derecho penal en la actualidad.
Tras dos años de investigación por parte de la Comisión de Crímenes de Guerra de Kuala Lumpur (KLWCC), un tribunal (el Tribunal Penal de Crímenes de Guerra, o KLWCT) integrada por cinco jueces, llegaron a un veredicto unánime que encontró a George W Bush y Tony Blair culpables de crímenes contra la paz, crímenes de lesa humanidad y genocidio, como resultado de su participación en la guerra de Irak.
El procedimiento se llevó a cabo durante cuatro días, del 19 al 22 de noviembre, e incluyó la oportunidad para que los abogados defensores de oficio ofrecieran sus argumentos al tribunal y pruebas a favor de los acusados ausentes. Los acusados habían sido invitados a asumir su propia defensa o a enviar un representante, pero se negaron a hacerlo. El equipo de la fiscalía fue dirigido por dos destacadas personalidades jurídicas con fuertes credenciales en derecho: Gurdeal Singh Nijar y Francis Boyle. El veredicto emitido el 22 de noviembre de 2011 coincide con el 48 aniversario del asesinato de John F. Kennedy.
El tribunal reconoció que su veredicto no resulta normalmente aplicable en la forma asociada a un tribunal penal que opera dentro de un Estado soberano o constituido por acuerdo internacional, como es el caso de la Corte Penal Internacional. Sin embargo, a través del procedimiento jurídico el KLWCT pretendió funcionar de manera legalmente responsable. Esto puede dotar sus conclusiones y recomendaciones, con un peso legal que se prevé, se extienden más allá de una condena moral de los acusados.
El KLWCT añadió dos "órdenes" a su sentencia emitida de conformidad con la Carta de las KLWCC que controlaba el marco de funcionamiento del tribunal: 1) Un informe de los resultados de la culpabilidad de los dos acusados a los ex jefes de Estado y a la Corte Penal Internacional de La Haya, y 2) La subscripción de los nombres de Bush y Blair en el registro de criminales de guerra que mantiene el KLWCC.
El tribunal también añade una serie de recomendaciones en su veredicto: 1) Un reporte de los resultados del informe de acuerdo con la Parte VI (que pide la rendición de cuentas futuras) de la Sentencia de Nuremberg de 1945, frente a los crímenes de los líderes políticos sobrevivientes y los militares de la Alemania nazi, 2) La radiciación del archivo de genocidio y crímenes contra la humanidad en la Corte Penal Internacional en La Haya, 3) El planteamiento en la Asamblea general de la ONU de aprobar una resolución que exige a los Estados Unidos ponga fin a su ocupación de Irak, y 4) Comunicar los resultados obtenidos por el tribunal a todos los Estados miembros del Estatuto de Roma (que regula la Corte Penal Internacional) y a todos los Estados que afirman la jurisdicción universal, en cuanto que autorizan el juzgamiento de crímenes internacionales por tribunales nacionales, y 5) Instar al Consejo de Seguridad a asumir la responsabilidad de asegurar que los derechos de soberanía plena residen en el pueblo de Irak y que la independencia de su gobierno sea protegida por una fuerza de paz de la ONU.
La campaña anti-guerra de Mahathir Mohamed
Estas iniciativas de la sociedad civil legal son el resultado de un proyecto a largo plazo realizado por el polémico ex jefe de Estado de Malasia, Mahathir Mohamed, de desafiar el militarísmo americano y movilizar a los países del Sur para organizar una lucha frontal contra el sistema de guerra .
Esta visión de lucha contra la guerra y contra el imperialismo post-colonial fue establecido integralmente en el notable discurso de Mahathir contra la guerra del 24 de febrero de 2003, cuando el ministro daba la bienvenida al Movimiento de Países No Alineados en Kuala Lumpur para su XIII Cumbre.
Incluidos en su discurso en esta ocasión fueron las siguientes afirmaciones que prefiguran la creación de la KLWCC y KLWCT:
"La guerra debe ser declarada ilegal. Eso tendrá que ser nuestra lucha, por ahora. Debemos luchar por la justicia y la libertad de la opresión, de la hegemonía económica. Sin embargo, debemos eliminar la amenaza de la guerra en primer lugar. Con esta espada de Damocles sobre nuestras cabezas no podemos tener éxito en la promoción de los intereses de nuestros países. La guerra por lo tanto, debe ser ilegal. La aplicación de este principio debe haceerse por las fuerzas bajo el control multilateral de las Naciones Unidas. Ninguna nación debería asumir el papel de policía del mundo, mucho menos para decidir qué acción tomar, [y] cuando ".
