Amargos contrastes

Por: Luis J. Leaño.

En el mundo profundamente contradictorio en el que vivimos, las incongruencias resultan a menudo ridículamente patentes. Según la portavoz de Unicef en Ginebra, Marixie Mercado, el número total de niños en situación de "malnutrición severa" en Somalia, Kenia y Etiopía alcanza ya la cifra de 2,3 millones de infantes. Esta organización internacional ha solicitado a sus miembros 1.900 millones de dólares para ayudar a estas naciones africanas a combatir la hecatombe humanitaria, pero de esa cantidad solo se ha financiado hasta la fecha menos de la mitad. La subsecretaria general para Asuntos Humanitarios de la ONU (OCHA), Valerie Amos, dijo que "Tenemos un agujero de 1.000 millones de dólares"  en una crisis que va para largo.

Por contraste, la guerra de Afganistán, que acaba de cumplir nueve años, le cuesta solamente a Estados Unidos, según diversos análisis del Congreso, 100.000 millones de dólares por año, siete veces el producto interno bruto de Afganistán. El costo, hasta 2010, de esa guerra y la de Irak, combinadas, ha sido de 1,1 billones de dólares, sin contar con los recursos invertidos por otras naciones de la coalición que mantienen tropas acantonadas en el país asiático con el solo propósito de combatir los talibanes.  Con lo que invierten los países poderosos del mundo en menos de un mes de operaciones militares, se aliviaría la crisis humanitaria de África, incluyendo la tarea de arrebatar 780.000 niños de las garras del hambre.

Si la política mundial se rigiera por parámetros de la sana lógica y  por la ausencia de hipocresía en la aplicación de los ideales consagrados en los manifiestos de derechos humanos, quizá viviríamos en un mundo más equitativo y por ende, menos violento. Pero es innegable que la inversión para aliviar la hambruna de decenas de miles de personas en el cuerno africano, no arroja los rendimientos financieros, ni políticos, ni territoriales que sirve la industria de las armas ni el plan de dominio sobre los recursos preciados del planeta. Este es apenas un ejemplo del esquema alrededor del cual gira nuestro mundo, en donde la muerte constituye un negocio más rentable que la preservación de la dignidad de la especie humana.

Los crímenes de Gadafi destacan un doble estándar en el mundo

Por Thomas Walkom

National Affairs Columnist

The Star.

Traducido por Luis J. Leaño.

La decisión de la Corte Penal Internacional de emitir una orden de arresto contra el dictador libio Muamar Gadafi ha animado a los que apoyan la guerra de la OTAN Que Gadafi es ahora oficialmente buscado por crímenes contra la humanidad aumenta la credibilidad de aquellos que, como el primer ministro, StephenHarper, lo quieren depuesto a la fuerza.

Pero la decisión del lunes adoptada por un panel de jueces en La Haya, también pone de relieve una tendencia preocupante en el sistema de justicia internacional. Sin duda, muchos líderes mundiales incurren en lo que la Corte Penal Internacional define como crímenes de lesa humanidad. Sin embargo, sólo los perdedores y los extraños son llamados a rendir cuentas.

Los poderosos, y aquellos amparados por los poderosos, nunca tienen que afrontar las consecuencias.

Gadafi es un ejemplo clásico. Durante sus 42 años de gobierno, ha sido tratado por el Oeste como un chiflado, un terrorista, un paria, un fiel aliado en la guerra contra el terror y como un paria de nuevo.

Cuando Gadafi era amigo oficial de Occidente, todos sus pecados- incluyendo su papel en el atentado de Lockerbie en 1988 - fueron perdonados. El hecho de que hubiera encarcelado o liquidado disidentes, se pasó por alto.

Cuando Gadafi era amigo oficial, nadie pidió a la Corte que lo investigara. No se crearon tribunales especiales.

Es revelador que la actual acusación de la CPI sólo incluya los nombres del dictador, su hijo y su jefe de inteligencia militar. Otros incondicionales desde hace mucho tiempo , como sus ministros de interior, justicia y Relaciones Exteriores, han recibido pases libres- no porque sus manos estén necesariamente limpias, sino porque cambiaron de bando para unirse a los rebeldes respaldados por Occidente.

Los crímenes de Gadafi, de acuerdo con la Corte Penal Internacional, son de dos tipos. En primer lugar se le acusa de establecer un sistema que resultó en la muerte de manifestantes civiles. En segundo lugar se le acusa de perseguir a un grupo identificable - sus adversarios políticos - para encarcelarlos.

La hipocresía de acusar a Gadafi sin tener en cuenta las tácticas más represivas del dictador sirio Bashar al-Assad, es obvia. Assad es considerado útil para Occidente. Gadafi no lo es.

Una ironía añadida es que uno de los países que denuncia los crímenes de Gadafi, los Estados Unidos, no reconoce la jurisdicción de la Corte Penal Internacional (un dudoso honor compartido por Rusia, China, Arabia Saudita, Israel - y Libia).

Pero los cargos también plantean cuestiones importantes sobre la capacidad de los gobiernos para hacer frente a disturbios internos. ¿En qué punto la represión de los disturbios civiles se convierte en persecución? Son las acciones de Rusia en Chechenia, o de India en Cachemira , o de China en el Tíbet, o de Israel en los territorios ocupados, crímenes contra la humanidad? Si no, ¿por qué no?

La justicia internacional ha sido atenuada por la política. Después de la Segunda Guerra Mundial, fue fácil condenar a los líderes nazis por librar una guerra ilegal. Ha resultado más difícil procesar al ex presidente de EE.UU. George W. Bush por el mismo delito.

