Los viajes de los torturadores

A.G. Noorani

Escritor y abogado establecido en Mumbai.

Publicado el 10 de Enero, 2015

Traducido por Luis Leaño

El ex presidente de Estados Unidos, George W. Bush, el ex vicepresidente Dick Cheney y el secretario de Defensa, Donald Rumsfeld, deberían pensarlo dos veces antes de embarcarse en viajes fuera de su país. Como lo advirtiera el profesor Stephen I. Vladeck de la American University de Washington,, "Si soy alguien implicado en el reporte sobre tortura, estaría pensando dos veces antes de viajar a Europa en el corto plazo."

Se refería a un documento y un famoso precedente. El Senado de Estados Unidos había publicado el informe de una investigación interna sobre las técnicas de interrogatorio de la CIA que establecen claramente que habían sido aprobadas por Bush, Cheney y Rumsfeld.

El precedente fue la detención del ex dictador chileno Augusto Pinochet en Gran Bretaña hace varios años, como consecuencia de una solicitud de extradición de un juez en España que trató de juzgarlo por los crímenes cometidos contra ciudadanos españoles en Chile cuando era su presidente. Fue acusado de practicar la tortura. En cuestión era la aplicabilidad de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes. Se define el delito en los términos más amplios para incluir "todo acto por el cual el dolor o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, se infligen intencionalmente a una persona", en forma autorizada o consentida por un funcionario público, entre otras cosas, para obtener información o una confesión.

Irónicamente, son los Estados Unidos quienes abrieron el camino para la 'jurisdicción universal'. Aún más, se une a los demás Estados para castigar a los torturadores, incluyendo a uno de nacionalidad extranjera, aún cuando el delito se haya cometido en territorio extranjero, una vez que el sospechoso "esté presente" en el propio territorio del Estado; siempre que la víctima haya sido un nacional y que se opte por no extraditar al delincuente a su país. El 24 de marzo de 1999, la Cámara de los Lores dictaminó (6-1) que Pinochet no tenía derecho a reclamar inmunidad de la jurisdicción de los tribunales ingleses.

El impacto de la decisión fue bien descrito por Philippe Sands en su libro Lawless World: "A nivel internacional, cada jefe de Estado ahora sabe que él o ella puede ser responsable de las consecuencias de los actos que violan masiva y sistemáticamente las leyes fundamentales de derechos humanos y las leyes penales internacionales. Déspotas y dictadores, de hecho cualquier persona que pudiera ser acusada de cometer crímenes internacionales, ahora viajará al extranjero con mucho más temor ".

Razón por la cual, no antes de que el Senado de Estados Unidos publicara el informe, el Alto Comisionado de la ONU para los derechos humanos, Zeid Ra'ad Zeid Al-Hussein, dijo en un comunicado oficial el mes pasado, que mientras daba la bienvenida a la publicación del informe del Senado, esperaba que el mismo daría lugar a la responsabilidad de los que la ordenaron, activaron o llevaron a cabo. "La convención no permite excepciones - ni los propios torturadores, ni los legisladores, ni los funcionarios públicos que definen la política o dan las órdenes."

Unos días más tarde, el fiscal jefe de la Corte Penal Internacional en La Haya, Fatou Bensouda, confirmó que estaba evaluando la información disponible sobre las "técnicas de interrogatorio mejoradas" de los militares de Estados Unidos. Más de 120 países se han sometido a la autoridad de ese tribunal. Cualquiera de ellos puede detener a un sospechoso de tortura y luego entregarlo a la Corte; especialmente si el país del que el sospechoso es ciudadano pone en evidencia su ausencia de interés en juzgarlo.

Los memorandos legales deshonestos de los abogados de la administración estadounidense en la justificación de la práctica de la tortura, por sí mismos acusan a Bush & Co. No hubieran sido manufacturados si la tortura no estuviera de moda.

Diligentemente opinaron que las convenciones internacionales no se aplicaban. Los abusos en Abu Ghraib y Guantánamo, incluyendo el submarino, siguieron practicándose inexorablemente.

Irónicamente, fueron los propios Estados Unidos quienes abrieron el camino para el establecimiento de la "jurisdicción universal". La Ley de Reclamación por Agravios contra Extranjeros de 1789 dice que "las cortes de distrito tendrán jurisdicción original para cualquier acción civil contra un extranjero por agravios solamente, cometido en violación del derecho internacional o de un tratado suscrito por los Estados Unidos", sin importar donde pudo haber tenido lugar la ofensa.

En 1980, la familia de un hombre paraguayo que habían sido torturado hasta la muerte, inició una acción civil contra el presunto autor mientras se encontraba físicamente presente en los Estados Unidos. Los demandantes mostraron otros casos contra autores de violaciones de derechos humanos cometidos en el extranjero.

Algunos casos se han presentado contra contratistas que prestan servicios de interpretación y de interrogatorio a los Estados Unidos en la prisión de Abu Ghraib en Irak, en relación con la tortura y los tratos inhumanos o degradantes, y contra Blackwater (un contratista militar privado), por supuestos crímenes de guerra en relación con el homicidio de civiles.

El precedente Pinochet resultó infeccioso. Un caso fue presentado en Bélgica contra ex primer ministro de Israel, Ariel Sharon, por su papel en la matanza de refugiados palestinos en el Líbano.

Como se dijo en el tribunal de Nuremberg, que juzgó a los líderes nazis por crímenes de guerra, "Los crímenes contra el derecho internacional son cometidos por hombres y no por entidades abstractas; y sólo castigando a las personas que cometen este tipo de delitos se pueden hacer cumplir las disposiciones del derecho internacional ".

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El original del artículo anterior puede revisarse en el siguiente enlace:
http://www.dawn.com/news/1156023/torturers-travels