Mahathir dijo claramente en esa ocasión que su intención en la criminalización de la conducta de hacer la guerra agresiva y de lesa humanidad era llevar ayuda a los pueblos víctimas - con especial referencia a los iraquíes, que estaban a punto de ser atacados un par de semanas más tarde, y los palestinos, que había sufrido el despojo en masa y una ocupación opresiva. Esta dedicación de Mahathir a un mundo sin guerra, se reafirmó a través de la creación de la Fundación Kuala Lumpur para Criminalizar la Guerra, y en el discurso inaugural de apertura de la Conferencia de Criminalización de la Guerra, el 28 de octubre de 2009.
El 13 de febrero 2007 Mahathir pidió a la KLWCC que preparara un caso contra Bush y Blair, a quien hace responsable de librar una guerra de agresión contra Irak. Mahathir, un abierto crítico de la guerra de Irak y sus secuelas, sostuvo en el momento que existía una necesidad de un foro alternativo judicial de la CPI, que no estaba dispuesto a acusar líderes occidentales. Mahathir insistió en que ningún líder debe ser capaz de escapar de la responsabilidad por estos crímenes contra las naciones y los pueblos. Reconoció con ironía salvaje los límites de la iniciativa propuesta: "No podemos arrestarlos, no podemos detenerlos, y no podemos colgarlos en la forma en que ahorcaron a Saddam Hussein." Mahathir también sostuvo que, "Un castigo que muchos líderes temen, es pasar a la historia con cierta etiqueta adjunta... En los libros de historia deberían ser catalogados como criminales de guerra y este es el tipo de castigo que podemos imponerles ".
Con esta observación, Mahathir prefigura el registro KLWCC de criminales de guerra que tiene inscritos los nombres de los condenados por el KLWCT. ¿Importará? Este listado tendrá trascendencia en nuestro mundo?
En su declaración de 2007, Mahathir prometió que el futuro KLWCT, no sería "como el" tribunal canguro "que enjuició a Saddam". En verdad, la actuaciones judiciales contra Saddam Hussein fueron una farsa, excluyendo pruebas relevantes, obstaculizando la defensa significativa, y culminando con la ejecución grotesca y el descrédito. Saddam Hussein fue objeto de persecución por delitos varios contra la humanidad, así como por crímenes contra la paz, pero la formalidad de corrección que acompaña el juicio no puede ocultar el hecho de que este era un ejemplo vergonzoso de justicia de vencedores. Por supuesto, los medios de comunicación, en la medida en que se enteran de las iniciativas de la sociedad civil, condena precisamente con la misma retórica que Mahathir utilizó para atacar el juicio de Saddam, insistiendo en que el KLWCT es un "tribunal canguro" o un "circo". Los medios de comunicación occidentales, sin excepción, han pasado por alto este procedimiento en contra de Bush y Blair, considerandolo como irrelevante y una simple parodia legal, y brindando su atención a juicio simultáneo, respaldado por la ONU y adelantado por el Tribunal de Crímenes de Guerra de Camboya que enjucia sobrevivientes del Khmer Rouge acusados de comportamiento genocida en la década de 1970. Para los medios de comunicación globales, los auspicios hacen la diferencia.
Jurisdicción Universal.
El KLWCT no se produce en su totalidad en medio del vacío jurisprudencial. Desde hace tiempo se reconoce que los tribunales penales nacionales pueden ejercer jurisdicción universal por crímenes de Estado sin importar donde hayan acurrido, aunque por lo general sólo se procede si los individuos acusados se encuentran físicamente presentes ante el tribunal. En el derecho norteamericano, la Alien Tort Claims Act permite acciones civiles siempre que la jurisdicción personal de la parte demandada se obtenga por delitos como la tortura cometida fuera de los Estados Unidos.
El ejemplo más influyente fue la decisión Filartiga de 1980 que reconoció los daños y perjuicios ocasionados a una víctima de tortura en el Paraguay autocrático (Filártiga v. Peña 620 F2d 876). Es decir, hay una sensación de que los tribunales nacionales tienen la autoridad legal para procesar a individuos acusados de crímenes de guerra en cualquier parte del mundo. La teoría jurídica subyacente se basa en el reconocimiento de la limitada capacidad de los tribunales penales internacionales para imponer responsabilidad de una manera que no sea dictada por las prioridades geopolíticas y por el reflejo de una lógica de la impunidad. En este sentido, la jurisdicción universal tiene el potencial para generar un tratamiento de igual a igual, y se convierte en una gran amenaza para los Kissinger y Rumsfeld de este mundo, que han tenido que limitar los sitios a donde pueden viajar. Los Estados Unidos e Israel han utilizado su influencia diplomática para hacer retroceder la autoridad de la jurisdicción universal en Europa, especialmente en el Reino Unido y Bélgica.