En el año 2001, el líder serbio Slobodan Milosevic fue llevado apropiadamente ante un tribunal especial de las Naciones Unidas para hacer frente a la justicia por su papel en el caos de Yugoslavia. Pero los líderes de la OTAN (incluyendo a Jean Chrétien de Canadá), que sin autorización de la ONU declararon la guerra ilegal en Serbia, no lo fueron.

El establecimiento de la Corte Penal Internacional en 2002 dio la esperanza de  que este doble estándar pudiera cambiar. Hasta el momento no es así. Los líderes mundiales desaprobaron a Gadafi por sus prácticas odiosas. Pero no dicen nada acerca de la decisión de Bush de autorizar la tortura a nivel doméstico. Ni de castigar al sucesor de Bush, Barack Obama, por continuar externalizando la tortura en ultramar.

En cambio, la CPI se concentra en las figuras del Tercer Mundo que ya no tienen amigos. Ciertamente, estos matones de poca monta deben rendir cuentas. Pero también lo deben hacer los grandes.

http://www.thestar.com/news/canada/politics/article/1016257--walkom-gadhafi-s-crimes-highlight-the-world-s-double-standard

Tunez se convierte en la primera nación norte- africana en adherirse a la CPI.

24 Junio 2011 – 

Tunez se convirtió hoy en la primera nación del norte de Africa en unirse a la Corte Penal Internacional y en el país número 116 del tratado que establece la primera corte permanente del mundo encargada de procesar individuos acusados de genocidio, crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra.                                                                              

A principios de este año, el país fue testigo de un levantamiento popular - el primero de muchos en todo el norte de África y Oriente Medio, para pedir reformas democráticas - que eliminó el régimen de larga data de Zine El Abidine Ben Ali.

La revolución de Túnez fue aclamada por el Secretario General Ban Ki-moon como la chispa que encendió "los cambios profundos y dramáticos" que sacuden al mundo árabe.

En declaraciones dadas hoy con ocasión del depósito de Túnez de su instrumento de adhesión al Estatuto de Roma, el Sr. Ban dijo que, como la primera nación del norte de África en convertirse en parte de la CPI, Túnez ha demostrado un fuerte liderazgo en la lucha común para acabar con la impunidad.

La Corte Penal Internacional, con sede en La Haya fue creada en 2002 después de que el Estatuto entró en vigor ese año, cuando obtuvo un total de 60 ratificaciones. La corte investiga  actualmente seis situaciones: Uganda, República Democrática del Congo (RDC), la región de Darfur en el oeste de Sudán, la República Centroafricana (CAR), Kenya y Libia.

El Fiscal de la Corte también ha solicitado autorización para iniciar una investigación en Costa de Marfil habida cuenta de las denuncias de abusos cometidos después de la segunda vuelta electoral celebrada el pasado mes de noviembre.

http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=38841&Cr=international+criminal+court&Cr1=

Justicia Paquidérmica

Por Marcos Peckel

El Espectador.

A 30 años de prisión fue condenado el general Augustin Bizimungu, comandante del ejército de Ruanda, durante el genocidio de 1994 cuando, en el lapso de 100 días, 800 mil miembros de la etnia tutsi fueron masacrados, muchos a machete, por órdenes del gobierno hutu, en lo que se ha constituido en el más atroz crimen desde la Segunda Guerra Mundial.

El tribunal especial para Ruanda, al igual que sus pares para la antigua Yugoslavia y Camboya, creados por resoluciones del Consejo de Seguridad, han proferido sentencias ejemplarizantes contra algunos responsables de matanzas, masacres y genocidios ocurridos en esos países, en una instancia donde la justicia internacional ha operado medianamente bien, a pesar de que varios de los criminales aún están sueltos.

Lo que sí parece no arrancar es la Corte Penal Internacional (CPI), establecida con fanfarria, en 2002 como organismo permanente de justicia internacional, una vez el estatuto de Roma fue ratificado por 60 países. Genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra son los delitos bajo jurisdicción de la CPI, la cual puede iniciar una investigación si ésta es referida por el Consejo de Seguridad o por una país miembro. Además el fiscal de la CPI, el mediático argentino Luis Moreno Ocampo, puede motu proprio iniciar una investigación, siempre y cuando tenga la aprobación de un panel de jueces. Contrario a la Corte Interamericana de Derechos Humanos que juzga a los estados, la CPI juzga únicamente individuos.

A la fecha no hay un solo condenado por la CPI, a pesar de que desde 2002 se han cometido incontables crímenes que claramente caen dentro de su competencia. Sólo hay seis casos en proceso, todos africanos, siendo el más visible el del presidente de Sudán, Omar al Bashir, acusado por el genocidio de Darfur, quien continúa en su cargo y viajando tranquilo por varios países que se rehúsan a entregarlo a la Corte.

Hace unos días el Consejo de Seguridad remitió a la CPI el caso del líder libio Muamar Gadafi y su hijo. Brillan por su ausencia el presidente y generales de Sri Lanka, responsables del asesinato de miles de civiles en la etapa final de la guerra en ese país, y habrá que ver si el presidente sirio, Bashar al Assad, o el yemení, Alí Abdullah Saleh, que han matado a centenares de manifestantes, sean conducidos algún día al banquillo de los acusados en la CPI.

Siendo el Consejo de Seguridad el principal remitente, muchos casos no llegarán nunca a la CPI, por consideraciones políticas. La CPI podría estar convirtiéndose en otra inoperante institución del sistema internacional donde naufragan las expectativas de justicia de millones de víctimas.