Hasta cierto punto, el KLWCT está tomando un camino paralelo a la responsabilidad penal. No pretende tener la capacidad para ejercitar el castigo corporal, y están en juego sus pretensiones de eficacia en la publicidad, la educación y la justicia simbólica. Estas iniciativas se han llevado a cabo de vez en cuando, desde el Tribunal Russell de 1967 que trató las denuncias penales derivadas de la guerra de Vietnam, frente a la indignación pública y la ausencia de una respuesta adecuada de los gobiernos o de las instituciones de la sociedad internacional.
En 1976, la Fundación Lelio Basso de Roma estableció un Tribunal Permanente de los Pueblos que se generalizó en la experiencia de Russell. Se creía que había una necesidad urgente de llenar el vacío institucional en la administración de justicia alrededor del mundo, que surgió como resultado de la manipulación geopolítica y de los regímenes jurídicos de doble rasero. Durante las décadas siguientes, el PPT trató una serie de temas que van desde las denuncias de intervención estadounidense en América Central y la intervención soviética en Afganistán, hasta los derechos humanos en la dictadura de las Filipinas de Marcos, el despojo de las comunidades indígenas en el estado brasileño de Amazonas, y la negación del derecho de autodeterminación para el pueblo de Puerto Rico.
El precedente inmediatamente anterior del KLWCT, fue el Tribunal Mundial sobre Irak (WTI), celebrado en Estambul en 2005, que culminó con una serie de audiencias llevadas a cabo entre 2003 y 2005 sobre diversos aspectos de la guerra de Irak. Al igual que con KLWCT, este también se centró en la supuesta criminalidad de aquellos que se embarcaron en la guerra de Irak. En los Procedimientos adelantados por el WTI, se presentaron numerosos testigos expertos y se produjo una sentencia que condenó a Bush y Blair, entre otros, y llamó a una variedad de medidas de aplicación simbólica y social.
La Declaración del jurado de conciencia incluyó estos aspectos generales:
"La invasión y ocupación de Irak fue y es ilegal. Se ha demostrado que las razones dadas por los gobiernos de EE.UU. y el Reino Unido para la invasión y ocupación de Irak en marzo de 2003 eran falsas. Hay mucha evidencia que apoya la conclusión de que un motivo importante para la guerra era controlar y dominar el Medio Oriente y sus vastas reservas de petróleo como parte de la estrategia de EE.UU. por hegemonía mundial ... En la búsqueda de su agenda imperial, los gobiernos de Bush y Blair ignoraron descaradamente la masiva oposición a la guerra expresada por millones de personas de todo el mundo. Se embarcaron en una de las guerras más injustas, inmorales y cobardes de la historia. "
A diferencia de lo acurrido con el KLWCT, el tono y sustancia del resultado oficial de las conclusiones del WT, fue en sentido estricto más moral y político que jurídico, a pesar del marco legal de la investigación. Para ver una descripción completa puede verse, el Tribunal Mundial sobre Irak de Muge Gursoy Sokmen: Los Argumentos contra la Guerra (2008).
Justificando tribunales.
Dos semanas antes del KLWCT, una iniciativa similar en Sudáfrica consistió en examinar las denuncias de apartheid contra Israel en relación con la desposesión de los palestinos y la ocupación de una parte de la Palestina histórica (este fue el Tribunal Russell sobre Palestina, Sesión de Sudáfrica, 5 al 7 de noviembre de 2011).
Todos estos eventos "jurídicos" tenían una cosa en común: el sistema mundial de Estados e instituciones no estaba dispuesto a buscar un conjunto particular de hechos y responder eficazmente a lo que muchas personas calificadas cree que es una gran injusticia. En este sentido, hubo una intensa motivación ética y política detrás de estas iniciativas de la sociedad civil, que invoca la autoridad del derecho. Pero estas iniciativas realmente califican como "derecho"? Una respuesta a esta pregunta depende de si los procedimientos formales de los estados soberanos y de sus descendientes indirectos (las instituciones internacionales) constituyen un monopolio de la administración legal de la justicia. Yo me pondría al lado de los que creen que las personas son la fuente última de autoridad legal y que tienen el derecho de actuar por su cuenta cuando los procedimientos gubernamentales, como en estas situaciones, están tan inhibidos por la geopolítica que no tienen en cuenta violaciónes graves del derecho internacional .
Más allá de esto, no deberíamos descuidar el registro documental elaborado por estas iniciativas de la sociedad civil que operan con escasos recursos. Sus denuncias casi siempre muestran una comprensión objetiva de la evidencia disponible y la legislación aplicable, aunque a diferencia de los procedimientos gubernamentales, esta evaluación es efectivamente realizada antes de la apertura de los procedimientos.
Esta es la garantía de un avance contra la criminalidad que proporciona la motivación para hacer el esfuerzo organizacional y financiero necesarios para llevar esta iniciativa a un buen fin. Pero, ¿es el conocimiento anticipado de los resultados tan diferente de los procesos por crímenes de guerra bajo los auspicios del gobierno? Acusaciones se han hecho en casos de crímenes de guerra de alto perfil, sólo cuando la evidencia de la culpabilidad es abrumadora y decisiva, y el resultado de la decisión es conocido como una cuestión de seguridad virtual antes de comenzar el proceso.
En ambos casos, el tribunal no está realmente tratando de determinar la culpabilidad o inocencia, sino que más bien tiene la intención de aportar las pruebas y el razonamiento que valida e ilumina un veredicto de culpabilidad, las recomendaciones resultantes y la sanción penal. Es por supuesto imposible, para los tribunales de la sociedad civil, para hacer valer sus resultados en el sentido convencional. Su reto es más bien el de difundir el juicio tan amplia y eficazmente como sea posible. Una publicación del Tribunal Permanente de los Pueblos a veces puede llegar a ser sorprendentemente influyente, dada la amplia base de hechos que presenta al llegar a su veredicto. Este fue el caso en la generación de activismo de oposición en las Filipinas en la década de 1980 durante los últimos años del régimen de Marcos.
El legalismo del KLWCT
El KLWCT tiene identidad propia. Tiene la marca de un influyente ex mandatario en el país donde se reunió el tribunal, dando a la empresa en su conjunto un carácter cuasi-gubernamental. También se tuvo en cuenta la amplia campaña de Mahathir contra la guerra en general. El tribunal estaba compuesto por cinco destacados juristas, impartiendo un sentido adicional de profesionalismo. El juez principal fue Abdel Kadir Salaiman, un ex juez de la corte federal de Malasia. Otras dos personas que se anunciaron como jueces fueron recusados al inicio del proceso, debido a un sesgo supuestamente relacionados con su participación previa en un proceso similar, y otra debido a una enfermedad. También hubo un equipo de defensa competente, que presentaron argumentos intentando exonerar a los acusados Bush y Blair, aunque la calidad de los argumentos jurídicos que ofrecieron no resultó tan convincente.
El tribunal operó en estricta conformidad con un estatuto aprobado previamente por la KLWCC, e impartió un tono legalista al proceso. El legalismo es el rasgo más distintivo de la KLWCT, a diferencia de empresas similares que se basan más en una aplicación no profesional y flexible de la ley por personalidades de reconocida autoridad moral y culturalmente importantes, que no pretenden estar familiarizados con procedimientos legales y detalles de derecho sustantivo. En este sentido, el Tribunal de la Guerra de Iraq (IWT), reunido en Estambul en 2005, fue más característico. Se pronunció sobre la ley y formuló recomendaciones sobre una base política y moral orientada por la valoración de pruebas hecha por un jurado de conciencia. El tribunal fue presidido por el aclamado escritor y activista indio, Arundhati Roy, y estuvo compuesto por personas con notables logros públicos, pero sin pretensiones de tener un conocimiento experto de la ley pertinente, a pesar de que los numerosos testimonios de expertos en derecho internacional dieron un apoyo a las alegaciones de criminalidad. Además, a diferencia del KLWCT, el IWT no hizo ninguna pretensión de permitir una defensa de los cargos.
Tribunales de conciencia, o de ley?
Se plantea entonces la cuestión de la jurisprudencia populista en cuanto a si la "conciencia" o la "ley" es el aspecto preferido y más influyente para este tipo de iniciativas no gubernamentales. En ninguno de los casos los medios de comunicación de orientación estatísta hicieron una pausa para brindar atención, incluso atención crítica. En este sentido, sólo las fuerzas populistas democráticas con una visión cosmopolita encontrarán resultados, como los movimientos notables de Kuala Lumpur hacia el establecimiento de lo que Derrida llama la "democracia por venir". El que estas fuerzas se convertieran en numerosas y suficientemente ruidosas, sigue siendo incierto. Un camino posible para obtener una mayor influencia sería hacer usos más imaginativos de los potenciales de las redes sociales para informar, explicar, educar y persuadir.
Esta última sesión del Tribunal de Crímenes de Guerra de Kuala Lumpur, ofrece una crítica devastadora de los fracasos persistentes de los mecanismos de derecho penal internacional para asumir la responsabilidad de administrar justicia con justicia, es decir, sin los filtros de impunidad proporcionado por las existentes jerarquías de poder duro.
Richard Falk es Profesor Emérito del Albert G. Milbank of International Law en Princeton University y Visiting Distinguished Professor en Global and International Studies en University of California, Santa Barbara. Ha sido autor y ha editado numerosas publicaciones por cinco décadas. Recientemente editó el volumen, International Law and the Third World: Reshaping Justice (Routledge, 2008).
Actualmente se desempeña como Reportero Especial de las Naciones Unidas para los derechos humanos Palestinos.
http://www.aljazeera.com/indepth/opinion/2011/11/20111128105712109215.html
Un tribunal de crímenes de guerra en Malasia ofrece una devastadora crítica de las instituciones internacionales de derecho penal en la actualidad.
Tras dos años de investigación por parte de la Comisión de Crímenes de Guerra de Kuala Lumpur (KLWCC), un tribunal (el Tribunal Penal de Crímenes de Guerra, o KLWCT) integrada por cinco jueces, llegaron a un veredicto unánime que encontró a George W Bush y Tony Blair culpables de crímenes contra la paz, crímenes de lesa humanidad y genocidio, como resultado de su participación en la guerra de Irak.
El procedimiento se llevó a cabo durante cuatro días, del 19 al 22 de noviembre, e incluyó la oportunidad para que los abogados defensores de oficio ofrecieran sus argumentos al tribunal y pruebas a favor de los acusados ausentes. Los acusados habían sido invitados a asumir su propia defensa o a enviar un representante, pero se negaron a hacerlo. El equipo de la fiscalía fue dirigido por dos destacadas personalidades jurídicas con fuertes credenciales en derecho: Gurdeal Singh Nijar y Francis Boyle. El veredicto emitido el 22 de noviembre de 2011 coincide con el 48 aniversario del asesinato de John F. Kennedy.
El tribunal reconoció que su veredicto no resulta normalmente aplicable en la forma asociada a un tribunal penal que opera dentro de un Estado soberano o constituido por acuerdo internacional, como es el caso de la Corte Penal Internacional. Sin embargo, a través del procedimiento jurídico el KLWCT pretendió funcionar de manera legalmente responsable. Esto puede dotar sus conclusiones y recomendaciones, con un peso legal que se prevé, se extienden más allá de una condena moral de los acusados.
El KLWCT añadió dos "órdenes" a su sentencia emitida de conformidad con la Carta de las KLWCC que controlaba el marco de funcionamiento del tribunal: 1) Un informe de los resultados de la culpabilidad de los dos acusados a los ex jefes de Estado y a la Corte Penal Internacional de La Haya, y 2) La subscripción de los nombres de Bush y Blair en el registro de criminales de guerra que mantiene el KLWCC.
El tribunal también añade una serie de recomendaciones en su veredicto: 1) Un reporte de los resultados del informe de acuerdo con la Parte VI (que pide la rendición de cuentas futuras) de la Sentencia de Nuremberg de 1945, frente a los crímenes de los líderes políticos sobrevivientes y los militares de la Alemania nazi, 2) La radiciación del archivo de genocidio y crímenes contra la humanidad en la Corte Penal Internacional en La Haya, 3) El planteamiento en la Asamblea general de la ONU de aprobar una resolución que exige a los Estados Unidos ponga fin a su ocupación de Irak, y 4) Comunicar los resultados obtenidos por el tribunal a todos los Estados miembros del Estatuto de Roma (que regula la Corte Penal Internacional) y a todos los Estados que afirman la jurisdicción universal, en cuanto que autorizan el juzgamiento de crímenes internacionales por tribunales nacionales, y 5) Instar al Consejo de Seguridad a asumir la responsabilidad de asegurar que los derechos de soberanía plena residen en el pueblo de Irak y que la independencia de su gobierno sea protegida por una fuerza de paz de la ONU.
La campaña anti-guerra de Mahathir Mohamed
Estas iniciativas de la sociedad civil legal son el resultado de un proyecto a largo plazo realizado por el polémico ex jefe de Estado de Malasia, Mahathir Mohamed, de desafiar el militarísmo americano y movilizar a los países del Sur para organizar una lucha frontal contra el sistema de guerra .
Esta visión de lucha contra la guerra y contra el imperialismo post-colonial fue establecido integralmente en el notable discurso de Mahathir contra la guerra del 24 de febrero de 2003, cuando el ministro daba la bienvenida al Movimiento de Países No Alineados en Kuala Lumpur para su XIII Cumbre.
Incluidos en su discurso en esta ocasión fueron las siguientes afirmaciones que prefiguran la creación de la KLWCC y KLWCT:
"La guerra debe ser declarada ilegal. Eso tendrá que ser nuestra lucha, por ahora. Debemos luchar por la justicia y la libertad de la opresión, de la hegemonía económica. Sin embargo, debemos eliminar la amenaza de la guerra en primer lugar. Con esta espada de Damocles sobre nuestras cabezas no podemos tener éxito en la promoción de los intereses de nuestros países. La guerra por lo tanto, debe ser ilegal. La aplicación de este principio debe haceerse por las fuerzas bajo el control multilateral de las Naciones Unidas. Ninguna nación debería asumir el papel de policía del mundo, mucho menos para decidir qué acción tomar, [y] cuando ".
Mahathir dijo claramente en esa ocasión que su intención en la criminalización de la conducta de hacer la guerra agresiva y de lesa humanidad era llevar ayuda a los pueblos víctimas - con especial referencia a los iraquíes, que estaban a punto de ser atacados un par de semanas más tarde, y los palestinos, que había sufrido el despojo en masa y una ocupación opresiva. Esta dedicación de Mahathir a un mundo sin guerra, se reafirmó a través de la creación de la Fundación Kuala Lumpur para Criminalizar la Guerra, y en el discurso inaugural de apertura de la Conferencia de Criminalización de la Guerra, el 28 de octubre de 2009.
El 13 de febrero 2007 Mahathir pidió a la KLWCC que preparara un caso contra Bush y Blair, a quien hace responsable de librar una guerra de agresión contra Irak. Mahathir, un abierto crítico de la guerra de Irak y sus secuelas, sostuvo en el momento que existía una necesidad de un foro alternativo judicial de la CPI, que no estaba dispuesto a acusar líderes occidentales. Mahathir insistió en que ningún líder debe ser capaz de escapar de la responsabilidad por estos crímenes contra las naciones y los pueblos. Reconoció con ironía salvaje los límites de la iniciativa propuesta: "No podemos arrestarlos, no podemos detenerlos, y no podemos colgarlos en la forma en que ahorcaron a Saddam Hussein." Mahathir también sostuvo que, "Un castigo que muchos líderes temen, es pasar a la historia con cierta etiqueta adjunta... En los libros de historia deberían ser catalogados como criminales de guerra y este es el tipo de castigo que podemos imponerles ".
Con esta observación, Mahathir prefigura el registro KLWCC de criminales de guerra que tiene inscritos los nombres de los condenados por el KLWCT. ¿Importará? Este listado tendrá trascendencia en nuestro mundo?
En su declaración de 2007, Mahathir prometió que el futuro KLWCT, no sería "como el" tribunal canguro "que enjuició a Saddam". En verdad, la actuaciones judiciales contra Saddam Hussein fueron una farsa, excluyendo pruebas relevantes, obstaculizando la defensa significativa, y culminando con la ejecución grotesca y el descrédito. Saddam Hussein fue objeto de persecución por delitos varios contra la humanidad, así como por crímenes contra la paz, pero la formalidad de corrección que acompaña el juicio no puede ocultar el hecho de que este era un ejemplo vergonzoso de justicia de vencedores. Por supuesto, los medios de comunicación, en la medida en que se enteran de las iniciativas de la sociedad civil, condena precisamente con la misma retórica que Mahathir utilizó para atacar el juicio de Saddam, insistiendo en que el KLWCT es un "tribunal canguro" o un "circo". Los medios de comunicación occidentales, sin excepción, han pasado por alto este procedimiento en contra de Bush y Blair, considerandolo como irrelevante y una simple parodia legal, y brindando su atención a juicio simultáneo, respaldado por la ONU y adelantado por el Tribunal de Crímenes de Guerra de Camboya que enjucia sobrevivientes del Khmer Rouge acusados de comportamiento genocida en la década de 1970. Para los medios de comunicación globales, los auspicios hacen la diferencia.
Jurisdicción Universal.
El KLWCT no se produce en su totalidad en medio del vacío jurisprudencial. Desde hace tiempo se reconoce que los tribunales penales nacionales pueden ejercer jurisdicción universal por crímenes de Estado sin importar donde hayan acurrido, aunque por lo general sólo se procede si los individuos acusados se encuentran físicamente presentes ante el tribunal. En el derecho norteamericano, la Alien Tort Claims Act permite acciones civiles siempre que la jurisdicción personal de la parte demandada se obtenga por delitos como la tortura cometida fuera de los Estados Unidos.
El ejemplo más influyente fue la decisión Filartiga de 1980 que reconoció los daños y perjuicios ocasionados a una víctima de tortura en el Paraguay autocrático (Filártiga v. Peña 620 F2d 876). Es decir, hay una sensación de que los tribunales nacionales tienen la autoridad legal para procesar a individuos acusados de crímenes de guerra en cualquier parte del mundo. La teoría jurídica subyacente se basa en el reconocimiento de la limitada capacidad de los tribunales penales internacionales para imponer responsabilidad de una manera que no sea dictada por las prioridades geopolíticas y por el reflejo de una lógica de la impunidad. En este sentido, la jurisdicción universal tiene el potencial para generar un tratamiento de igual a igual, y se convierte en una gran amenaza para los Kissinger y Rumsfeld de este mundo, que han tenido que limitar los sitios a donde pueden viajar. Los Estados Unidos e Israel han utilizado su influencia diplomática para hacer retroceder la autoridad de la jurisdicción universal en Europa, especialmente en el Reino Unido y Bélgica.
Hasta cierto punto, el KLWCT está tomando un camino paralelo a la responsabilidad penal. No pretende tener la capacidad para ejercitar el castigo corporal, y están en juego sus pretensiones de eficacia en la publicidad, la educación y la justicia simbólica. Estas iniciativas se han llevado a cabo de vez en cuando, desde el Tribunal Russell de 1967 que trató las denuncias penales derivadas de la guerra de Vietnam, frente a la indignación pública y la ausencia de una respuesta adecuada de los gobiernos o de las instituciones de la sociedad internacional.
En 1976, la Fundación Lelio Basso de Roma estableció un Tribunal Permanente de los Pueblos que se generalizó en la experiencia de Russell. Se creía que había una necesidad urgente de llenar el vacío institucional en la administración de justicia alrededor del mundo, que surgió como resultado de la manipulación geopolítica y de los regímenes jurídicos de doble rasero. Durante las décadas siguientes, el PPT trató una serie de temas que van desde las denuncias de intervención estadounidense en América Central y la intervención soviética en Afganistán, hasta los derechos humanos en la dictadura de las Filipinas de Marcos, el despojo de las comunidades indígenas en el estado brasileño de Amazonas, y la negación del derecho de autodeterminación para el pueblo de Puerto Rico.
El precedente inmediatamente anterior del KLWCT, fue el Tribunal Mundial sobre Irak (WTI), celebrado en Estambul en 2005, que culminó con una serie de audiencias llevadas a cabo entre 2003 y 2005 sobre diversos aspectos de la guerra de Irak. Al igual que con KLWCT, este también se centró en la supuesta criminalidad de aquellos que se embarcaron en la guerra de Irak. En los Procedimientos adelantados por el WTI, se presentaron numerosos testigos expertos y se produjo una sentencia que condenó a Bush y Blair, entre otros, y llamó a una variedad de medidas de aplicación simbólica y social.
La Declaración del jurado de conciencia incluyó estos aspectos generales:
"La invasión y ocupación de Irak fue y es ilegal. Se ha demostrado que las razones dadas por los gobiernos de EE.UU. y el Reino Unido para la invasión y ocupación de Irak en marzo de 2003 eran falsas. Hay mucha evidencia que apoya la conclusión de que un motivo importante para la guerra era controlar y dominar el Medio Oriente y sus vastas reservas de petróleo como parte de la estrategia de EE.UU. por hegemonía mundial ... En la búsqueda de su agenda imperial, los gobiernos de Bush y Blair ignoraron descaradamente la masiva oposición a la guerra expresada por millones de personas de todo el mundo. Se embarcaron en una de las guerras más injustas, inmorales y cobardes de la historia. "
A diferencia de lo acurrido con el KLWCT, el tono y sustancia del resultado oficial de las conclusiones del WT, fue en sentido estricto más moral y político que jurídico, a pesar del marco legal de la investigación. Para ver una descripción completa puede verse, el Tribunal Mundial sobre Irak de Muge Gursoy Sokmen: Los Argumentos contra la Guerra (2008).
Justificando tribunales.
Dos semanas antes del KLWCT, una iniciativa similar en Sudáfrica consistió en examinar las denuncias de apartheid contra Israel en relación con la desposesión de los palestinos y la ocupación de una parte de la Palestina histórica (este fue el Tribunal Russell sobre Palestina, Sesión de Sudáfrica, 5 al 7 de noviembre de 2011).
Todos estos eventos "jurídicos" tenían una cosa en común: el sistema mundial de Estados e instituciones no estaba dispuesto a buscar un conjunto particular de hechos y responder eficazmente a lo que muchas personas calificadas cree que es una gran injusticia. En este sentido, hubo una intensa motivación ética y política detrás de estas iniciativas de la sociedad civil, que invoca la autoridad del derecho. Pero estas iniciativas realmente califican como "derecho"? Una respuesta a esta pregunta depende de si los procedimientos formales de los estados soberanos y de sus descendientes indirectos (las instituciones internacionales) constituyen un monopolio de la administración legal de la justicia. Yo me pondría al lado de los que creen que las personas son la fuente última de autoridad legal y que tienen el derecho de actuar por su cuenta cuando los procedimientos gubernamentales, como en estas situaciones, están tan inhibidos por la geopolítica que no tienen en cuenta violaciónes graves del derecho internacional .
Más allá de esto, no deberíamos descuidar el registro documental elaborado por estas iniciativas de la sociedad civil que operan con escasos recursos. Sus denuncias casi siempre muestran una comprensión objetiva de la evidencia disponible y la legislación aplicable, aunque a diferencia de los procedimientos gubernamentales, esta evaluación es efectivamente realizada antes de la apertura de los procedimientos.
Esta es la garantía de un avance contra la criminalidad que proporciona la motivación para hacer el esfuerzo organizacional y financiero necesarios para llevar esta iniciativa a un buen fin. Pero, ¿es el conocimiento anticipado de los resultados tan diferente de los procesos por crímenes de guerra bajo los auspicios del gobierno? Acusaciones se han hecho en casos de crímenes de guerra de alto perfil, sólo cuando la evidencia de la culpabilidad es abrumadora y decisiva, y el resultado de la decisión es conocido como una cuestión de seguridad virtual antes de comenzar el proceso.
En ambos casos, el tribunal no está realmente tratando de determinar la culpabilidad o inocencia, sino que más bien tiene la intención de aportar las pruebas y el razonamiento que valida e ilumina un veredicto de culpabilidad, las recomendaciones resultantes y la sanción penal. Es por supuesto imposible, para los tribunales de la sociedad civil, para hacer valer sus resultados en el sentido convencional. Su reto es más bien el de difundir el juicio tan amplia y eficazmente como sea posible. Una publicación del Tribunal Permanente de los Pueblos a veces puede llegar a ser sorprendentemente influyente, dada la amplia base de hechos que presenta al llegar a su veredicto. Este fue el caso en la generación de activismo de oposición en las Filipinas en la década de 1980 durante los últimos años del régimen de Marcos.
El legalismo del KLWCT
El KLWCT tiene identidad propia. Tiene la marca de un influyente ex mandatario en el país donde se reunió el tribunal, dando a la empresa en su conjunto un carácter cuasi-gubernamental. También se tuvo en cuenta la amplia campaña de Mahathir contra la guerra en general. El tribunal estaba compuesto por cinco destacados juristas, impartiendo un sentido adicional de profesionalismo. El juez principal fue Abdel Kadir Salaiman, un ex juez de la corte federal de Malasia. Otras dos personas que se anunciaron como jueces fueron recusados al inicio del proceso, debido a un sesgo supuestamente relacionados con su participación previa en un proceso similar, y otra debido a una enfermedad. También hubo un equipo de defensa competente, que presentaron argumentos intentando exonerar a los acusados Bush y Blair, aunque la calidad de los argumentos jurídicos que ofrecieron no resultó tan convincente.
El tribunal operó en estricta conformidad con un estatuto aprobado previamente por la KLWCC, e impartió un tono legalista al proceso. El legalismo es el rasgo más distintivo de la KLWCT, a diferencia de empresas similares que se basan más en una aplicación no profesional y flexible de la ley por personalidades de reconocida autoridad moral y culturalmente importantes, que no pretenden estar familiarizados con procedimientos legales y detalles de derecho sustantivo. En este sentido, el Tribunal de la Guerra de Iraq (IWT), reunido en Estambul en 2005, fue más característico. Se pronunció sobre la ley y formuló recomendaciones sobre una base política y moral orientada por la valoración de pruebas hecha por un jurado de conciencia. El tribunal fue presidido por el aclamado escritor y activista indio, Arundhati Roy, y estuvo compuesto por personas con notables logros públicos, pero sin pretensiones de tener un conocimiento experto de la ley pertinente, a pesar de que los numerosos testimonios de expertos en derecho internacional dieron un apoyo a las alegaciones de criminalidad. Además, a diferencia del KLWCT, el IWT no hizo ninguna pretensión de permitir una defensa de los cargos.
Tribunales de conciencia, o de ley?
Se plantea entonces la cuestión de la jurisprudencia populista en cuanto a si la "conciencia" o la "ley" es el aspecto preferido y más influyente para este tipo de iniciativas no gubernamentales. En ninguno de los casos los medios de comunicación de orientación estatísta hicieron una pausa para brindar atención, incluso atención crítica. En este sentido, sólo las fuerzas populistas democráticas con una visión cosmopolita encontrarán resultados, como los movimientos notables de Kuala Lumpur hacia el establecimiento de lo que Derrida llama la "democracia por venir". El que estas fuerzas se convertieran en numerosas y suficientemente ruidosas, sigue siendo incierto. Un camino posible para obtener una mayor influencia sería hacer usos más imaginativos de los potenciales de las redes sociales para informar, explicar, educar y persuadir.
Esta última sesión del Tribunal de Crímenes de Guerra de Kuala Lumpur, ofrece una crítica devastadora de los fracasos persistentes de los mecanismos de derecho penal internacional para asumir la responsabilidad de administrar justicia con justicia, es decir, sin los filtros de impunidad proporcionado por las existentes jerarquías de poder duro.
Richard Falk es Profesor Emérito del Albert G. Milbank of International Law en Princeton University y Visiting Distinguished Professor en Global and International Studies en University of California, Santa Barbara. Ha sido autor y ha editado numerosas publicaciones por cinco décadas. Recientemente editó el volumen, International Law and the Third World: Reshaping Justice (Routledge, 2008).
Actualmente se desempeña como Reportero Especial de las Naciones Unidas para los derechos humanos Palestinos.
http://www.aljazeera.com/indepth/opinion/2011/11/20111128105712109215.html
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